Hoy es día de mercadillo y está permitida la venta ambulante en Cañaveral (Cáceres). El bullicio de los puestos de verdura no se consigue colar en el despacho del alcalde de este pueblo cacereño de poco más de mil habitantes. Pero sí el sonido de las campanas de la iglesia de Santa Marina, que cada 15 minutos recuerdan que el tiempo pasa. Jacinto Sánchez, el regidor, se levanta, coge de la estantería una pequeña roca y una botella de agua y sale al balcón.

—¿Veis eso de color lila? Es el litio, dice después de echarle a la piedra un chorrito de agua.

A cinco kilómetros de ahí, en mitad de una dehesa boyal, está Las Navas, una antigua explotación minera de estaño de la que en los últimos meses han oído hablar mucho en los despachos de Mérida, Madrid y Bruselas. Porque esta mina abandonada en los ochenta guarda una reserva de litio, un elemento clave para el desarrollo de las baterías y que junto a las energías renovables está llamado a liderar la transformación que debe desenganchar a la economía mundial de los combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En esta carrera global, Extremadura se ha situado encima de la gran ola verde. No solo por lo que guarda esta comunidad en el subsuelo, sino también por lo que hay sobre las cabezas de su millón de habitantes: el sol que alimenta los paneles fotovoltaicos que generan electricidad. El pasado año, con 1.300 megavatios nuevos, Extremadura fue la comunidad de España en la que más potencia fotovoltaica se instaló. “El 22% del total nacional”, recuerda Olga García, consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Este año esperan instalar otros 1.300 megavatios y el ritmo continuará así hasta llegar a 2030, cuando habrán multiplicado casi por 15 la capacidad fotovoltaica que había en 2019. Para finales de esta década, además, el 100% de la electricidad que se genere en Extremadura vendrá solo de fuentes renovables y la región llegará a cero emisiones netas. Esto supone que Extremadura alcanzará la neutralidad climática 20 años antes de lo previsto para el conjunto de España.

El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, habla de una industrialización ligada a este desarrollo de las renovables y de una oportunidad que no quieren dejar pasar. “Las cosas que hemos cuidado durante mucho tiempo son las que ahora más valor tienen”, sostiene sobre la economía verde. “Tenemos mucho suelo, tenemos mucho sol, tenemos mucha agua…”. Y añade: “Se están empezando a repartir de nuevo cartas en el mundo y con las que ahora vamos a jugar no son las mismas que las que nos dejaron hace 30 años”.

“Tenemos mucho suelo, tenemos mucho sol, tenemos mucha agua...”

Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura

Converger puede ser una de las palabras de esta historia. Converger con la media de la renta per capita española: 26.400 euros, frente a los 19.400 de Extremadura. O con el peso de la industria manufacturera en la economía: un 5,9%, frente al 11,2% nacional.

Pero tanto en la revolución solar como en el auge del litio también hay críticas y gente muy inquieta. Como los ecologistas y algunos vecinos de Cañaveral que rechazan el impacto que tendrá la mina. O el Ayuntamiento de Cáceres, que se opone radicalmente a que se abra otra explotación de litio en su término municipal. O las asociaciones de agricultores, que miran con preocupación la expansión de los paneles solares en tierras de cultivo.

Fernando López-Rodríguez, catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Extremadura, carga contra la proliferación de estas instalaciones. “Se están abriendo un montón de plantas, sí, pero ¿de qué nos sirven? Casi todas son de grandes empresas que no radican aquí y que lo único que dejan en Extremadura es la licencia de obra, el IBI y poco más”, critica. El estudio Cómo evitar la tercera colonización energética de la región, del que es coautor, denuncia el trato favorable que están recibiendo las eléctricas y exige a las compañías una compensación a cambio de instalarse en la región.

Fernández Vara defiende: “Estamos trabajando para que gran parte de las torretas eléctricas que se instalen se fabriquen aquí, para que gran parte de los transformadores que se pongan se fabriquen aquí... Están aumentando los megavatios, pero también las plantillas de las empresas que tenemos de la industria auxiliar al sector de las renovables”. La Junta sostiene que solo los 1.300 megavatios de energía solar instalados el pasado año generaron entre 4.000 y 6.000 empleos. El problema es que, una vez puestas en marcha, estas plantas apenas necesitan mano de obra.

Pasado. Embalses y energía nuclear

Media legión de trabajadores —hasta 3.500 en los picos de más faena— hizo falta para construir la gigantesca presa y la central hidroeléctrica de José María de Oriol, una de las más grandes de España, con 916 megavatios de potencia. Se levantó durante la dictadura, en la década de los sesenta, en el río Tajo, un kilómetro aguas arriba del puente romano de Alcántara y a tiro de piedra de Portugal.

