Lula lanza un programa para acabar con el "trabajo esclavo" en Brasil

El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó ayer el Plan Nacional para Erradicar el Trabajo Esclavo, una acción coordinada que implicará a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los organismos internacionales y a la sociedad. Lula pretende así erradicar una brutal explotación laboral que, según cálculos oficiales, afecta a unas 25.000 brasileños, a pesar de que la esclavitud fue abolida oficialmente hace más de cien años con la aprobación de la Ley Aurea.

"La esclavitud contemporánea se manifiesta por la clandestinidad y está marcada por el autoritarismo, la corrupción, la segregación social, el clientelismo y la violación de los Derechos Humanos", señaló el presidente en un breve discurso en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia. Lula explicó que, entre otras medidas, se prevé un endurecimiento de la legislación pero, "más que leyes, es necesario determinación, disposición política y que el Estado brasileño se empeñe en erradicar el trabajo esclavo en el país". Así, ningún fiscal le será "cercenado" su derecho a juzgar y castigar a quien opere ilegalmente.

Se estima que todavía hay unas 25.000 brasileños sometidos a esclavitud. Pese a que fue abolida en 1890, tras 352 años de explotación de los negros llegados de África, la ignorancia y el autoritarismo contribuyen a que muchos brasileños trabajen en condiciones infrahumanas. Los datos oficiales indican que los mayores índices se registran en Pará, Tocantins, Roraima, Mato Grosso y Marañón y Piauí, estados dominados por la pobreza y el hambre. En esos estados, algunos hacendados someten a hombres, mujeres y niños a jornadas laborales de más de 12 ó 14 horas, en condiciones infrahumanas, vigilados por hombres armados, sin derecho sueldo ni a ningún derecho laboral. Apenas un plato de mala comida al día por su trabajo.

Sólo tres condenados

Entre enero y febrero, la Policía Federal y las autoridades laborales han logrado rescatar a unos 841 trabajadores explotados por sus patrones, en la mayoría de los casos en haciendas situadas en recónditos rincones del país. Fuentes oficiales informaron de que esos trabajadores recibieron en total cerca de 340.000 dólares en indemnizaciones y sueldos. Durante los últimos siete años, más de 3.400 víctimas de ese delito fueron liberadas. Además, la prensa ha acusado a varios diputados federales, que son a la vez grandes terratenientes, de mantener en sus fincas trabajadores en régimen de esclavitud.

La legislación brasileña actualmente obliga a pagar sueldos y otros beneficios sociales a los condenados por esclavismo. Además, contempla penas de entre dos y seis años de prisión, que pueden ser sustituidas por servicios a la comunidad. Sin embargo, de las 26 personas acusadas y detenidas por ese delito recientemente, sólo tres fueron condenadas, pues, según fuentes oficiales, "es difícil" comprobar que alguien esclavizó a sus empleados. Con el nuevo plan, el Gobierno pretende que el Congreso apruebe leyes que apliquen sanciones más rígidas a los condenados, como la expropiación de sus propiedades.

Además de la represión y el combate a la impunidad, el plan también prevé la puesta en marcha de una política de inserción social para evitar que los trabajadores liberados vuelvan a caer en la redes del trabajo forzado. Para ello se pretende llevar a cabo el programa Hambre Cero, prioridad del Gobierno de Lula, en los municipios de estos estados más afectados por las reminiscencias del pasado. En total, se prevén 75 acciones elaboradas por la Comisión Especial de Derechos Humanos para erradicar el trabajo forzado en este gigantesco país sudamericano.