El nuevo presidente de Bolivia anuncia un referéndum sobre la venta del gas
Carlos Mesa considera que la venta de gas a EE UU y México es "indispensable" para el país
El Congreso boliviano ha aceptado esta madrugada la renuncia del ya ex presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada, que renunció anoche al poder y huyó de La Paz. Tal como dispone la Constitución del país el legislativo ha designado en su lugar a su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert. En su discurso de toma de posesión Mesa ha prometido un referéndum vinculante sobre la exportación de gas, la cuestión que provocó las revueltas sociales que acabaron tumbando a su predecesor.
Pese a que el suyo, como ha anunciado, será un Gobierno de transición, durará lo necesario para llevar a cabo esa consulta popular, aunque constitucionalmente debería agotar el mandato de Lozada, que expira en 2007. No obstante, el nuevo presidente ya ha adelantado su postura en relación con el espinoso asunto del gas. Lejos de desmarcarse de la de su predecesor, Mesa considera que la venta de gas es "indispensable" para el país, sumido en una grave crisis económica desde 1999. "Bolivia no puede darse el lujo de no vender su gas", ha dicho. En este sentido, ha anunciado que trabajará "para convencer a Bolivia de que tenemos el gas suficiente para hacer la venta". También ha anunciado que planteará dos cuestiones en el referéndum: "El tema fundamental es si Bolivia quiere o no vender su gas, primero, y una segunda pregunta es por dónde debe salir ese gas".
Un respiro en las protestas
El nuevo presidente, en todo caso, deberá atajar la revuelta social que ha tumbado a Lozada con la excusa del gas pero con el fondo de una enorme crisis económica. Por lo pronto, hoy nombrará a su gabinete, que integrará a representantes indígenas. Igualmente, ha ordenado el repliegue de los efectivos militares que custodiaban la sede del Gobierno y se ha reunido con los alcaldes de El Alto y La Paz, centro de las protestas del último mes, para organizar la reconstrucción de los destrozos. Además, se ha puesto en marcha para desmovilizar a la población a través de conversaciones con los sindicatos convocantes de las marchas y la huelga general.
En las calles de las principales ciudades del país miles de bolivianos celebraban la caída de Sánchez de Lozada. La revuelta, de momento se ha detenido y el líder de la oposición Evo Morales ha afirmado que dará "un respiro, un tiempo" para que el nuevo presidente "se organice para atender la demanda de las organizaciones sociales". "Es importante un cuarto intermedio para que Carlos Mesa se organice, para recoger de las bases planteamientos para después planteárselos al Presidente", ha afirmado.
Morales ha celebrado el compromiso formulado por Mesa en su discurso de investidura "de llevar adelante un referendo vinculante" para decidir sobre la explotación de los yacimientos de gas, tema que originó las protestas que llevaron a la renuncia a su antecesor. "Es importante el referendo vinculante, la recuperación de los hidrocarburos [en manos de petroleras extranjeras] si [el presidente Mesa] quiere servir al pueblo y transformar de manera pacífica al país", ha asegurado.
El gas natural como origen del conflicto
El origen de la protesta es el plan del Gobierno de consolidar la exportación de gas natural a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno, una estrategia a la que se oponen frontalmente sindicatos y campesinos.
Bolivia, encerrada entre la cordillera andina y la selva amazónica, no tiene mar, y encontrar un puerto para llevar a cabo el plan es uno de los principales problemas. La elección de Chile ha despertado un gran rechazo popular, puesto que este país mantiene la soberanía sobre los 120.000 kilómetros de litoral que fueron bolivianos hasta la Guerra del Pacífico (1879), y el frente opositor no desea favorecer en manera alguna a sus vecinos.
El Gobierno insiste en la necesidad de cerrar el contrato de exportación de gas, una inversión que alcanzaría el 65% del Producto Interior Bruto en 2008, fecha en la que entraría previsiblemente en funcionamiento. Pero la ciudadanía tiene otra queja: rechaza la exportación hasta que se extienda el uso doméstico e industrial del gas.
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