Desde las entrañas de esta mole de 130 metros de altura, Adela Barquero, responsable de Iberdrola en la cuenca del Tajo, resalta la impresionante obra de ingeniería que supuso este embalse en su día. Su interior, hueco, parece una catedral de hormigón. “La central entró en operación en 1969 y el embalse fue en su momento el más grande de Europa”, recuerda. Ahora, 15 personas trabajan en las instalaciones.

La de Alcántara es la central más potente de la comunidad, pero ni mucho menos la única. Iberdrola —que tiene desde 1956 la concesión para el aprovechamiento hidroeléctrico en la cuenca extremeña del Tajo— cuenta con ocho centrales más, y Endesa suma otras tres en la cuenca del Guadiana. Con unos 2.200 megavatios instalados, Extremadura es la tercera comunidad con más potencia hidroeléctrica, tras Galicia y Castilla y León.

La hidroeléctrica fue la primera “colonización energética” de la que hablan López-Rodríguez y el resto de firmantes del estudio crítico con la forma en la que se están instalando ahora las renovables. La segunda colonización fue la nuclear, con la construcción en el municipio de Almaraz de la central de este tipo más potente de todo el país. Empezó a funcionar en 1981 y es propiedad de Iberdrola, Endesa y, en un pequeño porcentaje, de Naturgy. Con las dos colonizaciones anteriores, dice López-Rodríguez, “las eléctricas hicieron y siguen haciendo mucho dinero”. “Pero nosotros necesitamos tejido industrial y que estas empresas dejen más riqueza en Extremadura. Y, tal como es ahora, no dejan empleo, no dejan industria y no dejan prácticamente nada”, añade el catedrático.

“Necesitamos tejido industrial y que las empresas que se instalan dejen más riqueza en Extremadura”

Fernando López-Rodríguez, catedrático de la Universidad de Extremadura

Fernández Vara no niega que las eléctricas hayan logrado beneficios gracias a la energía hidráulica y la nuclear en los últimos 40 años, pero defiende el impuesto o ecotasa que impuso a estas compañías el Gobierno extremeño y que, tras una larga batalla judicial, fue bendecido en 2019 por el Tribunal Constitucional. “Ya van más de 1.000 millones de euros ingresados en una década, lo que nos ha permitido hacer más colegios, más hospitales, contratar más médicos y profesores”, argumenta.

La consejera Olga García añade que “en el pasado, la hidroeléctrica y Almaraz han contribuido mucho al desarrollo de Extremadura”. “Podrían haber contribuido más, pero eran otros tiempos; afortunadamente, ahora el despliegue renovable lo gobernamos desde aquí y es un escenario completamente distinto”, opina.

El escenario energético que plantea la Junta para esta década pasa por un mix eléctrico dominado por la solar, con una participación menor de la eólica y con la misma presencia de la generación hidráulica que ahora. En la cuenca existen varias centrales que tienen mecanismos de bombeo y, según explica Adela Barquero, hay un proyecto para que en la presa de Alcántara también se instale otro de 700 megavatios de potencia. Este tipo de sistemas permiten que las hidroeléctricas puedan operar como almacenamiento de electricidad, ofreciendo un respaldo a la solar y la eólica cuando no hay sol o viento.

Pero en la hoja de ruta trazada hasta 2030 por la Junta no hay lugar para la central nuclear de Almaraz. Sus dos reactores, según los planes del Ejecutivo central, tendrán que desconectarse de la red eléctrica en 2027 y 2028. Y ese factor también supone una oportunidad enorme para la expansión fotovoltaica.

Presente. La revolución solar

La sucesión de plantas fotovoltaicas a ambos lados de la A-5, en el límite entre Toledo y Cáceres, es solo el aperitivo de lo que está por venir. La proximidad de Almaraz provee un mallado único de redes de interconexión que hace muy sencillo el volcado, y el sol, con una radiación continua durante gran parte del año, es de una intensidad solo equiparable con la de las vecinas Andalucía y Castilla-La Mancha y con la de Murcia o las islas Canarias.

La percepción de todas las fuentes consultadas es que este auge no ha hecho más que comenzar: cuando la nuclear cacereña eche definitivamente el cierre, sus casi 3.000 megavatios deberán ser reemplazados por nuevas fuentes de energía, y la solar cuenta con varias cabezas de ventaja. “Extremadura lo tiene todo para ser esencial en la transformación energética de España”, explica José Luis Morlanes, consejero delegado de Alter Enersun, uno de los actores locales que están creciendo a lomos de la revolución fotovoltaica. “Todos los caminos se encuentran aquí”.

