El País Vasco necesita de una memoria compartida. Para que la historia no se repita

El principal problema pendiente hoy en Euskadi es el ajuste de cuentas con el pasado, la ausencia de una memoria compartida. Casi una mitad de la sociedad vasca quiere olvidar sin haber extraído consecuencias del pasado terrorista. Es el resultado de una mala conciencia por haber mirado a otra parte cuando ETA quiso imponer su proyecto independentista por la violencia y la izquierda abertzale se ampara en ella para eludir su autocrítica por su pasada complicidad con la organización terrorista. Un silencio y un vacío que obstruyen la convivencia. Incluso siguen produciéndose homenajes públicos a presos etarras excarcelados tras cumplir condena. Algunos ayuntamientos como Hernani, Oiartzun y Rentería, gobernados por Bildu, introducen en los espacios públicos municipales informaciones referentes a los reclusos etarras locales, como ha denunciado recientemente un grupo de víctimas de ETA.

El pasado enero, en vísperas de cumplirse el 25º aniversario de los asesinatos de ETA del socialista Fernando Múgica y del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, la portavoz de Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, desvinculada del historial de la antigua Batasuna, dio por cumplido el recorrido ético de la izquierda abertzale al señalar que “el daño causado por ETA está reconocido” y sobre su injusticia añadió que “cada uno tendrá su relato que hacer”. Iriarte ratificaba la declaración de febrero de 2012 de Sortu sobre el reconocimiento del daño causado. Admitía la obviedad de que ETA había dañado a quienes había atacado y a sus familias. Pero la injusticia del terrorismo etarra, que asesinó en democracia —el 92% de sus crímenes— a quienes discrepaban de su proyecto político, la consideraba opinable.

Quienes podían renovar la izquierda abertzale con una seria revisión del pasado se limitan a remozar la fachada. La izquierda abertzale sigue en el inmovilismo. Urrusolo, exdirigente de ETA y disidente, suele recordar que las bases de Batasuna —hoy Sortu— votaron la estrategia de socialización de sufrimiento que respaldó los asesinatos de ETA contra quienes no pensaban como ellos. También recuerda que sus dirigentes civiles, hoy en Sortu, marcaron la estrategia política que los militares tradujeron en actividad terrorista. Desaparecida ETA, Sortu tendría que reconocer ante las víctimas y la sociedad el daño injusto causado, concluye acertadamente Urrusolo. Es necesario para que la historia no se repita.

Hoy, la ausencia de autocrítica de Sortu sobre su pasada complicidad con el terrorismo es el principal obstáculo para una completa convivencia en Euskadi. Impide que toda la representación política, y con ella toda la sociedad vasca, comparta una visión común de la etapa terrorista en Euskadi. Y al no compartirla no es posible concluir que todos exigen que esa historia no deba repetirse.

La construcción de una paz con memoria pasa necesariamente por la educación. Desde hace ya 10 años las víctimas del terrorismo están pasando por las aulas para que las generaciones jóvenes conozcan el pasado terrorista y evitar que se repita. Sus intervenciones son limitadas, no todos los centros las reclaman. No tardará en implantarse la historia del terrorismo en la educación reglada. Será clave para combatir la desmemoria. El reconocimiento pendiente de Sortu de la injusticia causada por el terrorismo etarra debería completarse con el de una autoridad del Estado por una guerra sucia insuficientemente investigada y una aplicación de la tortura escasamente controlada, sobre todo, en los años de plomo. Varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo han acusado a España de no haber investigado casos de tortura. Las recientes peticiones por unanimidad del Parlamento de Navarra y de los ayuntamientos de Pamplona y San Sebastián para que se reabra el caso de Mikel Zabalza, un joven oficialmente ahogado tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián) en 1985 y sobre el que se sospecha que murió por torturas, muestran que aún no existe una reconciliación con la historia pasada. No obstante, sería injusto no admitir que se han producido avances importantes, como el reconocimiento, por vía legal, de las víctimas de la guerra sucia; de la existencia de una ley autonómica de víctimas de los abusos policiales y de sentencias judiciales condenatorias a políticos y funcionarios del Estado que las practicaron.

Aunque con retraso, el Estado —y con él las instituciones vascas— ha sabido colocar en el centro de la escena a las víctimas del terrorismo. El terrorismo generó víctimas, pero también resistentes, y algunos tuvieron la doble condición. Le queda pendiente al Estado el reconocimiento público a quienes resistieron al terrorismo, como los concejales y las organizaciones que movilizaron a la sociedad contra la violencia como Gesto por la Paz, Foro de Ermua y Basta Ya. E incluso la condecoración a los policías que combatieron lo que fue una herencia perversa de la dictadura, el terrorismo. Hace ya seis años, al cumplirse el cuarto aniversario del cese definitivo del terrorismo, lo reivindicó Jesús Eguiguren, expresidente del PSE e interlocutor del Gobierno con ETA en el proceso dialogado de 2006: “No ha habido una resolución del Parlamento reconociendo el final del terrorismo. Es una mezquindad del Estado hacia los miles de héroes anónimos que contribuyeron al final del terrorismo. Parece que el Gobierno del PP quiere mantener la ficción de que el terrorismo sigue cuando el País Vasco es el territorio más pacífico de España. No solo ha desaparecido la violencia. También la crispación y los insultos”.

Junto al problema de fondo de la ausencia de autocrítica de la izquierda abertzale se une la crisis de identidad por la que atraviesa el PP, el principal partido de la derecha. El PP de Casado, presionado por Vox, no ha erigido un proyecto claro de centro derecha, lo que afecta a su visión del País Vasco. En sus líderes y en su ámbito mediático sigue identificándose a Bildu con ETA. Algunos de sus comentaristas escriben el disparate de que ETA nunca ha tenido tanta influencia como hoy en el Gobierno de España. Esa radicalidad política impide un consenso nacional para cerrar el capítulo etarra con una paz con memoria. Se puso de manifiesto el pasado 4 de marzo cuando el Gobierno de España intentó escenificar la derrota de ETA en un acto simbólico en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid). El Gobierno se precipitó en su convocatoria. Cometió claros errores organizativos ante un acto tan sensible que necesitaba de un amplio consenso. Pero la disposición del PP a colaborar con él fue nula. Casado mantiene la tradición de seguir utilizando el terrorismo etarra —hoy su memoria— como elemento de confrontación con el Gobierno aprovechando el apoyo parlamentario y puntual que recibe de Bildu, y así no es posible construir una paz con memoria.

Tampoco Podemos, aunque ha dejado claro su rechazo al terrorismo, parece sensible a construir una memoria compartida cuando no exige a la izquierda abertzale una autocrítica por su pasada complicidad con el terrorismo. Podemos, que reivindica un patriotismo democrático, debería incluir junto al justo reconocimiento a la memoria de las víctimas del franquismo el de las de ETA porque la organización terrorista fue un enemigo declarado de la democracia y la libertad en Euskadi y en España.

No se trata de ajustar cuentas con el pasado, sino de construir el futuro, se trata de leer la página antes de pasarla.

Luis R. Aizpeolea es periodista especializado en ETA. Ha escrito, entre otros, los libros ‘Los entresijos del final de ETA’. Este extracto pertenece al libro ‘ETA. Del cese del terrorismo a la disolución’ (Catarata), que se publica este 10 de mayo.