Una diputada del PP pide “tomar medidas” para evitar menciones de la oposición al caso de la número tres de Ayuso

Susana Pérez Quislant, diputada del PP de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado en la Mesa de la Asamblea “tomar medidas para que no continúen” los comentarios que hacen diputados de la oposición sobre la situación de Ana Millán, número tres del partido y vicepresidenta de la institución, que está siendo investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Así consta en el acta de una reunión del órgano que rige el día a día del Parlamento regional, consultada por EL PAÍS, y que sirve de avanzadilla sobre las probables advertencias que recibirán previsiblemente a partir de ahora los representantes de la izquierda madrileña, pues el PP goza de mayoría absoluta en la Cámara. El caso que afecta a la vicepresidenta busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y que el empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras era la edil al frente de esa cartera.

“La Ilma. Sra. Secretaria Tercera [Susana Pérez Quislant, del PP] pide que conste en acta su malestar sobre los comentarios que desde la tribuna de oradores se hacen sobre la Vicepresidenta Primera [Ana Millán] sin respeto alguno a la presunción de inocencia”, se lee en el acta de la última reunión de la Mesa. “Considera que este tipo de comportamientos deben dejar de producirse porque los miembros de la Mesa, a diferencia del resto de Diputados, no pueden hacer uso de la palabra para defenderse de acusaciones infundadas”, sigue el documento. Y se subraya sobre la representante del partido conservador, que decide todo lo que ocurre en la Cámara porque goza de mayoría absoluta: “Insiste en que habría que tomar medidas para que no continúen ese tipo de acusaciones contra la Ilma. Vicepresidenta Primera”.

No está claro qué medidas serían esas, más allá de futuras llamadas al orden (que puede acabar en expulsión del pleno) y de la petición de que las palabras dichas sean retiradas del diario de sesiones. Ambas posibilidades se advierten en directo, mientras se produce la referencia, y dependen de quién esté dirigiendo la sesión: o el presidente Enrique Ossorio, o la propia Millán, que estaba al frente del pleno en al menos dos de las ocasiones que han provocado la queja de Pérez Quislant, sin haber dicho nada al respecto.

La diputada del PP, exalcaldesa de Pozuelo y rutilante presidenta de la comisión de investigación sobre la Complutense en la que declarará Begoña Gómez (todo una señal de su peso interno), también mencionó en la Mesa, según el acta, que el representante del PSOE estaba de acuerdo con su planteamiento, lo que los socialistas atribuyen a una mala transcripción de lo dicho. Así, habrían pedido un mejor clima en los plenos, como Más Madrid, sobre todo cuando el interpelado no se puede defender, pero no que se adoptaran medidas de ningún tipo.

Sobran los ejemplos de momentos de tensión en el pleno de la Asamblea con Ana Millán como protagonista. Aquí, algunos de ellos:

3 de septiembre. En un gesto teatral, tan ensayado como lleno de buscado dramatismo, Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid, gira el cuello y la espalda, mira hacia arriba, e intenta conectar su mirada con la de Millán, hierática en la tribuna que preside el hemiciclo.

“Ana Millán nos recuerda cada día que el PP de Ayuso es el PP de la Púnica, de la Gürtel y de la Lezo”, lanza Bergerot justo antes de girarse. “Señora Millán, se lo digo a la cara: una indignidad que usted sea la segunda autoridad de esta Asamblea. Es un daño irreparable al prestigio de esta institución”, espeta. “Señora Ayuso, míreme cuando le hablo. Es una vergüenza que la número tres de su partido esté investigada por cuatro delitos de corrupción y usted la proteja. Es una vergüenza que no la cese de sus responsabilidades orgánicas”. Dos semanas después llega la intervención que más protestas ha provocado en la Asamblea.

19 de septiembre. Pablo Padilla, diputado de Más Madrid, toma la palabra mientras Millán preside el pleno por la ausencia de Ossorio.

“Antes de empezar, quería hacer una prueba: que levante la mano la persona que tiene la suerte de que un empresario le pague su casa, no una casa cualquiera, un ático”, dice. “La señora Ayuso no está”, dice sin poder ver lo que hace Millán, pues esta se sienta detrás suyo. “No sé si alguien me puede decir si Ana Millán (...) está levantando la mano”, sigue, mientras la bancada del PP empieza a revolverse y se oyen expresiones de queja que el diputado recoge inmediatamente en su alocución. “¡Es una vergüenza que un empresario pague una vivienda a un político a cambio de no sé qué favores, tiene usted razón!”.

3 de octubre. De nuevo, con Millán al frente del pleno, interviene Antonio Sánchez Domínguez, de Más Madrid. Los dos políticos se enfrentan porque al representante de la oposición se le acaba el tiempo, y la diputada del PP no le da ya más margen para seguir hablando.

“Ay, ay, ay”, se queja Sánchez. “¡Qué larga travesía te espera! ¡Qué larga travesía te espera!”.

El caso que afecta a Millán busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y el pago de la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Ana Millán, por entonces edil al frente de esa cartera, y ahora vicepresidenta de la Asamblea y número tres del PP de Ayuso. En junio, el juzgado de instrucción número seis de Navalcarnero (Madrid) se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pues Millán está aforada. En esa ocasión, se dejó por escrito que la dirigente conservadora y el empresario “pueden ser autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública” dentro de esta causa abierta en 2020.

Desde entonces, la Fiscalía ha pedido que se amplíe el plazo para investigar a Millán y que, por lo tanto, el caso vuelva desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todavía no se ha pronunciado sobre el caso, al juzgado de Navalcarnero que lo había estado instruyendo.

La hoy diputada defiende que los 51.104,67 euros que recibió de la empresa y el empresario, según documentación judicial, eran simplemente el pago por el alquiler de su vivienda a favor de Roselló, que además habría realquilado el inmueble. Tanto la hermana como la pareja de Millán recibieron pagos de empresas vinculadas al empresario (88.642,42 euros y 37.578,04, respectivamente), y en concepto de rendimientos del trabajo y actividades económicas, según la documentación del juzgado. Además, en las cuentas de Millán “se localizaron numerosos ingresos en efectivo [por valor de 42.650,00 euros] de origen desconocido con inicio también en 2008″, mismo año en el que habrían empezado los pagos de Rosell y sus empresas por el alquiler y los servicios de la pareja y hermana de la política.

“Todo lo relacionado con Grupo Educativo [una de las empresas de Roselló] lo llevaba personalmente Ana Millán”, declaró como testigo una auxiliar administrativa del Ayuntamiento que trabajaba estrechamente con la edil. “Ana Millán despachaba a solas con su director, Francisco Roselló, cerrándose en su despacho”, describió según transcribe la Guardia Civil, a la que la testigo recalca que no estuvo presente en ninguna de esas reuniones, cuando sí participaba en las que se producían con otras empresas; y que Millán “la apartó, no dejándola intervenir”. E insistió: “Cuando iba gente de Grupo Educativo a su concejalía, se encerraban en el despacho de Ana Millán”.

Para los investigadores, que recuerdan que todas y cada una de sus conclusiones deben ser entendidas en términos de presunción, quedó demostrada la participación “activa” de la hoy diputada en las contrataciones, según documentación judicial. Millán, sin embargo, defiende su inocencia, y el PP la apoya sin fisuras. De hecho, la vicepresidente presidió el pleno del jueves pasado, por ausencia del titular, Ossorio, por enfermedad.