El Constitucional boliviano ordena suspender el referendo revocatorio
Esta decisión supone un fuerte varapalo al proyecto indigenista de Evo Morales y un triunfo para las autonomías ricas que cuestionan su poder.- El Gobierno piensa seguir con la consulta y ha acusado de prevaricación al TC
Las provincias rebeldes bolivianas se han apuntado un triunfo frente al Gobierno de Evo Morales. Este martes, madrugada del míercoles en España, el Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia ha ordenado a la Corte Nacional Electoral (CNE) que suspenda la organización del referendo para la revocación o rafiticación del mandato del presidente Evo Morales, el de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y el de los gobernadores regionales, convocado por el Gobierno para el 10 de agosto.
La organización del referendo fue anunciada por Morales el pasado mes de mayo, cuando dijo que este procedimiento otorga al pueblo no solamente derecho a elegir, sino también "el derecho a revocar el mandato de quienes no sirven o no atienden" las demandas populares. Con el plebiscito, Morales intenta salir de la complicada situación política a la que se enfrenta, con la fuerte oposición de los gobernadores de los cuatro departamentos ricos y autonomistas (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), y con unas cada vez más tensas relaciones con el departamento de Chuquisaca.
En caso de salir victorioso del referendo, Evo Morales tendría el camino libre para retomar la aprobación de la polémica Constitución indigenista, adoptada el pasado diciembre en el interior de un cuartel y con la única presencia de los diputados del partido del presidente, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las provincias opositoras, entre ellas Santa Cruz, la más rica en yacimientos de hidrocarburos del país, han celebrado y ganado consultas polupares de autonomía entre los meses de mayo y junio mediante los que han aprobado un ordenamiento paralelo al del Gobierno central, que sitúa, entre otras cosas, las riquezas naturales bajo exclusivo control local. Estos referendos sobre los estatutos autonómicos tampoco contaron con la aprobación del Constitucional boliviano, porque ya en abril la magistrada del alto Tribunal anunció que no tenían aval del TC, y por tanto no debían celebrarse.
La decisión del Tribunal Constitucional
Silvia Salame, la única magistrada del alto Tribunal en funciones, después de la renuncia de los otros cuatro miembros, ha comunicado que la decisión es consecencia de una demanda interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional. Ha explicado que puede firmar un decreto de esta naturaleza a pesar de ser la única firmante porque hay jurisprudencia al respecto.
Además de Unidad Nacional, al referendo revocatorio se oponen los gobernadores de seis de los nueve departamentos del país, que consideran que la ley con la que fue convocado favorece al presidente Evo Morales y les perjudica a ellos. Según dicha ley, el mandato de las autoridades se puede revocar si la votación en su contra es igual al porcentaje y el número total de votos obtenidos en los comicios de 2005, cuando estas autoridades fueros elegidas.
"La Corte Electoral tiene que abstenerse de continuar con el referendo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad", ha dicho la magistrada Salame, la única del Tribunal Constitucional tras las sucesivas renuncias de los otros cuatro miembros elegidos por el Parlamento.
La respuesta de Morales
La respuesta del Gobierno de Evo Morales ante la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia no se ha hecho esperar. "Es una cantinflada que nadie comprende de dónde salió. No se puede manosear a una institución como el Tribunal Constitucional", ha dicho el ministro de Defensa, Walker San Miguel, durante una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, y ha añadido que que la consulta seguirá adelante.
Además, San Miguel ha enfatizado que la decisión de Salame "mancilla incluso el honor de la abogacía" y ha añadido que el Gobierno presentará en su contra una "querella criminal por prevaricación" porque, a su juicio, no puede firmar un decreto de tal importancia de forma individual.
Por su parte, el ministro de Defensa Legal de Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, encargado de casi todos los asuntos legales del Gobierno de Morales, ha justificado la celebración del referendo del 10 de agosto asegurando que está amparado por una ley del Congreso, respaldada en el Senado por partidos de la oposición y el oficialismo.
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