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Enemigos políticos, socios comerciales

A pesar del discurso oficial de sus líderes, EE UU, Venezuela, Nicaragua y Bolivia mantienen fuertes lazos

El 20 de septiembre de 2006, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tuvo la sensación de que en el edificio de Naciones Unidas olía a azufre. "El diablo está en casa. Ayer el diablo vino aquí", espetó el líder venezolano refiriéndose al presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Antes lo había llamado tirano y genocida. Tampoco Bush, si bien no tan explícito como su homólogo, ha sido muy amable con Chávez. Pero mientras ambas Administraciones se lanzan algaradas, increpan y acusan de acabar con la estabilidad en el mundo o en Latinoamérica, millones de dólares y de barriles de crudo se mueven de norte a sur del continente. A la hora de hablar de negocios, el pragmatismo se impone a lo ideológico.

Nunca fueron tan hostiles las comunicaciones entre Washington y Caracas, y nunca tan buenos los negocios. La relación comercial de Estados Unidos y Venezuela es inversamente proporcional a la diplomática que mantienen los inquilinos del Palacio de Miraflores y el de la Casa Blanca, al menos hasta que George W. Bush la abandone definitiva. La prueba de que ambos países intercambian algo más que insultos es que Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial de Venezuela y éste el segundo proveedor de petróleo para Estados Unidos entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Cuando el 10 de febrero de este año, el presidente venezolano, Hugo Chávez, amenazó con no vender "ni una gota de petróleo a Estados Unidos" no debía de hablar muy en serio. A lo largo de toda su Administración, los envíos de crudo han sido puntuales. Y aunque a día de hoy es levemente inferior el número de barriles exportados a EE UU con respecto al promedio de barriles vendidos en 2001, antes de que estallara el primer enfrentamiento diplomático entre Caracas y Washington, actualmente es mayor la dependencia de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hacia las compras de empresas norteamericanas, en términos porcentuales.

En agosto de 2008, Venezuela vendió al mercado norteamericano (a Estados Unidos) 1,3 millones de barriles al día, un 72% del volumen de crudo que destina el país a la exportación, según cifras de la OPEP; PDVSA produce 2,4 millones de barriles de petróleo diarios, de los cuales 1,8 millones se venden en el mercado externo. En cambio, en agosto de 2001, cuando el Gobierno de Bush llamó a consultas a su embajadora en Caracas por primera vez, PDVSA vendió a EE UU 1,5 millones de barriles diarios. En aquella época, las ventas a EE UU representaban 68% de su volumen de exportación.

Venezuela se ha convertido en el segundo proveedor más importante de petróleo para Estados Unidos entre los países miembros de la OPEP, y el cuarto más importante -después de Canadá, México y Arabia Saudí- de los 73 países que han vendido crudo a ese país durante 2008. El cálculo de la Oficina de Censos de Estados Unidos (US Census Bureau) es que, sólo en 2008, las exportaciones de petroleras de PDVSA hacia Estados Unidos han generado un ingreso de 42.517 millones de dólares para Venezuela. El Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela, sin embargo, ha intentado encontrar nuevos compradores que le ayuden a prescindir de sus clientes gringos, pero sólo los campos de refino del norte parecen estar capacitados para procesar el crudo pesado venezolano.

Otro vínculo bilateral difícil de romper son las importaciones de bienes y servicios estadounidenses por parte de Venezuela. El Instituto Nacional de Estadísticas de Caracas estima que el 26% de los productos importados que se consumen en el país provienen de Estados Unidos. Durante 2007, las compras de Venezuela en el exterior sumaron más de 48,5 millones de dólares, de los cuales 10,1 millones fueron a parar a las arcas de Estados Unidos. Es una suma que casi duplica los 5,3 millones de dólares en bienes que compró Caracas a Washington en 1999, cuando Hugo Chávez se estrenó en el Gobierno.

El rubro de importación que más creció el año pasado fue el de los alimentos. Una crisis de desabastecimiento obligó al Gobierno venezolano a comprar en Estados Unidos más comida de la acostumbrada. Los mercados populares se llenaron entonces con toneladas de arroz de la marca Gulf Pacific, de frijoles negros Trinidad Benham Corporation y de leche en polvo de la Cal Western Packaging Corporation, que fueron vendidos al pueblo a precios solidarios. La teoría de Miraflores era que el mismo "imperio" había propiciado el desabastecimiento de comida en Venezuela con la intención de desestabilizar al Gobierno de Hugo Chávez. Y la conspiración había que desmontarla como fuera.

