Quito sopesa la suspensión de pagos de todos los bonos Global
El president venezolano Hugo Chávez es garante de los bonos emitidos por Ecuador
El Gobierno de Ecuador estudia suspender el pago total de sus bonos Global tras el informe remitido por una comisión especial creada para investigar las condiciones en que se encuentra ésta. No obstante, la decisión podría tener inesperadas consecuencias políticas dado que el régimen de Hugo Chávez es garante de los bonos emitidos por Ecuador, de acuerdo con la financiera Barclays Capital citada por la agencia Bloomberg; podría verse obligado a desembolsar hasta 400 millones de dólares si la medida es finalmente aprobada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Correa y Chávez mantienen una gran afinidad personal y política y celebran reuniones regulares al menos una vez cada trimestre. Los analistas internacionales creen que el venezolano aconsejará a su par ecuatoriano que no suspenda el pago de la deuda. El Gobierno venezolano no ha querido pronunciarse hasta ahora sobre las condiciones en que garantiza los bonos ecuatorianos.
Hasta el momento, Quito ha dejado en suspenso el pago de 30,6 millones de dólares por intereses de los bonos Global 2012 y ha anunciado que estudiará hasta el próximo 15 de diciembre si paga esa cantidad o inicia juicios internacionales al considerarla irregular. Además sopesa dejar de pagar los bonos 2015 y 2030.
"Atraco millonario"
Pero de momento Ecuador no parece dispuesto a dejar pasar la cuestión. Hugo Arias, coordinador de la Comisión Especial de Auditoría de la Deuda Externa (CEA), designada por Correa, aseguró ayer que el endeudamiento externo de este país ha sido "un atraco millonario", por lo que habría argumentos suficientes para suspender pagos.
Al término de la auditoría, cuyos resultados se harán públicos el próximo jueves, Arias aseguró al diario El Universo que "más del 80% de la deuda corresponde a refinanciación y apenas el 20% a proyectos de desarrollo".
Al referirse a las irregularidades que encontró la CEA en el endeudamiento contraído durante los últimos 30 años, Arias subrayó que el proceso "nunca correspondió a los intereses del país sino de los acreedores, porque ellos manejaron procedimientos ilegales en unos casos e ilegítimos en otros, y todos perversos".
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