Juan Carlos Campo, un juez dialogante en la diana
El ministro de Justicia apura dos semanas en las que se ha metido en delicados charcos políticos
A Juan Carlos Campo Moreno, actual ministro de Justicia y juez desde hace 33 años, parece gustarle más la gestión de la cosa pública que dictar sentencias penales, su especialidad antes en la Audiencia de Cádiz y ahora como magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional. Desde que aprobó la oposición a juez en 1987 se ha quitado la toga en varias ocasiones para ocupar altos cargos en la Junta de Andalucía y en el Gobierno central —fue secretario de Estado de Justicia con el expresidente Zapatero (2009-2011)—.
Fue su prolija e intensa labor en la última campaña electoral socialista, unida a su bagaje como diputado en distintas comisiones del Congreso, lo que llevó a Pedro Sánchez a ficharlo como relevo de la exministra Dolores Delgado, designada Fiscal General del Estado. En las últimas semanas, anda en el foco a cuenta de los indultos a los secesionistas catalanes, la renovación de los máximos órganos de la judicatura y, sobre todo, por el veto del Gobierno a la presencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces de la Escuela Judicial de Barcelona. Está en la diana de los dardos de la oposición.
Sus conocidos de la judicatura alaban de Campo su inteligencia, laboriosidad y buena cabeza jurídica, y, sobre todo, su capacidad de diálogo en un escenario complicado por la minoría parlamentaria del Gobierno de coalición. Gracias a ese tesón logró que el Parlamento aprobase medidas de funcionamiento de la justicia durante la pandemia. Es capaz de poner de acuerdo a gentes de distintas ideologías. Ferviente demócrata, en los momentos más duros del plomo etarra redactó una tesis en la que abogaba por la aplicación del derecho frente a la ley del talión de los GAL.
Nacido en Osuna (Sevilla), a punto de cumplir 60 años, divorciado y padre de dos hijas, a Campo se le vio este verano a pie de playa y en bañador en Cádiz, de charla distendida con el expresidente andaluz Manuel Chávez, su mentor político junto al también expresidente José Antonio Griñán. Un trío de amigos largamente consolidado en el que, para su disgusto, los dos mandatarios han acabado condenados en la causa de los ERE de Andalucía. Mantiene también buena sintonía con el vicesecretario de Justicia del PP, Enrique López.
Su estancia en el ministerio no está siendo fácil. Se encuentra metido en casi todos los charcos políticos, de los que, no obstante, entra y sale “guiado por su astucia, locuacidad y carácter afable”, le conceden sus críticos y avalan sus amigos. Sí le enfadó, cuentan estas fuentes, que al comienzo de la legislatura el vicepresidente Iglesias le tildara de “machista frustrado” por poner peros técnicos y jurídicos al contenido de Ley de Libertad Sexual que abanderó la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero tiene arraigada, al menos públicamente, la virtud de la mesura, y procura no exteriorizar ni la acritud ni la complacencia. “Algunos ministros deberían estar más callados (...) Solo queremos ayudar a mejorar la ley”, respondió para templar ánimos y no dar alas a la derecha. Siempre ha salido al paso, en defensa de los magistrados, de las críticas de Unidas Podemos a la justicia.
Antes de la polvareda que ha levantado la ausencia del Rey en Barcelona, Campo mantenía buena sintonía con Carlos Lesmes, elevado en diciembre de 2013 a la cúspide de la carrera judicial por el Partido Popular de Mariano Rajoy como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Han acabado a la gresca: en privado se culpan mutuamente de la tormenta desencadenada.
Campo es hoy además el ariete del Gobierno para romper el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, órgano que elige a los miembros de la cúpula judicial española. Los 21 vocales —la mayoría conservadores— llevan casi dos años de prórroga en sus cargos. Campo no escatima críticas al PP: asegura que no renovar el Consejo daña la institución y vulnera el mandato constitucional. Pero, en este asunto, tiene ahora un problema con la máxima jurídica de no ir contra los actos propios: él mismo fue vocal entre 2001 y 2008 de un Poder Judicial que también tardó dos años más de los cinco debidos en renovarse por el mismo motivo que ahora. Con Campo en su seno, aquel Consejo efectuó una treintena de nombramientos de altos cargos judiciales.
El ministro tiene ahora su mente ocupada en la casi imposible misión de convencer al PP para que permita con sus votos alcanzar los tres quintos de la Cámara necesarios para cambiar la composición del CGPJ. Tarea difícil: su intención es que la actual mayoría conservadora sea sustituida por una progresista acorde con la correlación de fuerzas vigente en el Parlamento. Casi convenció al secretario de Justicia del PP, Enrique López, pero el presidente popular, Pablo Casado, truncó in extremis el acuerdo. De ahí que Sánchez e Iglesias estén sopesando modificar la ley para conseguir una mayoría de vocales progresistas.
Mientras llega una solución definitiva, Campo sigue volcado en convencer a la oposición y a sus aliados parlamentarios para modificar la ley y entregar a los fiscales la instrucción de las causas penales, entre otros proyectos con los que quiere agilizar y hacer más eficaz la justicia.
