'Guerra' en la justicia brasileña

La detención, la semana pasada, por parte de la Policía Federal brasileña del banquero Daniel Dantas, junto a otras 23 personas (entre ellas, el ex alcalde de São Paulo Celso Pitta), acusados de corrupción y de formar una "organización criminal", entre otros delitos, ha desencadenado una auténtica batalla en el seno de la judicatura, especialmente entre el presidente del Supremo, Gilmar Mendes, y el ministro de Justicia, Tarso Genro.

Dantas fue detenido por la Policía Federal en una gran operación anticorrupción que culminaba una investigación de cuatro años. 24 horas más tarde, el banquero fue liberado, después de que el presidente del Supremo aceptase un habeas corpus. Sin embargo, el juez federal Fausto Martin de Santis volvió a ordenar la prisión de Dantas y de nuevo el presidente del Supremo lo puso en libertad.

En la documentación de los archivos de Dantas requisados por la Policía Federal se afirmaba que lo que le preocupaba era el juicio de primera instancia, ya que él sabía cómo controlar las otras dos instancias judiciales superiores.

El presidente del Supremo criticó el hecho de que el banquero hubiese sido presentado en televisión esposado. El ministro de Justicia, tras alabar la acción de la Policía Federal, respondió que "la ley es igual para todos y las esposas son las mismas para pobres y ricos, para negros y blancos". Mendes, a su vez, replicó que el ministro Genro "no tiene competencia" para opinar en esta materia.

Los jueces y fiscales, por su parte, celebraron un acto en São Paulo para rendir homenaje al juez De Santis, que había vuelto a encarcelar a Dantas, aunque enseguida fue liberado de nuevo por el Supremo. "Este homenaje representa un grito de la magistratura, la gota de agua, ya que hoy no se juzgan los hechos, sino a los jueces", dijo De Santis, quién ya ha anunciado que volverá a encarcelar al banquero, a pesar de que, ya en libertad, puede huir u ocultar pruebas de su culpabilidad.

Un grupo de fiscales de todo Brasil ha redactado un documento para recoger firmas pidiendo un proceso de impeachment contra el presidente del Supremo por dejación de responsabilidad al haber liberado a un acusado de más de cinco delitos.

Los firmantes aún no han decidido si van a formalizar la petición de renuncia de Mendes ante el Parlamento, sobre todo porque, como el presidente del Senado, Garibaldo Alves, ha adelantado, la petición "no va a prosperar en el Senado".

Los fiscales, sin embargo, están dispuestos a recurrir a la presión de la opinión pública, que ya muestra una fuerte carga de indignación por el hecho de que, cada vez que la policía detiene a un político o a una persona de relevancia, la justicia lo pone enseguida en libertad, algo que no suele ocurrir con la gente de la calle.