El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, veta una mención a su presunto papel en el ‘caso FP’ por el que se investiga al Ejecutivo de Ayuso

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha detenido este jueves el debate en el pleno de la Cámara para impedir que una diputada de Más Madrid, Beatriz Borrás, lo señalara por su supuesta implicación en el caso FP. La Fiscalía investiga al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por fraccionar más de tres millones en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec) para obras en al menos 12 centros educativos en 2021, 2022 y 2023. Durante esa etapa, Ossorio era el consejero de Educación del Gobierno regional, y la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, actuaba como viceconsejera. Cuando la diputada de Más Madrid ha querido recordar esa circunstancia, el presidente del Parlamento regional ha interrumpido el debate, con el argumento de que los miembros de la Mesa de la Cámara no pueden intervenir para defenderse, lo que ha provocado un agrio intercambio en el que ha calificado de “cobardía” que se le interpele a raíz de la polémica.

Así pasa todo. “Parece que la FP pública va a tener que cambiar el nombre por Quirón FP, a ver si así le cae un milloncito de financiación”, dice Borrás, que al protestar por los problemas de los alumnos para realizar sus prácticas juguetea con una referencia a la empresa sanitaria que obtiene millonarios ingresos de la administración regional por gestionar cuatro hospitales de la red pública. “Eso, claro, si no se lo llevan ustedes antes”, sigue la diputada de Más Madrid. “Porque mientras están aquí echando balones fuera, y culpando yo ya no sé ni de qué al gobierno central, aquí tenemos a la consejera de Economía del gobierno de Ayuso, Rocío Albert, y al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, involucrados hasta...”

La voz de Borrás deja de escucharse en ese instante. Ossorio le ha cortado el micro. “Señoría, vamos a parar el tiempo”, dice el presidente de la Cámara. “Se lo explico: por acuerdo unánime de los presidentes de los Parlamentos [regionales] no se puede hablar de los miembros de la Mesa, porque no nos podemos defender con las armas del reglamento. Por ese motivo no se pueden hacer referencias a los miembros de la Mesa. Acuerdo de la conferencia de presidentes de Parlamentos autonómicos”, sigue. “Y ya está”.

Pero estar no está, claro. Primero, porque la Asamblea se rige por su reglamento, aprobado tras arduas negociaciones entre los partidos, y no por un acuerdo alcanzado por una entidad externa, la conferencia de presidentes autonómicos, que, además, preside Ossorio desde octubre. Segundo, porque Ossorio, ante las protestas de la bancada de Más Madrid, no es capaz de señalar un artículo concreto del reglamento que impida interpelar a los miembros de la Mesa, el órgano que regula el día a día de la Cámara, más allá de la generalidad de que es potestad del presidente llamar a centrarse en la cuestión objeto de debate. Y tercero, porque llueve sobre mojado: el PP ya intentó utilizar esta argumentación para “tomar medidas” para evitar las menciones a que la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, está siendo investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa durante su etapa como edil de Cultura en Arroyomolinos.

“¡Están directamente involucrados en una trama de corrupción precisamente relacionada con la FP madrileña!”, insiste la diputada de Más Madrid, ante lo que Ossorio amenaza con quitarle la palabra, la llama al orden (paso preceptivo para expulsarla) e ironiza, una y otra vez, con que los representantes de la izquierda se podrían presentar “a las pruebas del coro del Teatro Real, que tienen muy buenas voces”. Así de potentes son las protestas: “¡Para Wagner valen mucho!”.

El caso FP arrancó el 18 de septiembre de 2023. Dos centros educativos de la Comunidad de Madrid recibieron entonces sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se leía en las comunicaciones, a las que accedió EL PAÍS.

El escándalo consecuente llevó a que la Comunidad denunciara a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, y a que la Fiscalía investigue desde entonces al Gobierno de Ayuso. El Ministerio Público sostiene que hay “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva”, pues los burofaxes llevaron a descubrir que no se convocaron los concursos públicos preceptivos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia.

Infracción penal

Por todo ello, una jueza ve “posible infracción penal” en el presunto fraccionamiento de facturas para reformar centros de FP, tras sendas denuncias de Podemos y PSOE por prevaricación administrativa en su construcción, a lo que se une que Más Madrid lleve ante la Fiscalía 342 contratos menores del Gobierno de Ayuso que considera sospechosos de haber sido troceados para eludir controles y evitar concursos públicos.

“Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.

Que no se pueda mencionar el caso FP, o, como ocurre antes, las veces en las que se ha denegado la Mesa la comparecencia del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, provoca este jueves la protesta de María Pastor, de Más Madrid, líder del grupo parlamentario en ausencia de Manuela Bergerot. Las protestas siguen luego, en las redes sociales, donde los diputados del partido de izquierdas denuncian lo ocurrido. Este diario ha pedido al equipo de Ossorio que el presidente de la Cámara aclarar su intervención, pero este ha declinado hacerlo.