La fractura social que desde el pasado día 9 invade Nicaragua después de unas elecciones municipales que la oposición a los sandinistas ha tachado de fraude, ha hecho saltar las alarmas en la Embajada de Estados Unidos. El embajador en Managua, Robert Callahan, ha advertido que su país revisará la cooperación con Managua ante las "serias dudas" sobre la transparencia de los comicios. Las declaraciones de Callahan se han considerado un aviso a la hora de recortar una ayuda que se estima alcanza los 40 millones de dólares anuales.

Desde que Ortega asumió el poder por segunda vez, el 10 de enero de 2007, ha desarrollado con los Gobiernos donantes lo que los analistas denominan "la diplomacia del garrote y la zanahoria!". Por un lado, los ha calificado de neocolonialistas, "moscas que se paran en la inmundicia". Incluso ha llegado a calificar la ayuda europea y de Estados Unidos de "minucia". Pero una vez más, el pragmatismo se impone a la ideología, ya que Ortega no ha renunciado en ningún momento a esa ayuda y tampoco ha dudado en extender la mano para pedir financiación para diversos programas gubernamentales.

El economista Adolfo Acevedo Volg, miembro de la Coordinadora Civil, estima en 561,9 millones de dólares al año la cooperación que llega a Nicaragua, el 14.3% del producto interior bruto del país. El 75% de la inversión pública (construcción de puentes, carreteras, escuelas y hospitales) es financiado con el dinero que entra al Presupuesto General de la República de manos de los cooperantes.

La tensión, cuando menos verbal, entre Estados Unidos y Nicaragua y el nuevo mandato del sandinista Ortega llegaron de la mano. En febrero de 2007, Daniel Sullivan, secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y de Negocios de Estados Unidos visitó Nicaragua al tiempo que Ortega anulaba la concesión de explotación geotérmica a la firma Polaris Energy Nicaragua, retirada en medio de las revisiones que realizaba el Gobierno sobre la privatización del sector energético en la década de 1990.

Meses más tarde, el presidente nicaragüense criticó la Cuenta Reto del Milenio, uno de los proyectos de cooperación más importantes de Estados Unidos en Nicaragua, pero cuya importancia Ortega minimizó. El proyecto cuenta con un financiamiento de 175 millones de dólares que se desembolsarán en cinco años para la construcción de carreteras, caminos, puentes y entrega de títulos de propiedad en los departamentos de Chinandega y León, al oeste del país.

Fuentes ligadas a la cooperación estadounidense afirman que la Cuenta Reto del Milenio es uno de los proyectos que está en riesgo si Estados Unidos decide suspender parte de la ayuda que entrega a Nicaragua. Otros programas que se verían recortados son la ayuda que Washington da al Ejército, el apoyo a programas de gobernabilidad y democracia y la ayuda social que se entrega a través de la USAID.

Estados Unidos, que compra el 30% del total de exportaciones de Nicaragua, ha manifestado el interés de mantener relaciones de cooperación con el Gobierno de Ortega, a pesar de las diferencias que hubo en la década de 1980, durante el primer Gobierno sandinista, cuando Nicaragua se enfrentó al bloqueo comercial y una política agresiva por parte de Washington. Pero el Gobierno estadounidense nunca ha visto con buenos ojos al viejo guerrillero.

Uno de los mayores pulsos ideológicos de Nicaragua, que en 2006 firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, ha sido unirse a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), el proyecto de integración continental financiado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, amigo de Ortega y principal patrocinador de los programas gubernamentales. Ortega dijo a mediados de año que la ayuda venezolana asciende a 500 millones de dólares, cifra que de ser cierta convertiría al Gobierno suramericano en el principal donante de Nicaragua.

Mientras los dimes y diretes continúan, lo cierto es que en Managua aún crea cierta inquietud las declaraciones de Callahan tras las elecciones del 9 de noviembre: "Mi país se reserva la opción de revisar, evaluar, y examinar el nivel de nuestra cooperación. Nuestro apoyo internacional depende de los resultados de las elecciones", afirmó el diplomático.

