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Columna
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¡Qué menos!

El poder de Facebook o Google es objeto de cientos de estudios académicos, pero de muy pocos informes en los parlamentos

Carmela Caldart

Si algún día los poderes políticos de Estados Unidos y de la Unión Europea deciden poner un límite a la acumulación de información y de poder que llevan a cabo compañías como Facebook (a cuyo grupo empresarial pertenecen también Instagram y WhatsApp), no será gracias a la iniciativa de sus diputados o senadores, insólitamente paralizados ante semejante acopio de influencia y dominio. Será gracias a la decisión y coraje de personas como Frances Haugen, una mujer de 37 años, ingeniera empleada en la empresa, que se apropió de documentación relevante de la compañía y se la cedió a un periódico para garantizar su publicación. Ese material es el que obliga ahora al Senado de Estados Unidos a abrir una de las pocas investigaciones (todavía muy parcial) que ha puesto nerviosos a los dirigentes del monstruo tecnológico que se ha desarrollado en torno a Mark Zuckerberg.

Pocas horas después de que Haugen hiciera pública su identidad como la persona que denunció prácticas tóxicas de Facebook, alegando que busca beneficios por encima de la seguridad de sus usuarios, y que The Wall Street Journal publicara la documentación que sostenía esa acusación, la compañía sufrió una caída no suficientemente explicada: “Un cambio de configuración que tuvo efecto cascada”, según los portavoces de la empresa. El “apagón”, que duró más de seis horas y se produjo justo cuando comenzaba el mayor escrutinio al que ha estado nunca sometido Facebook, demostró indirectamente su enorme poderío y el daño y las pérdidas económicas que puede provocar en decenas de miles de empresas en todo el mundo. Sus cifras son tan enormes que resultan difíciles de manejar: tiene registrados 2.700 millones de usuarios, y no solo en el mundo más desarrollado o tecnificado. Arrasa, por ejemplo, en América Latina, con cerca de 180 millones de personas apuntadas en Brasil.

Haugen dijo lo que casi ningún político se atreve a decir: que Facebook realiza prácticas “que se pueden percibir como una traición a la democracia”. Por ejemplo, aseguró que la compañía desactivó inmediatamente después de las elecciones norteamericanas todos los controles de desinformación, lo que permitió que se desatara rápidamente una violenta campaña de mentiras a favor de Trump, que finalizó el 6 de enero con el violento asalto al Capitolio. La compañía, siempre según documentos facilitados por Haugen, da un tratamiento especial a celebridades, políticos y usuarios que considera de alto perfil y no se someten a controles.

Facebook se basa esencialmente en una cosa: acumular experiencias humanas que transforma en datos que predicen comportamientos. Pero como señaló en la BBC la socióloga Shoshana Zuboff (Estados Unidos, 1951), autora del concepto “capitalismo de vigilancia”, Facebook es sobre todo “un escandaloso, osado y reprensible ejemplo del nuevo orden económico global” y debe ser contemplado, como otras compañías similares ­(Google, Amazon), como antitéticas con la democracia.

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Otra socióloga experta en comunicación, profesora en el London College of Communication, Zoetanya Sujon, insiste en la misma idea: “Lo que vemos es que las vidas humanas se han convertido en un recurso natural para la extracción de datos”. Y advierte a los usuarios que sean muy escépticos ante los anuncios de Facebook de que va a dar un “giro a favor de la privacidad”. “Después de años de invasiones de privacidad y de muchos usos indebidos y abusos de los datos personales, no es fácil reconstruir la confianza”, escribe Sujon. “Así como en la época colonial los imperios conquistaban pueblos enteros, apropiándose del territorio y de los recursos naturales, el colonialismo de datos se apropia de información extraída de comportamientos humanos”, puntualiza.

El extraordinario poder alcanzado por Facebook, Google o Amazon es objeto de cientos de estudios académicos, económicos, sociológicos, psicológicos o políticos en todo el mundo, pero de muy pocos informes en los parlamentos de esos mismos países. La disculpa suele ser que un solo país no puede enfrentarse a semejantes monstruos tecnológicos. Al margen de que esa aceptación puede provocar la desa­fección a la democracia, lo que es evidente es que los parlamentos y los gobiernos sí pueden hacer campañas para explicar a sus ciudadanos qué está sucediendo y cómo pueden intentar protegerse. Qué menos, cuando hay ciudadanos, como la señora Haugen, que se juegan su trabajo y su futuro profesional por cumplir con esa tarea.

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