Extremadura gana una guerra a las eléctricas

Hay victorias que valen más que la cuestión en disputa. Algo de eso es lo que piensan los responsables extremeños tras conocer que el Tribunal Constitucional ha terminado finalmente dándoles la razón y avalando la ecotasa, como se conoce popularmente al impuesto regional sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente. Se sienten como un David contra Goliat tras luchar durante casi 20 años contra las grandes eléctricas en los tribunales. La victoria jurídica les ha evitado devolver a las eléctricas casi 1.000 millones por impuestos cobrados desde 2009.

"La victoria aguarda a los que no se rinden", sentencia José Manuel Jover, letrado general de la Junta de Extremadura. Este cacereño lleva media vida preparando escritos, alegaciones y recursos para defender este tributo regional, con una historia singular, de las grandes compañías energéticas.

En 1997, el Gobierno autonómico del extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) aprobó tres nuevos tributos para tratar de escapar de las dificultades financieras que atravesaba entonces la comunidad: el impuesto sobre los depósitos bancarios, otro sobre los solares sin edificar y el de instalaciones que incidan en el medioambiente. Respondían a la idea de que los más ricos (la banca, las inmobiliarias y las eléctricas) debían contribuir más bajo el principio de justicia social, según recuerda, la vicepresidenta Extremeña y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. Pero estos impuestos fueron recurridos inmediatamente. El Gobierno de Aznar también torpedeó estos tributos aduciendo que invadían competencias estatales y los llevó al Constitucional.

Dos varapalos en el Constitucional antes de la victoria final

A finales de 2012, el Constitucional finalmente dio luz verde al impuesto sobre depósitos bancarios y seis años más tarde, el pasado 31 de octubre, también validó la ecotasa, según adelantó el Diario Hoy. "Esta sentencia coloca a Extremadura en la vanguardia de la tributación verde en España, de la progresividad y de la sostenibilidad fiscal", valora Blanco-Morales, que recuerda que "Extremadura siempre ha ejercido su corresponsabilidad fiscal bajo el prisma de respeto institucional".

La Junta se ha librado de devolver casi 1.000 millones a las compañías

Pero el camino hasta ese punto ha estado repleto de obstáculos. Durante este tiempo la Junta de Extremadura acordó en 2005 con el Gobierno de Zapatero reformular el impuesto para que tuviera un mayor carácter medioambiental a cambio de retirar el recurso de inconstitucional del Ejecutivo de Aznar.

Pero las eléctricas habían planteado la guerra por otro flanco. Presentaron una cuestión de constitucionalidad alegando que en la redacción inicial la ecotasa era muy parecida al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), lo que provocaba doble tributación. En este embate las energéticas consiguieron que el Constitucional anulara en 2006 el impuesto en su redacción inicial. Y aunque la ecotasa ya había sido reformada para seguir funcionando, la Junta tuvo que compensar a las eléctricas por lo cobrado hasta entonces.

Iberdrola, propietaria mayoritaria de la central nuclear de Almaraz, el principal contribuyente del impuesto extremeño, volvió a pleitear. En esta ocasión con el argumento de que era similar al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), también de carácter local. En 2015, el Constitucional volvió a fallar en contra de Extremadura. Pero en medio se había producido un cambio que dejaba una puerta abierta a esa derrota. La reforma del sistema de financiación autonómica de 2009, introdujo un cambio sutil a la hora definir la doble imposición, que daba vida a la Junta. Para anularlo exige que coincidan "hechos imponibles" y no "materia imponible", este último concepto es más amplio y da más margen a diferencias tributarias.

Ibarra aprobó en 1997 impuestos para las eléctricas, la banca e inmobiliaras

La Junta construyó su ataque final a través de ese resquicio jurídico. De hecho, ese ha sido uno de los argumentos por el que el Constitucional validó la ecotasa el pasado otoño. El Gobierno regional defendía que se trataba de un impuesto diferenciado porque tiene un mayor carácter medioambiental ya que la recaudación se destina a proyectos verdes.

"Ideamos un tributo, perseveramos en la idea cuando otros se rindieron, luchamos en su defensa y finalmente la fortuna se puso de nuestro lado. Algo de épica constitucional tiene el asunto", concluye el letrado que consagró media vida a defender este impuesto.