Cosme Segador, director de la Agencia Extremeña de la Energía, reconoce: “Disponemos de mucho terreno y a precios más asequibles que en otras zonas de España. Pero si no hubiesen existido la hidráulica y la nuclear, el enorme desarrollo [de la fotovoltaica] que hay en marcha sería más difícil: la red eléctrica ya estaba dimensionada”. Las facilidades ofrecidas por la Junta son otro factor clave, según José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal del sector: “Es el petróleo extremeño y lo están favoreciendo”.

El momento es ahora. “Aquí está la energy y nosotros lo que hacemos es poner el capital”, resume en un juego de palabras con el nombre de su empresa Pedro Alarcón, de Capital Energy, que tiene 1.200 megavatios en cartera para los próximos años en esta comunidad.

La ebullición es más que visible sobre el terreno. La mayor de esas plantas limítrofes entre Extremadura y Castilla-La Mancha —aunque siempre en la vertiente extremeña— es la que Solarcentury (hoy en manos de la noruega Statkraft) ha desarrollado en una enorme dehesa en los aledaños de Talayuela. La mirada se pierde en un mar de más de 800.000 módulos: conectada a la red poco antes del confinamiento, sus 300 megavatios, suficientes para abastecer a unos 150.000 hogares, la sitúan entre las cuatro mayores fotovoltaicas de la región.

“Antes, los jóvenes del pueblo se iban a trabajar en la construcción, y esto hace que nos quedemos aquí”, defiende Martina Paniagua, una de las empleadas permanentes en el proyecto. La tercera parte de las 1.000 personas que han trabajado en las obras son locales, pero esa cifra bajará hasta solo una decena larga de técnicos y un puñado de guardas de seguridad y operarios de limpieza cuando la planta esté completamente terminada. Es el sino del sector, muy intensivo en mano de obra en las primeras fases, pero muy poco cuando los paneles ya están a pleno rendimiento y solo necesitan supervisión.

La experiencia de haber trabajado en un desarrollo así, sin embargo, ofrece una alternativa de futuro incluso para los menos cualificados. “Da la oportunidad de aprender un oficio que abre la puerta para emplearse en otros proyectos de la zona, como los de Trujillo”, explica Paniagua. Cuando habla de Trujillo se refiere a un coqueto municipio de casi 10.000 habitantes situado a 50 minutos en coche de Talayuela que hoy —pese a la pandemia— está viviendo un pico de actividad gracias al tirón de estas plantas y que representa a la perfección las tres oleadas de la solar en Extremadura.

La primera, que fue más tímida y todavía al calor de las ayudas públicas, es patente en la granja solar de La Magascona. Los 20 megavatios instalados en 2007 palidecen hoy en comparación con la mayoría de los proyectos que se ponen en marcha. Pero en su momento la convirtieron en la mayor fotovoltaica de Europa. Era el final de la burbuja inmobiliaria, cuando el ladrillo pendía de un hilo y este sector garantizaba una rentabilidad nada desdeñable gracias a unas primas que pronto se demostraron inviables.

No pocos trabajadores, como Pedro Porras, hicieron el tránsito del ladrillo a la solar. Ante el hundimiento de su sector, este arquitecto técnico de 38 años encontró refugio en el mantenimiento de paneles. Más de una década después, supervisa varias plantas en la región y no piensa ni remotamente en volver a su vida profesional anterior: la estabilidad de la fotovoltaica es mayor y en Extremadura, dice, su apogeo no ha hecho más que empezar. “Cada vez hay más gente trabajando en esto: a determinadas horas, en Trujillo no se ven más que chalecos amarillos”, dice.

Uno de esos chalecos es el de Ana Franco, también aparejadora de formación y reconvertida en técnico de riesgos laborales, que se desempeña en las obras de la planta Francisco Pizarro, que promete ser la más grande del continente cuando Iberdrola la inaugure en 2022. “Es una oportunidad que en la mayoría de los casos dura unos meses, pero también es un trampolín: quien pueda moverse a otras partes de Extremadura o de España no creo que vaya a tener ningún problema en reengancharse en otros proyectos”. Ella, con hijos pequeños, ve un poco más difícil trasladarse. Pero, “en estos tiempos”, no lo descarta.

El auge de la solar en la región tiene dos caras: un sinfín de plantas de 50 megavatios o menos —un umbral para nada aleatorio: a partir de esa cifra los procesos burocráticos para la obtención de permisos se complican—, mayoritariamente capitaneadas por empresas medianas y fondos de inversión; y los megaparques bajo el paraguas de las grandes eléctricas, todos ellos por encima del triple dígito de potencia instalada en cada planta.

