La alcaldesa de Arroyomolinos no despeja las dudas sobre su ático y los contratos públicos

Un Audi oscuro para frente a los juzgados de Navalcarnero. Son las diez y media de la mañana del viernes 22 de abril. Dentro va Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos (PP), citada a declarar por prevaricación, cohecho, fraude y blanqueo de capitales cuando era edil. Al ver a la prensa que se resguarda de la intensa lluvia bajo los soportales, el coche da una vuelta a la manzana. Unos segundos después, los miembros de seguridad del juzgado expulsan a los reporteros a la acera, al raso. Finalmente, Millán entra rodeada por varias personas de su equipo y declara ante el juez durante más de tres horas por, presuntamente, otorgar contratos públicos valorados en más de 600.000 euros a compañías de un empresario que, según la Guardia Civil, pagó la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático de Millán a través de una de sus empresas. Ya a la salida, sin las gafas de sol que llevaba al entrar la política, íntima de Isabel Díaz Ayuso, dice estar tranquila y atribuye la investigación a una persecución partidista: “Es una denuncia política que no busca otra cosa que desprestigiarme a mí y a mi partido”.

Todo arranca en 2015. Ese año, Ciudadanos se hizo con la alcaldía de Arroyomolinos y descubrió documentación en la que la hasta entonces concejala y hoy alcaldesa reclamaba unos pagos al empresario Francisco Roselló. La Guardia Civil ha acreditado que sus compañías lograron contratos municipales entre 2006 y 2011 por organizar eventos. La regidora argumenta que esos pagos de entre 60 y 898 euros que recibió en su cuenta durante varios años eran en concepto del alquiler y la comunidad de vecinos de su piso de soltera a un empleado de Neverland, cuya gerente es la esposa de Roselló. Y niega que se trate de una mordida, como dicen los investigadores, a cambio de esas adjudicaciones de la Administración municipal. Sin embargo, este trabajador explicó a la Guardia Civil que estuvo residiendo en ese piso entre 2010 y 2012 y solo pagaba 500 euros de alquiler.

En las más de tres horas de declaración, la alcaldesa rebatió que el incremento se debía a que era un “arrendamiento con opción a compra”. Además, las partes le preguntaron por el posible conflicto de intereses en las adjudicaciones a Neverland, de la que recibía pagos mensuales. La regidora respondió que nunca vio necesario abstenerse en las adjudicaciones a las firmas del empresario implicado (Neverland y Grupo Educativo), “porque todo el mundo sabía que les alquilaba una casa”. A la pregunta de por qué tampoco se abstuvo en esas adjudicaciones cuando el empresario era el jefe de su hermana en una de sus compañías, ella contestó que era una “casualidad” que una familiar suya hubiera sido contratada por Francisco Roselló.

Además, según la documentación a la que accedió EL PAÍS, la alcaldesa ingresó en efectivo en su cuenta entre 2008 y 2017 más de 52.000 euros. La Guardia Civil no ha conseguido aclarar el origen de esas cantidades. Millán apuntó ante el juez que eran ingresos que le realizaba su marido para contribuir a los gastos domésticos.

Desde hace meses, la alcaldesa de Arroyomolinos explica lo mismo a los dirigentes del PP, según constató este diario. Que no hay caso. Que como mucho sería una falta administrativa. Que no hay de qué preocuparse. Una tesis aparentemente aceptada por los principales dirigentes de la formación conservadora. Ayuso ya tuvo un gesto de complicidad con la alcaldesa de Arroyomolinos en mitad de sus problemas judiciales: compartir un acto de partido en Cadalso de los Vidrios. Nadie, sin embargo, se esperaba que la promocionara a un puesto clave en lo orgánico justo dos días antes de que tuviera que declarar como investigada por presunta prevaricación administrativa: el miércoles, Millán fue nombrada vicepresidenta de la comisión organizadora del congreso del PP de Madrid que entronizará a Ayuso como presidenta. Una decisión que ha dejado a parte del partido en shock.

Bajo el foco

“Cuán solo debes sentirte, o cuán invencible te debes ver, para jugártela metiendo a una imputada en ese equipo organizador. Es una situación peligrosa”, dice una fuente popular conocedora de los entresijos del partido. “No es por valentía, es por soledad”, opina. “Al final se está fiando de sus amigos de redes [el equipo en el que empezó Díaz Ayuso a trabajar en el PP]”, añade. “Tira de la gente que considera leales, fieles”, insiste. “Y aunque no haya nada, tenemos que ser pulcros, que lo parezca. Isabel tendría que haberla protegido quitándola del foco”.

“Ha sorprendido mucho”, amplía otra fuente del PP. “Y se ha entendido como un gesto de apoyo de Ayuso por la amistad que tienen”, añade. “Lo que pasa es que esto le ha puesto bajo el foco cuando debería estar tranquila y centrada en su tema”.

Dos puntos de vista de interlocutores de peso que no comparten en el círculo de colaboradores de Ayuso. ¿Qué explica este nombramiento? “Que las campañas mediáticas de la izquierda contra cargos del PP que están en procesos judiciales, mientras no cuestionan que alcaldes socialistas condenados sigan en sus puestos, no va a afectar a las designaciones del partido para organizar un congreso”, responde, rotundo, un político que cuenta con la confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La decisión de promocionar a Millán en el comité de organización del congreso amenaza con enturbiar el cónclave. Por si no fuera poco con la polémica por el contrato público del que se benefició el hermano de la presidenta o con el escándalo por las comisiones millonarias cobradas por un acuerdo municipal para comprar mascarillas y guantes, el PP se arriesga ahora a que las próximas decisiones del juez sobre Millán coincidan con la celebración de un congreso clave para reactivar al partido antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

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