Los pisos protegidos, en declive

Acceder a una vivienda se ha convertido en una meta inalcanzable para millones de personas en España, y la escalada de precios del sector inmobiliario ya es el primer problema para la población, según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A pesar de la presión social, con manifestaciones públicas cada vez más multitudinarias, el escenario está lejos de enderezarse: el alquiler ahoga a muchas familias, la compra es inasequible y la vivienda social, que ofrece una alternativa a personas con menos recursos, es cada vez más escasa.

En los años noventa, los distintos gobiernos promovieron, de media, 61.000 viviendas protegidas anuales, una cifra que entre 2021 y 2023 alcanza las 9.600 —seis veces menos—, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El presupuesto público sigue sin responder a la demanda, pese a su incremento desde el año 2021.

La vivienda social ha perdido peso de forma progresiva en España. En los años ochenta se llegaron a poner en el mercado más casas protegidas que libres: en 1985 se edificaron 114.067, que representaron un 67,2% del total de las construidas ese año, según datos del ministerio. Sin embargo, las viviendas de venta libre se sobrepusieron desde la década siguiente y el clímax del arrinconamiento a la vivienda pública llegó en 2022 con la construcción de 518.273 inmuebles, de los cuales solo 37.544 (7,2%) eran protegidos.

La estocada definitiva la asestó el estallido de la burbuja inmobiliaria, según Josep María Raya, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y catedrático de Economía Aplicada de Tecnocampus-UPF: “Entre 2010 y 2012 se ejecuta lo que se tenía previsto y se deja de construir”, recuerda. En 2023, España contaba con un parque de 318.000 pisos sociales, lo que representaba el 1,72% de los 18,5 millones de hogares españoles, según los datos del último Censo de Población y Viviendas de 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra muy alejada del 9% de la media europea.

El consecuente déficit tensiona más el mercado inmobiliario: la vivienda pública actúa como cortafuegos del encarecimiento, pero si ese parque es escaso, las personas con menos recursos deben acudir a inmuebles libres, cuyos precios escalan. El problema es que las costuras en el sector aprietan a cada vez más capas de la población, según Albert Sala, miembro experto del think tank Grupo Viso: “Ya no es una cuestión de los más excluidos de la sociedad, sino que condiciona a jóvenes que no pueden emanciparse, personas mayores sin ingresos crecientes, familias, trabajadores pobres o inmigrantes”, apunta.

Escasa atención

Una de las claves en la reducción inmobiliaria de protección social es la merma de los recursos públicos destinados a la misma. “Tras la burbuja inmobiliaria se deja de hacer política de vivienda, que ha ido dando tumbos”, apunta Raya. Desde 2021, la inversión pública ha aumentado, impulsada en parte por los Fondos Next Generation de la UE, que han destinado hasta ahora 6.620 millones de euros a política de vivienda, según el Ministerio de Hacienda. El gasto en esta partida ha crecido en los Presupuestos Generales desde los 481 millones de euros en 2021, previo a la inyección europea, hasta los 3.477 millones de 2023.

Sin embargo, la inversión sigue siendo insuficiente, según Raya. “La vivienda ha ganado importancia en el debate público, pero todavía hay que verlo presupuestariamente”, apostilla el profesor. España destina solo el 0,15% de su PIB a políticas de vivienda, muy por debajo del 0,55% de la media europea, y lejos de partidas como sanidad (7,8%) y educación (4,9%), según el informe La vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar del Grupo Viso.

Para Sala, la diferencia es clave: “La vivienda no está recogida como un derecho fundamental en la Constitución, como sí lo están las pensiones, la sanidad o la educación, y eso se traslada al gasto y a la asunción de la responsabilidad”.

Paso a titularidad privada

Otra cuestión que ha influido en el exiguo parque de vivienda social actual es el modelo mantenido en España: las viviendas protegidas han sido, en su gran mayoría, de titularidad privada, y las públicas se han podido comprar y vender a precio de mercado pasado un tiempo, según los expertos. Un estudio elaborado en 2024 por CCOO estimaba que cada año se descalifican entre 40.000 y 50.000 viviendas protegidas, lo que implica que 368.000 han pasado a manos privadas entre 2013 y 2023, tres veces más de las que se han construido.

Entre las soluciones, Sala destaca la posibilidad de impulsar la colaboración público-privada, agilizar los trámites urbanísticos y movilizar inmuebles vacíos. Sin embargo, los expertos insisten en la necesidad de consolidar un parque de vivienda social que no acabe en el mercado libre, como ha ocurrido en el pasado. El Grupo Viso calcula que España necesitaría 814.000 viviendas asequibles y sociales para paliar la actual crisis, y sumar otro millón para sortearla en los próximos 10 años. “La urgencia es tan grande que hasta que no tengamos un parque estable para cubrir las necesidades de los más desfavorecidos no podemos pensar en otro modelo”, zanja Raya.