La organización Ecologistas en Acción se ha mostrado muy crítica con la forma en la que se están tramitando los permisos y ha denunciado la fragmentación de grandes proyectos fotovoltaicos en otros más pequeños de menos de 50 megavatios para que el Gobierno central no sea el que los evalúe. Esto hace, sostiene esta ONG, que no se valoren bien los impactos acumulados en las zonas afectadas. También inquieta este proceso a agricultores y ganadores. Ignacio Huertas, jefe de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Extremadura, afirma: “Es un modelo que nos preocupa: alquilan tierras a precios que nosotros no podemos pagar y el resultado es una disminución de la superficie dedicada a nuestra actividad. Y, a diferencia de estas empresas, nosotros vivimos aquí, mantenemos los pueblos abiertos y generamos empleo y riqueza”.

Según las cifras de Ángel García Blanco, responsable regional de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), las compañías pueden estar pagando a los dueños de los terrenos entre 1.400 y 1.800 euros anuales por hectárea, 10 veces más que si se dedican a actividades agrícolas. “Extremadura se está convirtiendo en el parque fotovoltaico de Europa y ya estamos sufriendo la competencia por la tierra”, lamenta. “Cuando una de estas empresas llama a la puerta, le toca la lotería al propietario de la tierra, que logra una jubilación más que generosa. Pero también desaparece un agricultor”.

La consejera Olga García se revuelve contra algunas de estas críticas: “Nos acusan de estar alicatando la comunidad, pero no es cierto. Si se cumple nuestro plan, en 2030 no estará ocupado por la solar y la eólica ni el 1% de la superficie total de la región”. Y defiende los beneficios para el territorio: “El 74% de los impactos positivos del despliegue se quedan en el entorno rural, y los ayuntamientos tendrán algo más de 1.300 millones de euros de ingresos. Ningún otro sector es capaz de generar los impactos que está generando el energético”.

Futuro. Las promesas del litio

La piedra que guarda el alcalde de Cañaveral en su despacho es el símbolo de las promesas del litio. “Queremos trabajo y el litio es necesario”, resume Jacinto Sánchez, que hace un repaso de una historia bien conocida en muchos pueblos de Extremadura: “Ahora somos 1.000 habitantes, pero en los setenta había 2.700. Era un pueblo industrial. Había una fábrica de chocolate, otra de café… Estábamos muy bien ubicados gracias al ferrocarril. Pero nos empezamos a despoblar en los setenta, las fábricas se cerraron y muchos emigraron a Cataluña”.

La empresa que quiere abrir la mina en el antiguo yacimiento de estaño de Las Navas promete invertir 318 millones de euros y crear 405 empleos. “Los seis primeros años operaríamos a cielo abierto y los 13 restantes en galería”, explica Ignacio Baños, consejero delegado de Lithium Iberia, la sociedad que ha solicitado a la Junta que le conceda la explotación de este yacimiento ubicado en Cañaveral, uno de los ocho de los que se tiene constancia en esta comunidad.

Baños sostiene que han invertido desde 2019 cinco millones de euros y que las entidades financieras están muy interesadas en este proyecto. “Hemos realizado 34 sondeos durante la pandemia, trabajábamos 24 horas al día y siete días a la semana”, recuerda desde una nave a las afueras de Cañaveral cedida por el ayuntamiento. Ahí están apiladas centenares de cajas de madera en las que se guardan, clasificados por profundidad y sondeo, los resultados de las catas que han hecho. “El litio está donde está, y tenemos la inmensa suerte de que está en Extremadura”, resalta Baños.

Sin embargo, no todos ven el litio como una buena oportunidad de futuro. En febrero se constituyó una plataforma que rechaza el proyecto y que tiene su base de operaciones en Grimaldo, una pequeña pedanía de Cañaveral situada a unos dos kilómetros de la zona en la que iría la corta minera. “Esto es pan para hoy y hambre para mañana”, sostiene César González Díaz, copropietario del establecimiento hotelero La Posada de Grimaldo. “Van a destruir más empleo estructural del que van a crear”, afirma sobre las consecuencias del proyecto este miembro de la plataforma contraria a la mina. González recuerda que la Asociación Empresarial de Monfragüe-Endemo ha rechazado el plan y que un escrito contrario a la mina en Change.org ha recogido más de 30.000 firmas hasta ahora.