Al igual que ocurre con Hugo Chávez y Daniel Ortega, al presidente de Bolivia, Evo Morales, le entusiasma proclamar su espíritu "antiimperialista" allá donde va. Sin embargo, al presidente del tercer país productor de coca del mundo, después de expulsar a la agencia antidrogas de Estados Unidos de su territorio, ha pedido esta misma semana en Washington que no se le excluya de la ATPDEA, las preferencias arancelarias que otorga a los países que ayudan a la lucha contra el narcotráfico. Es decir, que permite exportar productos sin tener que pagar por ello impuestos en las aduanas.

Además de la coca, el estaño forma parte intrínseca de las relaciones que, desde hace más de 160 años, mantienen Bolivia y Estados Unidos, con altibajos siempre, aunque no a los extremos actuales.

Desde el pasado mes de septiembre, el presidente Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg; ha suspendido el programa de cooperación al desarrollo, y paralizó las actividades de la DEA y la CIA. Todos los organismos han sido acusados de conspirar contra su Gobierno.

Las consecuencias no se han hecho esperar. El primer resultado del antagonismo ideológico es que ha afectado las relaciones comerciales con uno de los mayores mercados a los que este pequeño país puede acceder con preferencias arancelarias. La Administración Bush ha excluido a Bolivia de las preferencias arancelarias establecidas en el régimen de erradicación de drogas y la promoción del comercio andino (APTDEA, por sus siglas en inglés) y es incierto el futuro del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), ?que rige desde 1976 hasta el 31 de diciembre próximo?, el segundo de los tres programas de facilidades que otorga Estados Unidos. El tercero es el régimen de Nación Menos Favorecida (NMF), que permite el ingreso de materias primas libres de aranceles.

Un estudio comparativo de estas preferencias del experto Roberto Orihuela muestra que Bolivia ha exportado en el quinquenio 2002-2006 alrededor de 463 partidas arancelarias a Estados Unidos, otras 427 partidas a la Unión Europea, 211 a Argentina, 153 a Brasil, 58 a Colombia y 52 partidas a Venezuela, lo que refleja la importancia de los mercados estadounidenses. El 96% de las exportaciones bolivianas a Estados Unidos se ha beneficiado de uno de los tres sistemas preferenciales.

Las exportaciones de estaño, wolframio y otros minerales continúan llegando al mercado norteamericano con arancel cero bajo el régimen de NMF.

Las cifras del Banco Central de Bolivia señalan que, del total de exportaciones en el primer semestre de este año (3.836 millones de dólares, según cifras preliminares), un 24%. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior desglosa los destinos y los montos de la venta: Asia 550,68 millones de dólares; Europa, 227 y Estados Unidos, 212,4 millones de dólares hasta junio pasado. Los altos precios de las materias primas no significaron mayor incremento en la producción de materias primas bolivianas.

La producción de coca en Bolivia ha estado bajo la supervisión de Estados Unidos desde la firma, en la década de los ochenta, de un acuerdo gubernamental para apoyar la erradicación de los cultivos de la hoja en zonas no tradicionales como Chapare, donde Evo Morales y los sindicatos cocaleros resistieron largamente a la interdicción programada por el DEA y ejecutada por tropas de élite de la policía boliviana. La destrucción forzosa de cocales, con el pago a sus productores, fue sustituida por el desarrollo alternativo y el fomento de otros rubros en reemplazo de la economía de la coca de unas 30.000 personas.

Estados Unidos destinó un promedio de 30 millones de dólares al año para mantener la lucha antinarcóticos sobre la premisa de destruir la pasta de coca como materia prima en la fabricación de cocaína y otros 70 millones tanto para el desarrollo alternativo como para programas de salud, educación y dotación de servicios básicos en las áreas rurales y periurbanas para elevar la calidad de vida de los pobladores.

Entre 1995 y 2005, unos 1.400 millones de dólares llegaron a Bolivia para tareas del desarrollo. La cooperación de Estados Unidos comenzó en 1960 con el programa Punto IV, y no había dejado de lado su apoyo hasta la suspensión de la cooperación de la USAID, a mediados de este año.

Un tercer paso del programa de apoyo fue el de impulsar la producción agrícola para exportar cacao, plátano, piña, cardamomo, té y cebolla en las áreas rurales, y el fomento a talleres artesanales y manufacturas textiles en ciudades como El Alto, con índices dramáticos de pobreza y desempleo, para su exportación al amparo de las preferencias arancelarias del mercado estadounidense. Todo ello ha quedado en el aire.

Reportaje elaborado con información de Maye Primera, Carlos Salinas Maldonado y Mabel Azcui.