La ‘tasa Google’ pasa su primer examen en el Congreso

La mayoría de los partidos políticos ha apoyado este jueves en el Congreso que la denominada tasa Google, el nuevo impuesto que quiere crear el Gobierno para gravar las actividades de las grandes tecnológicas, siga su tramitación parlamentaria. La Cámara baja ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos, PP y Vox para la devolución del proyecto de ley del Gobierno, por lo que la nueva figura fiscal propuesta por el Ejecutivo pasará a ser debatida en la comisión de Hacienda. En la Cámara baja se registraron 198 votos en contra, 148 votos a favor y ninguna abstención.

La tasa Google diseñada por el Gobierno pretende gravar con un tipo del 3% a las corporaciones con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y de tres millones en España que, en palabras de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, “apenas contribuyen en los países donde generan beneficios”. Según las estimaciones que el Ejecutivo hizo a principios de año, esta nueva figura permitiría recaudar hasta 968 millones de euros al año, un 20% menos respecto a lo que había previsto inicialmente. La crisis económica desatada por la pandemia, además, arroja aun más dudas sobre el potencial de recaudación de esta tasa. La idea es que la nueva medida esté en vigor a finales del año, cuando tendría lugar la primera liquidación del ejercicio.

El debate de este jueves en el Congreso ha tenido lugar tan solo dos días después de que EE UU decidiera abrir una investigación a la UE y a otros nueve países, entre ellos España, para averiguar si estos impuestos digitales afectan a sus tecnológicas y responder eventualmente con aranceles. Esta es una de las principales críticas a las que se ha aferrado la oposición, que pide al Gobierno que espere a la aprobación de un impuesto internacional ―la OCDE trabaja para forjar un consenso global― o en el seno de la UE para evitar represalias desde el otro lado del Atlántico. Las amenazas de la Administración de Donald Trump ya se concretaron en el caso de Francia, que decidió congelar el impuesto después de que Washington anunciara que impondría un arancel de hasta el 100% a productos franceses importados, como el vino, por valor de unos 2.200 millones de euros.

El Partido Popular y Ciudadanos han considerado razonable este impuesto, pero inadecuada su implantación en este momento, sin esperar alcanzar un consenso internacional. El diputado del PP Javier Bas ha señalado que su implementación de forma unilateral “no es oportuna” si no está armonizada con el resto de países y que “las empresas verían perjudicada su competitividad”, una línea parecida a la defendida por Ciudadanos. El diputado de Vox Rodrigo Jiménez ha denunciado que la tasa penalizará la digitalización de la economía y frenará la inversión extranjera.

El Ejecutivo, por su parte, sigue firme en su decisión de seguir con la tramitación del impuesto de manera unilateral. El Gobierno de coalición aprobó la nueva figura fiscal a mediados de febrero, junto a la denominada tasa Tobin a las transacciones financieras. Sin embargo, siempre ha asegurado que adecuará su propio impuesto en cuanto se llegue a un consenso internacional, algo que Montero ha vuelto a reiterar este jueves, al afirmar que la norma tendrá “carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo”.

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