Pablo Rodríguez: “No podemos hablar de la vivienda como un elemento de mercado exclusivamente”

Pablo Rodríguez (Telde, Gran Canaria, 43 años) es consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias. Vive en una casa en propiedad en su localidad natal, donde se inició en la política como concejal de urbanismo. En 2017, durante la primera legislatura de Fernando Clavijo como presidente autonómico, fue nombrado vicepresidente cuando su partido, Coalición Canaria, dio por roto el pacto con el PSOE y comenzó a gobernar en solitario. Los nacionalistas volvieron al poder en 2023 y en esta ocasión la vicepresidencia ha correspondido al PP, pero Rodríguez añadió a sus funciones en el anterior gobierno la patata caliente de la vivienda. Un asunto, dice, en el que está más que justificada la intervención pública.

Pregunta. ¿Qué le enseñó la experiencia municipal para gestionar las políticas de vivienda?

Respuesta. A ponerle caras a un problema que hoy es el principal problema que tienen los canarios y las canarias, y que afecta a muchísimas familias. A lo mejor hace dos décadas afectaba principalmente a los más vulnerables y a los más jóvenes, pero hoy es un problema que está arraigado en toda la sociedad. Y en eso la política municipal te da un baño de realidad.

P. ¿Cuáles son las principales urgencias ahora mismo?

R. El Gobierno de Canarias, desde el inicio de esta legislatura, planteó que precisamente la vivienda era una emergencia. En febrero de este año declaramos por decreto ley la emergencia habitacional en Canarias. Se ha convertido en un problema generalizado en todas las islas. Y estamos haciendo la mayor apuesta que se ha hecho en la historia para profundizar en instrumentos que permitan articular y movilizar viviendas de carácter público, en primer lugar; de carácter protegido, en segundo lugar; y vivienda en general, en tercer lugar. No es un problema nuevo, pero tiene muchas aristas y los instrumentos para resolverlo no son uno o dos.

P. ¿Cuáles son esos instrumentos?

R. En la última década y media, prácticamente no se ha construido vivienda pública. Ahí hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos 12 meses y tenemos más de mil viviendas públicas construyéndose en todas las islas. Es un buen balance, pero somos conscientes de que tenemos que multiplicar esa cifra. Y también somos conscientes de que no solo la vivienda pública va a dar respuesta a la emergencia habitacional. Por eso hemos aprobado también una serie de instrumentos para incentivar al sector privado a construir vivienda protegida.

P. ¿Cómo van a atraer al sector?

R. Diversos incentivos tienen que ver con la gestión del suelo. En muchos casos, facilitar la transformación de suelo de uso turístico en residencial, garantizando una reserva de vivienda protegida. En otros, transformación de edificaciones ya existentes en vivienda, reservando la mitad a vivienda protegida. Estamos en unas islas que tienen gran parte de su territorio protegido, el consumo de suelo es muy limitado y los planteamientos están basados en edificaciones construidas o en suelo urbanizable que no se ha desarrollado. Y por último, movilizar las viviendas que ya existen y que están cerradas. Insisto: no existen precedentes en Canarias de tantos instrumentos y medidas para para dar respuesta, sabiendo perfectamente que no hay una varita mágica y que no hay una sola medida que sea la panacea.

P. ¿En Canarias hay zonas tensionadas de precios?

R. La declaración de emergencia habitacional es una declaración a su vez de que toda Canarias está tensionada. No encuentro matices que diferencien una zona tensionada de una zona declarada en emergencia habitacional. Probablemente estaremos hablando de cosas muy similares. Lo que conlleva luego una cosa y la otra es lo que podríamos entrar a discutir, pero la declaración de zona tensionada en sí misma no es un fin, es una declaración para tomar acciones específicas de forma urgente, extraordinaria, excepcional... Y lo que hemos hecho con la declaración de emergencia habitacional es aprobar una serie de medidas excepcionales.

P. ¿Pero no contemplan las fórmulas que prevé la ley estatal?

R. Ningún ayuntamiento de Canarias ha solicitado la declaración de zona tensionada con los informes preceptivos que eso conlleva. La ley conlleva unas medidas específicas para esa zona y las medidas específicas nosotros las hemos declarado para toda Canarias. Parece que se trata de simplificar todo en que hay una limitación del precio de alquiler, y eso no es lo único.

