“Fue en un bar del pueblo”: así arrancó el caso de presunta prevaricación de Ana Millán, colaboradora clave de Ayuso

Otoño de 2008. Ana Millán, entonces concejal del Ayuntamiento de Arroyomolinos, y hoy colaboradora clave de Isabel Díaz Ayuso, le alquila su ático a una mercantil del empresario Francisco Roselló. “Creo [que firmamos] allí, en un bar del pueblo, no lo puedo decir”, rememora la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria del PP de Madrid, según un informe de la Guardia Civil al que ha accedido EL PAÍS. Millán no lo sabe entonces, pero acaba de iniciar una cadena de decisiones cuyo último eslabón es que una jueza se haya inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque observa que por su relación con Roselló “pueden ser autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública”. Mientras Millán, aforada como diputada regional, defiende su inocencia desde que es investigada por presunta prevaricación administrativa, los investigadores han recabado un testimonio que consideran clave: el de una auxiliar que afirmó que “despachaba a solas” con Roselló mientras las empresas vinculadas a este lograban contratos con el Ayuntamiento y pagaban a Millán por el alquiler del ático, además de a su pareja y a su hermana por su trabajo.

La investigación se centra en aclarar si Roselló, que entre 2006 y 2011 obtuvo siete contratos públicos valorados en 395.191.75 euros de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), estaba pagando la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático de Millán, por entonces edil al frente de esa cartera en el municipio.

La hoy diputada defiende que los 51.104,67 euros que recibió de la empresa y el empresario, según el auto, eran simplemente el pago por el alquiler de su vivienda a favor de Roselló, que además habría realquilado el inmueble. Tanto la hermana como la pareja de Millán recibieron pagos de empresas vinculadas al empresario (88.642,42 euros y 37.578,04, respectivamente), y en concepto de rendimientos del trabajo y actividades económicas, según la documentación del juzgado. Además, en las cuentas de Millán “se localizaron numerosos ingresos en efectivo [por valor de 42.650,00 euros] de origen desconocido con inicio también en 2008″, mismo año en el que habrían empezado los pagos de Rosell y sus empresas por el alquiler y los servicios de la pareja y hermana de la política.

“Todo lo relacionado con Grupo Educativo [una de las empresas de Roselló] lo llevaba personalmente Ana Millán”, declara como testigo una auxiliar administrativa del Ayuntamiento que trabajaba estrechamente con la edil. “Ana Millán despachaba a solas con su director, Francisco Roselló, cerrándose en su despacho”, describe según transcribe la Guardia Civil, a la que la testigo recalca que no estuvo presente en ninguna de esas reuniones, cuando sí participaba en las que se producían con otras empresas; y que Millán “la apartó, no dejándola intervenir”. E insiste: “Cuando iba gente de Grupo Educativo a su concejalía, se encerraban en el despacho de Ana Millán”.

Para los investigadores, que recuerdan que todas y cada una de sus conclusiones deben ser entendidas en términos de presunción, queda demostrado la participación “activa” de la hoy diputada en las contrataciones. Su trabajo, además, sirve para retratar las tensiones internas por la contratación pública del municipio.

Así, la técnico de contratación reconoció en una declaración que tuvo algún problema con Millán, “en las contrataciones para la celebración de fiestas, al no estar de acuerdo con las advertencias legales que la dicente hacía sobre sus contratos o los informes jurídicos en cuanto a las características de sus contratos”. Una situación que corroboró una auxiliar administrativa al afirmar que “la de contratación, advertía a Ana Millán, en relación a la adjudicación de contratos, que tenía que seguir los cauces legales”. Aunque precisó: “En ningún momento pensó que estaba haciendo algo ilegal”.

Además, los investigadores intentaron averiguar si la hermana de Millán recibió un trato de favor como empleada de empresas vinculadas a Roselló. “Profesionalmente no lo sabe”, dice una compañera de trabajo al respecto, según el informe de la Guardia Civil. “Si bien, personalmente, que cree que sí, en contraposición del resto de trabajadores”. No obstante, el documento también recoge testimonios que subrayan que no tuvieron esa percepción.

“Confianza absoluta” del PP de Madrid

Millán es íntima amiga de Ayuso desde mucho antes de que la hoy presidenta llegara a la primera línea política. Cuando la baronesa conservadora consiguió la presidencia del PP regional, la nombró vicesecretaria de Organización y Territorial, un puesto clave para las campañas electorales del partido. Posteriormente, la incluyó en su lista electoral, garantizándole el aforamiento. Y tras lograr la mayoría absoluta en mayo de 2023, la premió con la vicepresidencia primera de la Asamblea regional.

Todos esos nombramientos se produjeron mientras Millán estaba siendo investigada por prevaricación administrativa y contaron también con el aval del poderoso jefe de gabinete de la líder, Miguel Ángel Rodríguez, que se entrevistó personalmente con la aspirante para conocer los detalles de su caso. Nada ha cambiado porque este vaya a verse ahora en el TSJM. Al contrario. El PP de Madrid ha hecho un esfuerzo por resaltar su apoyo a la vicesecretaria de la organización.

Así, el sábado 22 de junio, Millán tuvo reservado un turno de palabra durante un multitudinario mitin de Ayuso convocado con motivo del primer aniversario de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Allí se la pudo ver en un lugar destacado, incluso bailando con el secretario general del partido, Alfonso Serrano, pues la cita estuvo amenizada por un grupo de música. Señales todas ellas nada casuales: Millán defiende su inocencia, y el PP la cree en su queja de que todo es una cacería política, pues el denunciante del caso que la afecta, en 2016, fue Carlos Ruiperez, por entonces alcalde de Arroyomolinos con Ciudadanos.

“La jueza [de instrucción] no le imputa nada nuevo a ella”, afirma una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. “Pasa el caso al TSJM por estar aforada”, sigue. “La jueza [instructora] mete indicios, pero no le imputa a ella esos delitos. Básicamente porque no puede [al estar aforada]. Será el TSJM [el que decida]. Así que a esperar”, argumenta. “Mientras, confianza absoluta”.

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