Esto es política

El pasado día 18 de marzo, tras una larga tramitación desde que llegó al registro del Congreso, en enero de 2020, se aprobó en el Parlamento español, definitivamente, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Se trata de un magnífico ejemplo de en qué consiste la política. No en reglar conciencias, sino en establecer normas que regulan comportamientos y mejoran la condición de vida de los ciudadanos. Eso, política democrática, es para lo que se eligen Gobiernos y diputados y por lo que funcionan los Parlamentos.

No es lo mismo insultar y lanzar peroratas (cuyo efecto sería el mismo en la tribuna del Parlamento que en la barra de un bar) que tramitar una ley, enmendarla, argumentar los cambios o perfeccionar sus aristas jurídicas. No se llega a la política a regular las conciencias ni a imponer una opinión moral. De hecho, las reglas obligatorias sobre la moralidad suelen ser propias de regímenes autoritarios y personajes despóticos. La ley sobre la eutanasia preserva la opinión moral de los contrarios (nadie está obligado a pedir su aplicación) y también la de quienes son favorables a ella: se trata exclusivamente de un derecho que se puede ejercer, con garantía legal de que esa opción se adopta en total libertad.

Tampoco se llega al Parlamento para lanzar sandeces y bufonadas detrás de una mascarilla, o a apretar un botón. Se supone que los diputados tienen un trabajo que hacer y que los responsables de grupos a los que pertenecen les obligan a respetar ciertas normas y a realizar ciertas tareas, aportar experiencias personales o laborales, intelectuales o jurídicas, contactos, capacidad de diálogo y negociación. Se supone que los diputados groseros o vagos perjudican a sus colegas y crean mala imagen a sus siglas. De hecho, los grupos tienen capacidad para imponer multas, no solo por indisciplina, sino también por gandulería y obscenidad. Lástima que no ejerzan esa potestad.

Afortunadamente, en los debates de la Ley sobre Regulación de la Eutanasia ha existido una cierta contención. Quizás porque desde el punto de vista de gran número de ciudadanos la peor práctica posible entre seres humanos es la que supone la ausencia de piedad, la falta de compasión ante el mal del otro. Algo que en la Divina comedia estaba condenado con un gran castigo. Dante únicamente se atrevió a cruzar “al otro lado”, el infierno, cuando tuvo la garantía de la protección de Lucía, precisamente aquella que “aborrece el sufrimiento”.

Lo expresó con otras palabras María Luisa Carcedo, médica de formación y la persona, la mujer dedicada a la política, que, primero desde el Ejecutivo como ministra de Sanidad (2018-2020) y después como diputada por Asturias, ha sido quien ha impulsado esta ley. “El dolor, el sufrimiento —explicó Carcedo, dirigiéndose al PP desde la tribuna parlamentaria— no tiene ideología”. “Esta ley consagrará un derecho, uno que usarán después, incluso, muchos de aquellos que ahora votarán que no y muchos de aquellos ciudadanos que votan a sus siglas. Lo usarán ustedes y sus familiares, porque nadie puede impedir que una persona que sufre opte por una muerte digna”.

El recorrido de esta ley, a través de los debates en la Comisión de Justicia del Congreso, las enmiendas incorporadas, su retoque final en el Senado y su vuelta al pleno final de la Cámara baja, fue pausado y argumentado, como lo fue su votación final: 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Es decir, la ley recibió un voto transversal, capaz de unir a muchos grupos y a muchos diputados del Congreso; un voto no marcado por una raíz ideológica, sino por el reconocimiento generalizado de que debe existir ese derecho y de que es imprescindible regular ese comportamiento. Es cierto que el Partido Popular y Vox mantuvieron (88 más 52 escaños) su rechazo y negativa total, pero también que prácticamente todos los demás grupos de la Cámara —y en este momento están representados nada menos que 20 partidos, coaliciones y agrupaciones electorales diferentes— votaron a favor. Gracias, señora Carcedo; gracias, señores diputados.