El PP presentó siete de los nueve recursos contra impuestos autonómicos

La Junta de Extremadura da por descontado que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley autonómica que creará su nuevo impuesto sobre depósitos bancarios. Su consejero de Economía, Manuel Amigo, argumenta que 'el PP ha llevado al Constitucional todos los impuestos creados por la Junta de Extremadura. No iba a ser éste una excepción'. El anteproyecto de ley de ese impuesto está pendiente del dictamen del Consejo Económico y Social, y la Junta confía en que sea aprobado antes de fin de año para que entre en vigor en 2002.

Cuatro de las nueve impuestos autonómicos que han sido recurridos ante el Constitucional son, precisamente, tributos extremeños, y siete de esos nueve recursos fueron promovidos o por el PP o por el Gobierno popular. Están pendientes del fallo del Alto Tribunal tres de esos nueve tributos, y dos de ellos son extremeños: Uno, creado en 1998, sobre solares sin edificar en municipios de más de 10.000 habitantes, con el que Extremadura pretende gravar que no se construya en suelo urbano a la espera de que suban los precios. El segundo, también extremeño, grava las torres de alta tensión del tendido eléctrico y las centrales nucleares, con el argumento de que esa autonomía exporta el 90% de la energía eléctrica que se produce en su territorio mientras los beneficios de ese negocio revierten fuera.

El tercer impuesto pendiente del fallo del Constitucional es catalán: un gravamen sobre empresas que produzcan o almacenen sustancias peligrosas que puedan activar la alarma de protección civil. El Gobierno ya ha aprobado el recurso contra otros dos impuestos: el catalán sobre los híper, que quiere gravar el impacto en el ordenamiento urbano y en el pequeño comercio de las grandes superficies, y la ecotasa castellano-manchega.

Cambio de mayorías

El último fallo del Constitucional declaró nula una ecotasa: el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente creado por Baleares cuando allí gobernaba el PP y recurrido por el Gobierno del Estado en la etapa socialista. Baleares preveía recaudar este año por ese tributo, ahora inconstitucional, 3.300 millones de pesetas. También fue declarado inconstitucional en 1995 un impuesto que el Gobierno popular de Baleares impuso sobre la lotería nacional, porque ese juego ya está gravado por el Estado.

El Alto Tribunal consideró constitucional los tributos extremeños sobre la caza y sobre dehesas infrautilizadas, así como el impuesto andaluz sobre fincas de uso manifiestamente mejorables y el recargo del 3% sobre el IRPF que promovió Leguina para Madrid, y que nunca llegó a poner en marcha.