Los lamentables e inexplicables errores de la justicia española

La sorprendente decisión de que sea un jurado popular el que juzgue a la esposa del presidente del Gobierno por la también sorprendente acusación de malversación de caudales públicos (en concreto, haber pedido a su asesora en La Moncloa alguna gestión particular) ha desviado la atención esta semana de algo mucho más grave: por segunda vez en menos de dos años, la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a dos de los principales capos de la mayor red de tráfico de drogas de Europa, la peligrosísima banda holandesa Mocro Maffia, alegando un “lamentable error” en ambos casos.

En esta última ocasión, el “lamentable error” ha consistido en dejar pasar el plazo estipulado por la ley para proceder a la extradición solicitada por las autoridades holandesas. Al agotarse ese plazo, sin que nadie hiciera nada, la Audiencia no tuvo más remedio que poner en libertad al peligroso narcotraficante, que salió tranquilamente por la puerta de la cárcel y desapareció. El individuo, que se llama Firass Taghi y forma parte de la familia que dirige la Mocro Maffia, fue detenido en Tarifa el pasado mes de agosto por la Policía Nacional (ella sí bastante atenta con las visitas de estos violentos delincuentes). Existía una petición de extradición por parte de las autoridades holandesas y la policía trasladó la documentación oportuna al juzgado correspondiente. A partir de ahí, no es fácil saber el recorrido que siguió esa orden y quiénes dejaron pasar el plazo de esos famosos 10 días.

No puede aceptarse la teoría del “lamentable error” mientras que no se lleve a cabo una investigación, se supone que por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Además, el resultado de esa investigación debe hacerse público, de manera que los ciudadanos podamos comprender lo sucedido y despejar todas las sospechas que razonablemente nos invaden.

El malestar ciudadano es perfectamente justificable porque esta es la segunda vez que ocurre algo parecido, sin que se ofreciera una explicación razonable. En enero de 2024, la policía detuvo en Marbella a la pieza más importante de todas, el capo de los capos, Karim Bouyakhrichan, junto con otras cinco personas acusadas, entre otras cosas, de blanqueo de dinero. El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella acordó su ingreso en prisión. Al mismo tiempo, la Audiencia recibió una orden de extradición de Países Bajos, pero no se podía llevar a efecto porque el delincuente tenía una causa abierta en España. El abogado del capo presentó una serie de recursos y, pese a la oposición de la Fiscalía, el 22 de febrero la Audiencia Provincial de Málaga ordenó su puesta en libertad, con medidas cautelares: presentarse en el juzgado cada 15 días. Lógicamente, el capo desapareció.

La pregunta más inmediata es: ¿quiénes fueron los responsables del repetido “error”? Como casi siempre, es posible achacar lo ocurrido a la falta de personal judicial, lo que es cierto. Pero en este caso, la identidad de los detenidos era tan llamativa que era de suponer que serían objeto de una atención especial. Es verdad que la Mocro Maffia no desarrolla en España una actividad especialmente violenta, como en Países Bajos o en Bélgica. En España proceden más bien al lavado del dinero con la compra de grandes activos inmobiliarios y a otras actividades inversoras con la ayuda de determinados bufetes de abogados. La policía sospecha que también han montado una red de entrada de droga a través de los puertos andaluces y de Melilla, pero hasta ahora no lo ha podido determinar con exactitud y, en cualquier caso, no sería comparable con la formidable red que tiene montada en Países Bajos y Bélgica, puertos de entrada de los mayores alijos de cocaína que se distribuye en toda Europa.

Luchar contra la Mocro Maffia es muy difícil. Prácticamente todos los organismos internacionales encargados de vigilar las redes del crimen en el mundo aseguran que una de las más poderosas es la que se ha instalado en Países Bajos, con ramificaciones en Bélgica. Quizá porque Holanda cuenta con uno de los puertos con más actividad del mundo, Róterdam (entre ese puerto y el belga de Amberes consta que llega el 80% de la cocaína que se consume en Europa), y quizá también porque dispone de una red de asesores financieros formidable, dispuesta a dar cobertura a los miles de millones de euros que maneja la poderosa mafia local. Impedir que se instale en España exige obstaculizar el creciente trabajo de sus asesores financieros e inmobiliarios, aumentar la vigilancia en los puertos andaluces y, desde luego, no permitir que sus principales capos vengan a España a descansar y divertirse en sus fastuosas villas, seguros de que nunca llegará a cumplirse una orden de extradición.