Las víctimas buscan nuevas vías para frenar los homenajes a etarras tras los reveses judiciales

La AVT propone a Interior una reforma legal para multar a los Ayuntamientos que permitan estos actos

El preso de ETA Xabier Ugarte, a su llegada a Oñate, en el verano de 2019.
El preso de ETA Xabier Ugarte, a su llegada a Oñate, en el verano de 2019.GORKA ESTRADA / EFE

Tras acumular reveses judiciales en la Audiencia Nacional y considerar prácticamente agotada la vía penal, las víctimas de ETA comienzan a explorar nuevas fórmulas para tratar de frenar los homenajes a los miembros de la banda terrorista que salen de prisión y vuelven al País Vasco y Navarra. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) planteó la semana pasada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una reforma legal que sancione a los Ayuntamientos que permitan este tipo de actos.

Como las bengalas, cohetes, pancartas en favor de los presos y ovaciones que vio y escuchó el etarra José Javier Zabaleta Elosegi, alias Baldo, al volver a Hernani (Gipuzkoa) el 27 de julio, tras 29 años en prisión por participar en diferentes atentados, algunos con víctimas mortales. 24 horas después, Xabier Ugarte Villar, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, tuvo un recibimiento similar en Oñati (Gipuzkoa). “Este tipo de actos provoca un dolor inmenso. En el 90% de los casos, cuando sabemos de un etarra que va a salir de la cárcel, las víctimas nos dicen: ‘Claro, y ahora serán recibidos como héroes en sus pueblos”, relata Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la mayoritaria AVT, que se ha personado en numerosas causas en la Audiencia Nacional para tratar de frenar estos homenajes.

Hasta ahora, con escaso éxito. Más allá de alguna diligencia de investigación y que se haya ordenado identificar a participantes, los jueces y la Fiscalía rechazan que existan posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. “No existe apología en el mero hecho de que los asistentes se congratularan de la excarcelación de una persona próxima a ellos por razones de parentesco, amistado o vecindad”, escribió, por ejemplo, la Sala de lo Penal el pasado octubre al dar carpetazo al homenaje en Rentería (Gipuzkoa) a Kepa Etxebarria.

En el mismo sentido se pronunció también el ministerio público al archivar otro caso: “No se aprecia expresión alguna de apología o ensalzamiento, ya que los hechos se limitan al recibimiento en vía pública con banderas y bengalas, entrega de ramo de flores, aurresku y solicitud de que los presos vuelvan a casa, es decir, ninguna frase enaltecedora o humillante”.

“Estamos cansados de estas decisiones. Hemos comprobado que no existe voluntad política en la Audiencia Nacional”, critica Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, otro colectivo de víctimas, que solo en 2019 presentó hasta ocho denuncias por este tipo de homenajes a etarras, sin que ninguna haya prosperado todavía. Ordóñez insiste en que, pese a ello, no abandonarán la vía penal, aunque son conscientes de que es muy complicado que puedan conseguir algo. “Nos oponemos a otras opciones porque no queremos que se despenalice esto”.

El ‘caso Kubati’

Ladrón de Guevara cuenta que la AVT también continuará apostando por acudir a la Audiencia Nacional, pero ya se han abierto a “explorar otras vías”. Esta asociación se reunió la pasada semana con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le puso sobre la mesa una reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para que recoja “multas contundentes” a las Administraciones que permitan estos actos y a los particulares que los promuevan. Preguntado por este periódico, el Gobierno afirma que aún es pronto para pronunciarse sobre esta posibilidad.

“En los próximos cinco años, calculamos que 80 miembros de ETA se licenciaran de sus condenas”, destaca la abogada al explicar por qué este asunto se ha convertido en una prioridad para las víctimas. “Lo que denunciamos es que se produzca en la calle, que lo publiciten, que los reciban con honores... Nosotros lo que decimos es que se haga a puerta cerrada”, apostilla Guevara.

Las asociaciones consideran complicado que las causas prosperen por el delito de enaltecimiento —argumentan que está muy limitado por la doctrina europea y del Constitucional, que prima la libertad de expresión—. Solo por el delito de humillación ven alguna posibilidad. De hecho, su “ultima esperanza” recae en el caso que ha abierto el Juzgado de Instrucción 6 contra el ex preso Antonio López Ruiz, Kubati, y otras 11 personas por supuestamente formar parte de una “estructura” para organizar casi un centenar de actos de homenaje. “Es el último cartucho”, subraya Guevara.

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