La expansión de la minería de litio en Extremadura, una de las pocas zonas de España en las que se ha confirmado la presencia de este mineral, no está siendo pacífica hasta ahora. El otro gran proyecto, el de Valdeflorez, en el término municipal de Cáceres, ha sido vetado por la Junta, que no ha concedido la autorización para llevar a cabo los sondeos debido a que la normativa municipal no permite el desarrollo de estas actividades en la zona en la que se quieren realizar las catas. La empresa promotora, Infinity Lithium, acaba de recurrir una decisión del Gobierno regional que ha supuesto frenar un proyecto que cuenta con el rechazo de todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Cáceres.

Olga García deja claro que su departamento no tiene intención de “pasar por encima de la voluntad del Ayuntamiento de Cáceres”. Pero mantiene que en el caso de Cañaveral las circunstancias son diferentes. “La ubicación de la futura corta no está tan cerca del núcleo urbano, como ocurre en Cáceres”. La consejera, además, añade: “Las empresas tienen que comprender que la riqueza se tiene que quedar en el territorio, si no es mucho más complicado que se entienda el proyecto”.

El alcalde de Cañaveral, medio en broma, medio en serio, lo dice más a las claras: “Si nos hacen el agujero, que monten la fábrica aquí”. El agujero es la corta, de unas 24 hectáreas, que pretende abrir a cielo abierto la compañía. Y cuando dice fábrica se refiere a la factoría de cátodos para las baterías que Lithium Iberia y sus socios de Phi4tech han prometido que construirán en la provincia de Cáceres, pero cuya localización definitiva no está decidida aún. “Pretendemos que la cadena de valor se quede en Extremadura”, sostiene Baños. Según sus cálculos, de la explotación saldrán al año 35.000 toneladas de hidróxido de litio y una parte importante irá a esa fábrica de cátodos.

La tercera pata de este proyecto, explica Mario Celdrán, consejero delegado de Phi4tech, será la fábrica de celdas que se ubicará en Badajoz. “Todo el proyecto ronda una inversión de 1.000 millones”, cuenta Celdrán, cuya empresa está junto a Seat e Iberdrola dentro de uno de los planes estratégicos de recuperación —los llamados PERTE— que aspiran a recibir financiación europea en los próximos meses. “Nuestra intención es fabricar las baterías tanto para el mundo de la automoción como para las utilities [las empresas suministradoras de electricidad y gas]”, añade. “Si todo fuera con los tiempos ideales, en 2023 podría estar operativa la primera parte del proyecto”, sostiene Celdrán, lo que incluiría también para ese año el inicio de los trabajos en la mina de Cañaveral.

Los promotores de la mina —que no descartan en el futuro buscar algún socio tecnológico para la explotación del yacimiento, ya que no tienen experiencia en ese campo— afirman que entre junio y julio presentarán toda la documentación del proyecto: el plan de explotación, el de restauración y la información ambiental. Será ahí cuando realmente se vea si es viable el impacto que se plantea. Porque nadie niega que la mina, de salir adelante, tendrá un impacto medioambiental.

“Hay que explicar los pros y los contras. Hay que explicar lo bueno, lo menos bueno y lo malo”, mantiene Olga García. A los contrarios a la explotación les preocupa la corta minera, pero también la factoría para el tratamiento del litio que se tendrá que instalar y los residuos sólidos y líquidos que se generarán y que se depositarán en grandes escombreras alrededor del yacimiento. La plataforma contraria al proyecto calcula que se cortarán 2.000 encinas y sus integrantes están preocupados por el uso del agua.

Julio César Pintos, miembro de la plataforma y de Ecologistas en Acción, señala que “la mina de Cáceres tenía mucho más litio, esta era la segunda opción”. “¿Tenemos que ser zona de sacrificio porque somos pobres?”, se pregunta. Este activista cree que, al final, tendrán que acudir a los tribunales para intentar parar el proyecto.

“¿Tenemos que ser zona de sacrificio porque somos pobres?”

Julio César Pintos, miembro de Ecologistas en Acción

Eloise Breña, vecino de Cañaveral, sí quiere que salga adelante la mina. “El pueblo está en declive, en decadencia”, sostiene. Pero lamenta la falta de información que ha reinado hasta ahora. Recuerda también la decepción que esta comarca cacereña se llevó en 2012, cuando otra empresa anunció que abriría una enorme mina de estaño en el vecino municipio de Pedroso. Al ayuntamiento de esa localidad llegaron 14.000 currículos, pero el proyecto nunca salió adelante. “La gente que vivimos aquí necesitamos alternativas y trabajo para que no nos conozcan solo como los de la paga de los 400 euros”, zanja el alcalde de Cañaveral mientras las campanas de Santa Marina recuerdan que han pasado otros 15 minutos más.

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