Euskadi pide colaboración ciudadana para combatir el fraude en las ayudas sociales

El Gobierno vasco ha decidido pedir ayuda a los ciudadanos para combatir el fraude en el cobro de ayudas sociales. El Servicio de Empleo-Lanbide ha puesto en marcha desde este martes un buzón de comunicaciones que permite a cualquier persona informar, de forma anónima y confidencial, de cualquier sospecha de actuaciones irregulares en la percepción de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV). “Cumplir es la garantía” es el lema de una campaña impulsada por el Departamento de Economía que busca luchar contra el abuso y promocionar el cumplimiento de las obligaciones para el acceso a estos subsidios públicos.

En la actualidad hay cerca de 57.000 beneficiarios de la RGI, una ayuda que se concede a quienes no tienen recursos económicos o necesitan complementar rentas, nóminas o pensiones bajas. La cuantía base de referencia de este bono social es de 560,45 euros mensuales. El Ejecutivo autónomo tiene presupuestado destinar este año 382 millones de euros a esta línea de ayudas. Es una ventanilla por la que intentan colarse muchas personas que no cumplen con los requisitos establecidos para percibir dicha ayuda. De hecho, Lanbide afloró el año pasado 55,8 millones de euros abonados de forma indebida a perceptores. Esa cifra fue de 28,4 millones en 2002.

Este notable incremento se explica por la aplicación de nuevos sistemas de control y seguimiento desde la aprobación, en abril del año pasado, de la reforma legal que regula la concesión de esta ayuda. Se aumentó el número de inspectores y los importes concedidos comenzaron a revisarse y actualizarse trimestralmente para poner cerco a los defraudadores. Además, se ha multiplicado la transmisión de datos por interoperatibilidad con la práctica totalidad de administraciones públicas locales y estatales,

Lanbide quiere estrechar aún más la vigilancia al cobro indebido dela RGI y pide colaboración ciudadana. La directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, sostiene que la creación de este canal ciudadano responde al compromiso de este organismo con “la ética y la protección de los recursos públicos”, y de lograr que estos fondos sociales lleguen “a quienes realmente los necesitan”. Se ha creado un buzón para recoger denuncias en un apartado de la web del servicio de empleo (www.lanbide.euskadi.eus), donde tan solo será necesario rellenar un formulario y aportar información básica del posible caso de incumplimiento. Hasta ahora los ciudadanos podían comunicar a Lanbide este tipo de casos, pero no existía un procedimiento reglado. Durante este año se han recibido 72 denuncias ciudadanas, de las cuales siete han dado pie al inicio de un procedimiento de control, según informa este organismo del Gobierno vasco.

En septiembre pasado dos hombres fueron detenidos por la Ertzaintza en Bizkaia por estafar unos 300.000 euros en la RGI, ayudas al alquiler y el IMV. Uno de los arrestados había duplicado su identidad para evitar ser descubierto. Para evitar que Lanbide detectara irregularidades en sus solicitudes, se empadronaban intercambiándose los domicilios familiares. Dos meses antes, en julio, la Policía Nacional detuvo a tres personas por supuestamente empadronar falsamente a terceros para recibir ayudas. Casos de este tipo se dan a menudo para sortear los controles establecidos para el cobro de las prestaciones sociales en Euskadi. Desde 2016 hasta la actualidad se han llevado a cabo un total de 217 procedimientos penales por casos de esta naturaleza, de los cuales 54 terminaron con una sentencia condenatoria. La mayoría de las estafas se produce, según Lanbide, mediante la falsificación de padrones y de documentos de identidad.

El denominado “buzón de comunicaciones antifraude” es una herramienta que se complementa con el trabajo que desarrolla la Unidad de Control de Lanbide, integrada por 19 inspectores. El aumento de casos de fraude llevó a finales del año pasado al Ejecutivo a aumentar los efectivos (se pasó de cinco a los 19 profesionales) para identificar irregularidades en los cobros de la RGI. Además, esta unidad de control mantiene una comunicación diaria con los diferentes cuerpos policiales, a los que este año ha derivado 18 casos para su investigación, y colabora también con otras instituciones como la Inspección de Trabajo o el ministerio fiscal. Los datos que maneja los cruzan con otras administraciones, como los padrones municipales, las haciendas públicas o la Seguridad Social, para conocer la vida laboral o las bases de cotización de las personas perceptoras.

EH Bildu ha pedido al Gobierno que retire esta iniciativa del buzón de denuncias ciudadanas porque, según la formación independentista fomenta el señalamiento de las personas más vulnerables y asume “marcos narrativos propios de la extrema derecha”. La parlamentaria Nerea Kortajarena ha considerado “inadmisible” este canal y exigido una rectificación “inmediata”: “Reman en la dirección contraria a la inclusión y la protección de las personas perceptoras de la RGI. ¿Dónde están los buzones para denunciar la evasión fiscal? ¿Y para la corrupción?”, se ha preguntado.