Extradición, ¿premio o castigo?

Carlos Mario Jiménez -Macaco, como se le conoce en el mundo del hampa-, un carnicero colombiano que se convirtió en multimillonario empresario y jefe paramilitar, tiene a su país sometido a un pulso: el Gobierno de Bogotá insiste en extraditarlo a Estados Unidos, pero organizaciones de víctimas de la poderosa maquinaria paramilitar piden que se quede en Colombia para que cuente toda la verdad sobre sus más de 10.000 crímenes y los repare.

Las opiniones están divididas. Unos creen que el presidente, Álvaro Uribe, quiere entregarlo a los tribunales estadounidenses por temor a que revele lo que sabe. Lo dicho por los paras ante los tribunales de Justicia y Paz -el marco jurídico creado por el Gobierno colombiano para garantizar la desmovilización de más de 30.000 hombres iniciada en 2003- ha desvelado nexos entre políticos y militares. Por otro lado, se acusa a las víctimas de estar haciendo un favor al jefe paramilitar.

Cuando Macaco tenía prácticamente un pie en el avión de la DEA (agencia antidroga estadounidense) que lo iba a llevar al país del norte, una tutela interpuesta por un grupo de víctimas frenó la decisión; su extradición se pondrá en práctica sólo cuando cumpla su pena en Colombia.

Macaco, un hombre duro y hostil, empezó su vida delictiva haciendo recados para mandos medios del mundo de la droga, y llegó a comandar el Bloque Central Bolívar, que actuaba en siete departamentos y tenía más de 6.000 hombres. Dejó las armas, pero desde prisión continuó manejando los hilos de sus negocios de la droga; en septiembre pasado, 11 de sus hombres cayeron en un operativo de la Policía Antinarcóticos. Los que están a favor de la extradición argumentan que debe mantenerse como medio de castigo. Pero el proceso de desmovilización ha estado muchas veces en vilo por la exigencia de garantías de no aplicación de esta herramienta. "La mayor desprotección a las víctimas es no sancionar al victimario cuando ha reincidido", dijo el presidente Uribe.

Para Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reconciliación encargada de vigilar los derechos de los afectados, la no extradición "pondría en peligro" a las víctimas y a sus asociaciones, ya que daría a los paras patente de corso para seguir delinquiendo. Iván Cepeda, portavoz de la Asociación Nacional de Víctimas que interpuso la tutela, dice lo contrario: es conveniente que Macaco siga respondiendo ante los jueces y fiscales colombianos. Teme, con sobradas razones, que en EE UU el proceso se centre en el tema de la droga y deje de lado los crímenes de lesa humanidad. El juez español Baltasar Garzón comulga con esta posición.

"Nadie se opone a la extradición. La pregunta al Estado es: ¿cómo se garantiza a las víctimas que se conocerá la verdad y se restablecerán sus derechos?", dijo a este periódico Carlos Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas, una importante organización colombiana de derechos humanos.

¿A qué juega Macaco? Nadie lo sabe. Su abogado ha movido todos los hilos para evitar que su cliente sea llevado a Estados Unidos. Pero a la vez lo ha visitado en prisión una conocida abogada neoyorquina. ¿Está, como muchos paras, interesado en negociar con la justicia estadounidense? La ley de ese país permite importantes rebajas a cambio de información sobre secretos del mundo de la mafia, pero ¿cómo podría torear la presión de abogados y organizaciones de derechos humanos, que no van a cejar en su empeño de que pague por sus delitos atroces? Ya ha confesado 500 ante los fiscales. Lo único cierto es que Macaco, tanto si apuesta por permanecer en Colombia o por irse del país, es que no juega limpio.