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Pascal Saint-Amans: “La tasa digital es una cuestión de justicia”

El director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE recomienda a España aumentar la fiscalidad verde y reducir el peso de las cotizaciones sociales

Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE.
Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE.
Laura Delle Femmine
Nuevo contrato social

Especial: El nuevo contrato social

Análisis en profundidad sobre las reformas que necesita el sistema tributario español para mantener el Estado de bienestar en un contexto de deuda y déficit desbordados

Las grandes tecnológicas han disparado sus ingresos durante los confinamientos impuestos por la pandemia. Mientras tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha seguido trabajando en el nuevo marco fiscal internacional que deberá hacer frente a los retos de la digitalización y la elusión fiscal de los grupos multinacionales. “Es una cuestión de justicia”, zanja Pascal Saint-Amans (Désertines, Francia, 1968), director del Centro de Política y Administración Fiscal del organismo.

Desde Biarritz, donde está teletrabajando a la espera de poder volver a las oficinas de la OCDE en París, analiza las reformas fiscales que el organismo recomienda para España. Asegura que esta crisis hace aún más urgente encontrar un consenso global sobre las nuevas reglas fiscales, pero reconoce que sin EE UU, que acaba de descolgarse de las negociaciones, será imposible llegar a un acuerdo.

Pregunta. ¿La respuesta que España ha dado a esta crisis ha sido suficiente?

Respuesta. Sí. El Gobierno ha reaccionado rápidamente y con seriedad. Las medidas han sido considerables, incluso si se compara con otros países como Francia o Italia, aunque ha habido menos apoyos en herramientas como el aplazamiento en el pago de impuestos, que se explica por la situación fiscal de España, que es menos holgada. No tiene mucho margen y ya estaba bajo presión para mantener el equilibrio de las cuentas.

P. ¿Durante cuánto tiempo hay que mantener los estímulos?

R. Es una buena pregunta. Ahora hay que mantenerlos, no deberíamos aumentar los impuestos y hacer una consolidación fiscal demasiado pronto, que fue el gran error que se hizo después de la crisis financiera de 2008. En este sentido, estamos viendo que los países han aprendido la lección.

P. ¿Pero tenemos que pensar ya en un plan de ajuste?

R. Sí, es tiempo de pensar, pero no de actuar. La consolidación fiscal será necesaria, no es dinero gratis ni mágico, pero se puede pagar si llega la recuperación. Se puede financiar si vuelve el crecimiento, el trabajo, si la economía recupera el rumbo. Si se intenta recaudar demasiado pronto para cerrar la brecha se castigará el crecimiento, que es la misma fuente de los ingresos. Es una cuestión de tiempo, porque con esta crisis no sabemos qué pasará en los próximos dos meses.

P. ¿Cree que la presión fiscal que tiene España es la adecuada?

R. España está en el promedio de la OCDE y por debajo del de la UE, pero está en el rango. No hay ninguna anomalía. La pregunta es si está en el nivel apropiado para sostener esta crisis y, yo agregaría, para sostener el envejecimiento de la población, que aumenta las necesidades de gasto del sistema. En general, contestaría que sí. La decisión sobre el nivel de presión fiscal viene de la sociedad, no es un objetivo per se. Entonces no hay ninguna necesidad urgente de disminuirla o aumentarla, y solo en el largo plazo puede que esta ratio aumente debido al envejecimiento de la población.

P. ¿De qué manera España puede mejorar su sistema fiscal?

R. Pensamos que en España la imposición fiscal sobre el trabajo es demasiado elevada. Cuando se mira la proporción de las cotizaciones sociales sobre el total de la recaudación es más de un tercio, el 34%, mientras que en el promedio de la OCDE es del 25%. Quizás habría que reequilibrar, aligerando y reduciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores de baja calificación y menores salarios. Pero debería compensarse con otros ingresos, y España tiene margen de maniobra en materia de impuestos verdes, en particular en los carburantes. Es cierto que una medida de este tipo perjudica a los trabajadores y hogares con rentas más bajas, pero parte de los ingresos adicionales se podrían destinar a quienes se han visto más afectados, a los que realmente lo necesitan. Se gasta en ello un tercio, y el Gobierno se queda con los otros dos tercios. Estas serían las principales recomendaciones de la OCDE para España. También es verdad que hay varias bonificaciones y que el tipo de IVA que se aplica al turismo es bajo, pero quizás esta es una buena estrategia vista la situación del sector.

