Sigue sin funcionar

“Resulta muy difícil o casi imposible una cuantificación exacta del número de procedimientos penales que se sustancian por estos delitos [de odio] en los juzgados de Instrucción de toda España. Ninguna de las aplicaciones informáticas de registro actualmente en funcionamiento tiene capacidad para ofrecer información fiable al respecto”. Este párrafo, escondido en las 1.500 páginas de la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada esta semana, muestra con bastante claridad uno de los problemas a que hacen frente no solo la Administración de justicia, sino todas las administraciones públicas en España: falta de inversión y de racionalidad para modernizar el funcionamiento de lo que debería ser la estructura básica del Estado.

La misma Memoria fiscal explica que en 2021 se suspendieron, como media nacional, el 35% de los juicios en los juzgados de lo Penal y el 32% en las audiencias provinciales, cifras que ya no son achacables a la pandemia, sino que se aproximan mucho a las de 2019 y 2020. Estos datos, reconoce la Memoria, “inciden directamente en la insatisfacción y molestias que genera en la ciudadanía, producen un efecto negativo en relación con los hechos delictivos que ven debilitados los medios probatorios por el paso del tiempo, conllevan la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas cuando esta circunstancia no es imputable al acusado y suponen además una perturbación para la organización de la Fiscalía y de los órganos judiciales”. Una descripción que debería avergonzar a los responsables de esa situación, pero que pasa prácticamente inadvertida, en mitad de las grandes frases y de las grandes peleas en las que se mueven quienes deberían rendir cuentas por ella.

No es un problema que afecte solo a la Administración de justicia, dotada de un estatuto especial. Las distintas administraciones, nacional, autonómicas, funcionan mal, siguen funcionando muy mal, no por falta de servidores que deseen ejercer bien su función, sino por falta de un plan de reforma mil veces anunciado y reclamado y mil veces incumplido y olvidado, y por la escasez de funcionarios. Un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) destacaba el elevado grado de envejecimiento de las administraciones públicas españolas, que previsiblemente perderán casi un tercio de sus efectivos en la próxima década. “La situación exige un plan estratégico de renovación de recursos humanos que tenga también entre sus objetivos remediar los actuales déficits en capacidades técnicas, digitales y de gestión”, proponía el informe.

La Administración sigue abrumada por la proliferación de mecanismos burocráticos que incentivan el traspaso de la responsabilidad de decidir siempre un escalón más allá, siempre varias hojas de calendario más allá, una pérdida de agilidad y proporción que provoca el agotamiento de los ciudadanos y de los propios servidores públicos. Es un problema formidable y debería ser uno de los objetivos más urgentes del país entero, un objetivo totalmente consensuado y respaldado por todas las fuerzas políticas.

Se avecina una nueva crisis que exigirá un gran esfuerzo para sacar el máximo beneficio de los recursos, propios y europeos, y la modernización de las administraciones públicas será clave para el buen funcionamiento de la economía, pero no está nada claro que esa urgencia sea percibida por todas las agendas políticas. Es cierto que el Gobierno, en su Plan de Recuperación, incluyó un capítulo destinado a ese objetivo, con una inversión total prevista de 4.239 millones de euros (en su mayoría, fondos europeos), pero esa reforma solo será posible si se percibe como un gran e imprescindible objetivo nacional, respaldado por todos los agentes políticos y sociales, implicados necesariamente en los imprescindibles planes de formación de los funcionarios para capacitarlos en las nuevas tecnologías. En ese camino de acuerdo nacional no se ha avanzado ni un milímetro y se agota el tiempo para lograr resultados que alivien el impacto de la inminente crisis.

(Atendiendo a otras fuentes, dice la Memoria de la Fiscalía, se puede calcular que el año pasado el número de procedimientos judiciales incoados por delitos de odio y discriminación fue de 1.824, frente a los 1.434 de 2020. Y según datos de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, el racismo y la xenofobia fueron las principales motivaciones (35%), seguidas por orientación sexual o identidad de género. Eso sí, para llegar a esos simples datos hay que dar mil vueltas).

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