Capturar, no rescatar
Entrar en un país para pedir asilo incluso sin disponer de los necesarios documentos de viaje es un derecho, no un delito
Jonas Grimheden, el abogado sueco encargado desde hace ocho meses de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en Frontex, llegó a una conclusión terrible: “La agencia puede ser vista en cierta medida como implicada en violaciones de los derechos fundamentales”. Lo dijo en una comparecencia en el Parlamento Europeo (véase EuObserver, 30-11-2021), donde expresó también su frustración por la lentitud con que se implementan las medidas que ha propuesto para garantizar que Frontex “respalde en mayor medida sus obligaciones internacionales y de la UE”. Es decir, que ahora no lo hace.
La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, también conocida como Frontex, tiene su sede en Varsovia y está encargada por la Unión Europea del control fronterizo del espacio Schengen. España es uno de los Estados miembros que la integran y financian, aunque nunca se hable del tema. “Frontex no está directamente involucrada en tales acciones, pero el mero hecho de que esté apoyando a las autoridades nacionales implica a la agencia, hasta cierto punto”, dijo Grimheden, incapaz de callarse del todo.
El abogado sueco no explicó los casos concretos en los que se podría considerar que Frontex está implicada en violación de derechos fundamentales (¿quizás en delitos que puedan ser calificados de crímenes de lesa humanidad?), pero la lectura del extraordinario reportaje elaborado por Outlaw Ocean Project sobre lo que está ocurriendo en Libia (EL PAÍS, 29-11-2021) puede ayudar a comprender de qué se trata.
Se han recogido multitud de testimonios que indican que Frontex, con sus drones y aviones de vigilancia en el Mediterráneo, detecta embarcaciones repletas de migrantes y avisa a las lanchas de la Guardia Costera de Libia para que capturen a esas personas antes de que alguna embarcación humanitaria pueda acercarse. “Capturar” es la palabra exacta porque no se trata de rescatarlas, sino de apresarlas, llevarlas a territorio libio y meterlas en una red de cárceles secretas por tiempo indefinido. En una de ellas, conocida como El Edificio, los reporteros averiguaron que hay 1.500 personas sometidas a palizas, abusos, detención ilegal, chantaje, malnutrición y, en ocasiones, a trabajo esclavo.
Según Josep Borrell, responsable de la UE para Asuntos Exteriores, “la decisión de detener injustamente a emigrantes descansa bajo la sola responsabilidad del gobierno que lo lleva a cabo”. Como diría lord Kerr de Kinlochard, un diplomático británico que habló hace poco en la Cámara de los Lores sobre la política de inmigración de su país, “that is plainly not true” (en inglés, una manera cortés de decir que es mentira). Si la Unión Europea no financiara a la Guardia Costera libia, no la armara y no le pagara las lanchas, no capturaría a esas personas y no las llevaría a esos horribles campos de detención.
Gran parte del trabajo del llamado Fondo Fiduciario de Emergencia para África se dedica a financiar organismos que hagan cumplir las restricciones de movimientos y que eviten que los migrantes lleguen a Europa. La Guardia Costera libia no es un organismo con mando único, sino patrullas locales a las que se ha dado jurisdicción sobre una amplísima zona marítima, 150 kilómetros más allá de sus costas, en una operación promovida por Italia y apoyada por la UE.
Uno de los grandes avances jurídicos después de la II Guerra Mundial fue la definición de crímenes contra la humanidad, ideada y defendida por el experto en derecho internacional Hersch Lauterpacht (judío, nacido en 1897 en un pueblo que era entonces austrohúngaro y hoy es ucranio, y muerto en Londres en 1960). Delito de lesa humanidad es aquel que se comete como parte de un ataque sistematizado contra una población civil (¿podrían ser los migrantes?) con especial gravedad: el asesinato, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la privación grave de libertad o la tortura.
El pasado 25 de noviembre, un día después de que se conociera que al menos 27 personas habían muerto al naufragar la embarcación en la que pretendían cruzar el canal de la Mancha, la Cámara de los Lores británica convocó un debate sobre la política de inmigración del Gobierno de Londres (¿cuándo actuará el Parlamento español con semejante libertad y velocidad?). Lord Kerr de Kinlochard, diplomático escocés, exembajador en Washington y uno de los autores del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, fue muy claro: “Mientras no aprobemos rutas seguras, somos cómplices de aquellos que llamamos contrabandistas de personas”. “Podemos criminalizar a quienes sobreviven y a quienes intentan ayudarles. Podemos deslizarnos por ese camino”, añadió, “pero seamos al menos lo suficientemente honestos para admitir que lo que nos empuja son prejuicios políticos, no datos, porque los datos no apoyan la causa de esa crueldad”. Entrar en un país para pedir asilo incluso cuando no se dispone de los necesarios documentos de viaje es un derecho, no un delito. El delito, ¿de lesa humanidad?, es “endurecer” las reglas para la concesión de asilo, como pretende hacer ahora la UE. Para parar al dictador bielorruso Lukashenko, a Europa no se le ocurre nada más que escupir sobre los más débiles. Poco a poco, sin darnos cuenta, acabaremos en la barbarie y ante el Tribunal Penal Internacional.
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