Un ajuste brutal

Señores del Gobierno, a ustedes no les va a echar una moción, les va a echar la inflación”, afirmación rotunda de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, en el debate sobre la moción de censura a Pedro Sánchez. La inflación mata gobiernos. Entre los datos correspondientes a febrero, últimos conocidos, hay dos brutales: el precio de los alimentos y la inflación estructural. En toda la Europa contaminada por la guerra de Ucrania crece la preocupación por el incremento del coste de la vida y el temor a no llegar a fin de mes. Parece impensable que se vayan a celebrar elecciones sin que el Gobierno presente un nuevo plan de choque contra ese incremento de los precios, dado que el anterior (el recorte del IVA para algunos productos básicos) está dando resultados homeopáticos. La incógnita está en cómo se va a modelar y a quiénes va a afectar. Las palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño (“Vamos a seguir de cerca los márgenes”) se quedan cortas nada más pronunciadas.

El precio de los alimentos subió el pasado mes un 16,6%, y la inflación subyacente, un 7,6%. Si se comparan esos porcentajes con el poder adquisitivo de las familias, el resultado equivale a un ajuste brutal de la economía española. En el año 2022, en que la inflación cerró con un alza media del 8,4%, ésta fue muy superior a la revalorización de las pensiones (2,5%), los sueldos de los funcionarios (3,5%) y de lo pactado en los convenios colectivos del sector privado (2,69%). Lo que significa que más de 24 millones de ciudadanos perdieron poder adquisitivo. La inflación se come a las rentas (y los ahorros). En ese periodo, la renta disponible disminuyó un 4,7%. En los dos últimos años, esa reducción del poder de compra superó el 12%, y los dos primeros meses del presente ejercicio no suponen una desviación en dicha tendencia (sí para algún colectivo como el de los pensionistas): los salarios pactados en convenios colectivos subieron de media un 2,89%, un 3,1% inferior al índice de precios al consumo (6%).

El panel de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que agrupa a 19 instituciones que elaboran proyecciones económicas, y el Banco de España coinciden en que los precios de los alimentos van a seguir subiendo este año y los dos siguientes desde los niveles insoportables que ya tienen ahora. El Banco de España advierte que frente a esta situación se está diluyendo la capacidad de ahorro que adquirieron muchos ciudadanos durante el confinamiento (segundo trimestre del año 2020), cuando no podían consumir. Ese ahorro llegó a ser del 25% de la renta disponible. Ahora se ha desplomado hasta menos del 6%, muy por debajo incluso de la media habitual de la zona euro. A la inflación cotidiana se añade la subida de los tipos de interés y de las hipotecas de interés variable.

Más allá de otras comparaciones dialécticas —si España crece más o menos que los demás países, si tiene una inflación mayor o menor que ellos— que ocuparon buena parte de la moción de censura, parece sensato fijarse en la evolución de los precios de los alimentos porque una cesta de la compra inalcanzable es el elemento más sensible de las preferencias electorales. Las dos formaciones que constituyen el Gobierno de coalición han fijado el terreno de juego de los próximos nueve meses (elecciones municipales y autonómicas y elecciones generales): hacer de la economía la palanca de la discusión pública y proveer a todas las personas del carné de ciudadano social. La ciudadanía social abarca, según Marshall, todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico hasta el de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad; las instituciones directamente relacionadas con aquella son los servicios sociales y el sistema educativo.

Si no se controlan los precios, y especialmente los precios de los alimentos, habrá cambio en La Moncloa.

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