P. Hay una tendencia a la baja del tipo nominal del impuesto de sociedades, no solo en España. ¿Qué consecuencias tiene?

R. Habría que hacerle frente con una mejor coordinación entre países. España está muy activa en el trabajo que hacemos en la OCDE en dos frentes. Uno es gravar a las empresas digitales, que no será la receta mágica con la que pagará la crisis de la covid, pero que es una cuestión de justicia. Y para poner coto a esta carrera a la baja en el impuesto de sociedades habría que fijar un tipo mínimo a nivel global. Eso es algo en lo que no estamos lejos de llegar a un acuerdo. Creo que es importante, porque es la forma de preservar la capacidad de países como España para tener ingresos por el impuesto de sociedades.

P. ¿Qué podemos hacer con los territorios de baja fiscalidad que tenemos dentro de la UE, como los Países Bajos o Luxemburgo?

R. Hay que fortalecer la cooperación internacional. El problema de Europa es que tiene hubs de inversión [jurisdicciones con una posición total de inversión extranjera directa superior al 150% del PIB] en su territorio, y eso no cambiará a menos de que el resto del mundo cambie. Por eso el trabajo de la OCDE es relevante. Trabajamos en estrecha colaboración con la Unión Europea, que podrá moverse si podemos traer a Suiza, Singapur y los demás a un acuerdo. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Hay mucho trabajo por hacer y estamos progresando.

P. ¿Conseguiremos diseñar una tasa Google a escala global?

R. No lo sabemos. Depende de Estados Unidos, y está claro que no habrá acuerdo con la actual Administración. Tendremos que esperar a la próxima, ya sea [Donald] Trump o [Joe] Biden. Tenemos que esperar a que se celebren las elecciones, nadie concluirá un acuerdo con un cambio de Gobierno dos meses después.

P. ¿Quiere decir que sin Estados Unidos no habrá acuerdo?

R. Sí, absolutamente. Las grandes tecnológicas son en su mayoría estadounidenses, entonces Estados Unidos tiene que estar en el acuerdo o no habrá ningún acuerdo. Y si no lo hay, lo que puedes hacer es aprobar un impuesto a los servicios digitales, como el de España. La OCDE está tratando de encontrar una herramienta que sea mejor. Entonces, la primera apuesta es una solución global. Y si se quiere una solución global, EE UU tiene que estar en ella.

Pero no estamos esperando pasivamente, trabajamos muy duro. Hay un marco inclusivo y una reunión del G20 en octubre en los que esperamos elaborar dos prototipos importantes, uno para la tasa digital y otro para un impuesto mínimo de sociedades a nivel global. Es muy poco probable que [Steven] Mnuchin [el secretario del Tesoro de EE UU] diga ahora ‘Sí, lleguemos a un acuerdo’. E incluso si lo hiciera, ¿qué significaría si después Biden es elegido? Ahora bien, si hay una solución global, hay ganadores y perdedores. Y España es un claro ganador, porque es un mercado grande.

P. ¿Y quiénes van a ser los perdedores?

R. Los hubs de inversión. Países Bajos, Irlanda ...

P. La UE dijo que si no hay acuerdo avanzará en el diseño de su propia tasa Google.

R. Bruselas ha dicho: “Dejemos que la OCDE se mueva, y si fracasa, tomaremos el control”. La Unión Europea no se va a mover ahora, está esperando a que avancemos antes de tomar medidas. Así que esperemos y veamos, porque es demasiado pronto para saber qué pasará.

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Sobre la firma

Laura Delle Femmine
Es redactora en la sección de Economía de EL PAÍS y está especializada en Hacienda. Es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Trieste (Italia), Máster de Periodismo de EL PAÍS y Especialista en Información Económica por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

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