Europa señala

La Comisión Europea se pronunció este miércoles sobre la calidad del Estado de derecho de los distintos Estados miembros y España no quedó bien parada. El informe llama la atención sobre la parálisis en la renovación de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por el Partido Popular desde hace casi dos años, y muestra sus recelos sobre la relación entre el Gobierno y la Fiscalía, señalando que “la coincidencia del periodo de mandato” de ambos puede “afectar a la percepción de independencia” de la judicatura; la Comisión apunta también a la falta de transparencia en las comunicaciones entre ambos órganos.

El varapalo se produce en un contexto enrarecido por la decisión del Gobierno de que el Rey no asistiera en Barcelona a la entrega de despachos de los nuevos jueces, y por la innecesaria revelación por parte del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, de un protocolario comentario del Monarca en que le decía que le hubiera gustado estar allí. El Gobierno no ha sabido explicar con claridad la excepcionalidad de su decisión, y la alusión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al deber del Ejecutivo de velar “por la convivencia” en Cataluña parece aceptar implícitamente que no es prudente que el Rey acuda allí donde podría ser cuestionado, doblegándose así a las posiciones de una parte de la ciudadanía.

Al mismo tiempo que la Comisión reclamaba la urgente renovación del Consejo, este votó el miércoles nombramientos relevantes en el Tribunal Supremo, tres presidencias de sala, cuyo mandato es de cinco años, y tres magistrados para la Sala de lo Penal, que intervendrán, hasta que llegue su jubilación, en los juicios que afectan a aforados. El CGPJ llevaba un tiempo paralizado, en parte para presionar y que se acometiera su renovación. Hace un par de meses se supo que el PP y el PSOE habían llegado a un acuerdo, pero el líder de la formación conservadora, Pablo Casado, volvió a enquistarse en el no. El CGPJ ha optado por seguir tomando decisiones de peso aunque sea en funciones. Lo ha hecho buscando acuerdos amplios para superar los 13 votos necesarios para los nombramientos discrecionales —19 han aprobado la mayor parte de las propuestas frente a dos que votaron en contra por estar en funciones— y respetando la nueva mayoría parlamentaria; los progresistas han obtenido cuatro plazas —dos presidencias de sala, la Social y la Militar, y dos puestos en la de lo Penal— frente a dos de los conservadores, que mantienen la presidencia de la Sala de lo Contencioso, que se ocupa de litigios que afectan al Gobierno. La elección de una mujer para presidir una sala del Tribunal Supremo es un salto de enorme relevancia en los más de 200 años de historia de este órgano.

El consejo ha actuado pese a tener su mandato caducado. El informe europeo no ha señalado ninguna carencia en el sistema legislativo español, lo que subraya los malos usos que hacen de las instituciones los partidos políticos en el cumplimiento de sus prerrogativas. Por mucho que se ajustara a los requisitos legales, que el Gobierno nombrara como fiscal general a una ministra de Justicia que formaba parte de su anterior Gabinete no contribuye a fortalecer la separación de poderes. La negativa del PP a cumplir con su obligación constitucional de renovar el consejo va en la misma dirección de abuso partidista. Y una vez más ha sido Europa la que ha tenido que señalar una falla que socava el sistema entero.