P. Ustedes rechazan los topes de rentas, ¿no?

R. Discrepamos. Si alguien justifica que limitar el precio de alquiler en una zona tensionada garantiza que va a ser más sencillo el acceso a la vivienda a los ciudadanos, nosotros lo vamos a defender. Pero a priori, las experiencias lo que han arrojado, y creo que hay informes varios en ese sentido, es que se reduce la oferta. Y nosotros no queremos limitar la oferta.

P. Pero la promoción es lenta, ¿qué plantean a corto plazo?

R. Tenemos más de mil viviendas construyéndose y vamos a poder hacer entrega de llaves a partir de 2025 y 2026. Con eso va a ir mejorando la situación. La transformación de edificaciones tiene un plazo de ejecución muy inferior a la construcción; y la movilización de vivienda vacía, también. Estamos explorando una vía de colaboración público-privada con los agentes inmobiliarios y aseguradoras para tratar de garantizar la renta y que sean los agentes quienes las comercialicen. El Gobierno canario avalaría la renta y pondría unas condiciones de precio.

P. También están explorando la limitación de compra por parte de extranjeros.

R. Si hay un territorio sensible, que tiene condiciones para buscar la excepción en el marco de la Unión Europea, es Canarias por su condición de región ultraperiférica insular. Hemos encargado distintos informes para argumentarlo, con el objetivo de que haya una limitación a los no residentes. Hay datos en los últimos años de que hasta un tercio de la compraventa de vivienda se da por personas no residentes. Esto condiciona mucho la oferta y la demanda. Por lo tanto, impacta en el problema de la vivienda.

P. El PP, su socio de Gobierno, suele criticar el intervencionismo en materia de vivienda. Y esta medida claramente lo es…

R. Prácticamente todas las medidas que hemos aprobado en los últimos años son intervencionistas. Estamos interviniendo en el mercado. Cuando aprobamos ayudas al alquiler para incentivar la oferta o para ayudar a la demanda, estamos interviniendo; y cuando hablamos de generar limitaciones, pues también. No podemos hablar de la vivienda como un elemento de mercado exclusivamente. Creo que esa es la clave del asunto. La vivienda es un derecho recogido en la Constitución, recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, y es clave y determinante para construir un proyecto de vida. Por lo tanto, si hay un elemento que justifica precisamente todas estas acciones es que la vivienda es algo más que mercado. Es un derecho que tienen los ciudadanos.

P. ¿Qué hacemos con los apartamentos turísticos?

R. Cuando hablamos de que la oferta de vivienda se ha ido limitando, una parte de esa vivienda se ha ido al vacacional. Lo que ha hecho el Gobierno canario es poner sobre la mesa una regulación sin precedentes. La nueva ley que va a debatirse en el Parlamento de Canarias establecerá un tope en cada localidad, probablemente del 10% sobre el total de las viviendas. Ese tope se supera en muchos municipios y van a tener que regular y zonificar los propios ayuntamientos.

P. ¿Y van a dotar de más poder a la inspección para controlarlo?

R. Entre cabildos y ayuntamientos, porque ahí hay responsabilidades compartidas, tenemos que dotarnos de más medios. También hay un cambio muy importante: junto con la declaración responsable para solicitar una vivienda turística, habrá que incorporar documentación técnica complementaria para garantizar la protección del usuario turístico y de los vecinos. No estamos en contra del vacacional, es un elemento más que aporta a nuestro destino turístico. Lo que tenemos que cuidar es que no denigra ni perjudica al destino turístico ni tampoco afecta a la población residente en la búsqueda de una vivienda.

P. ¿Qué política desarrolla Canarias que podrían copiar otras CCAA?

R. Hay políticas que aprobamos en febrero de este año que ya se han ido aprobando en otras comunidades. Por ejemplo, la transformación de uso de edificaciones. Igual que nosotros estamos mirando constantemente, no se lo puedo negar, lo que hacen todas las comunidades autónomas en materia de vivienda, y no solo en España.

P. ¿Sería recomendable un pacto de Estado? ¿por qué parece tan difícil alcanzar a veces acuerdos en materia de vivienda si todos coinciden en que es un gran problema?

R. Hay asuntos que considero que son políticas de Estado. La vivienda tiene que convertirse en una de esas cosas y debe de ser un asunto que esté por encima de las discrepancias políticas de partido. En Canarias, el plan actual de vivienda, que finaliza el año próximo 2026, se aprobó por unanimidad. Hemos comenzado a hablar del siguiente. Lo que se hace en Canarias se podría hacer también en el Estado. Es verdad que nosotros hemos logrado, igual por la distancia, alejarnos bastante de la política tan polarizada que vemos diariamente en el Congreso.