Una “situación excepcional” para una “insuficiencia de crédito”: así buscó el Gobierno de Ayuso 104 millones para pagar a Quirón

El problema llega a la mesa del consejo de gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso el 5 de junio. Hay que pagar 105.947.982,53 euros a la Fundación Jiménez Díaz (FJD), del grupo Quirón, en cumplimiento de la liquidación de la actividad sanitaria de 2021. Retrasar el abono supone un riesgo: “Podría derivarse un importante perjuicio económico” en forma de intereses de demora. Y resulta que se da una situación “de carácter excepcional”. Hay una “insuficiencia de crédito” para atender deudas de ejercicios anteriores que no puede ser atendida con cargo al presupuesto de Sanidad o del resto de departamentos, según se lee en un informe de la dirección general de presupuestos al que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Dicho de otra forma: “Los créditos consignados en el presupuesto 2024 resultan insuficientes”. Tras descartar varias alternativas ordinarias, el embrollo se resuelve transfiriendo 104 millones desde la Agencia de Atención Social (61.500.000 euros) y el Servicio Madrileño de Salud (42.500.000). Una fuente gubernamental precisa que la cantidad se usó también para pagar a otros hospitales públicos de gestión privada, aunque la documentación que acompaña al acuerdo únicamente menciona a la FJD.

“Es una muestra de los problemas de financiación que empiezan a aparecer, como consecuencia de las recurrentes rebajas de ingresos tributarios, que obligan a buscar tesorería, esto es, fondos líquidos, en todos los entes institucionales, como es el caso de la Agencia de Atención Social”, opina Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid en la Asamblea regional. “El margen financiero se está agotando como resultado de las continuas pérdidas de recursos por las rebajas fiscales”.

Esto dice Fernando Fernández Lara, representante del PSOE. “Es un mecanismo ordinario, que se establece de forma anual, pero del que no se da cuenta en ningún momento a la comisión de Presupuestos y Hacienda”, afirma. “Se están produciendo retrasos en pagos importantes, como por ejemplo a los operadores privados de la Sanidad, produciendo millonarias cantidades de intereses, perjudicando gravemente a las arcas públicas madrileñas”, añade. “Además, está bien ir a los mercados y obtener buenos tipos, pero si estos son un punto más caros que la financiación estatal, ¿por qué pagar más?”, añade. Y opina: “Todo esto nos lleva, incluidas las rebajas fiscales a los tramos altos de renta y de patrimonio, a una pérdida de ingresos que empieza a preocupar. Madrid tiene fortalezas, sin duda, pero empieza a mostrar lunares negros en su economía. Creo que se está generando un problema de caja”.

El gobierno, que ha evitado durante semanas responder a las preguntas de EL PAÍS sobre este acuerdo en concreto, niega tajantemente esos análisis. En la Consejería de Hacienda se defiende el efecto recaudador positivo de los recortes fiscales, su holgada capacidad de gasto con unos presupuestos récord, y la buena situación de las cuentas y la deuda regional, que amerita la aprobación de las agencias de rating y se valora muy bien en el mercado. Un informe de BBVA Research de julio prevé que el PIB de la Comunidad de Madrid crecerá un 2,9% en 2024 y un 2,1% en 2025, situándose como la autonomía que más ha crecido desde 2019, antes del estallido de la pandemia, y pondera múltiples aspectos de la economía regional, aunque desliza que en el primer cuatrimestre de este año “los ingresos frenaron su recuperación” y que espera que se mantengan “robustos”.

Al tiempo, tanto la presidenta Díaz Ayuso como la consejera del ramo, Rocío Albert, han reconocido que el margen para nuevas rebajas fiscales se va agotando, fruto de varias décadas perseverando en esa apuesta, y que la anunciada bajada de medio punto en el IRPF en todos los tramos dependerá del balance recaudatorio que arroje la anterior.

Más de 276 millones

En ese contexto, el sistema de colaboración público privada en sanidad está suponiendo un elemento de presión sobre las cuentas públicas madrileñas. Así, en diciembre de 2023, la Comunidad de Madrid debía a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 918 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2023 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Ese montante ha llegado a ser mucho más alto, pues alcanzó los 1.200 millones en 2020. Y las necesidades de afrontarlo son constantes: solo en el consejo de gobierno del 26 de junio se aprobó un gasto de más de 276 millones en facturas pendientes de este tipo de centros. Hasta tres de esos pagos fueron obligados por sentencias judiciales correspondientes a discrepancias sobre el ejercicio 2015. Desde entonces, ha habido más desembolsos: este 17 de julio, se pagó 14.967.511,37 euros a la concesionaria del hospital de Torrejón por el ejercicio de 2022. Y el consejo del 24 de ese mes aprobó que el hospital del Sureste (Arganda del Rey) y el Infanta Leonor (Vallecas) se repartieran 30 millones.

Aunque el mecanismo de usar las disponibilidades líquidas de organismos para afrontar esos pagos pendientes es definido como excepcional por parte de la Administración, su uso es frecuente. Tanto, que en el gobierno se afirma que se ha hecho muchas veces, pues esos fondos no son utilizables por los organismos que los tienen, salvo autorización expresa, por lo que se suelen transferir a Hacienda para hacer frente a necesidades de pago.

Así, en octubre de 2023 se permitió la transferencia a la Tesorería General de disponibilidades líquidas del Organismo Autónomo Administrativo Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Ese mismo año, en febrero, se decidió lo mismo con respecto a los del Ente de Derecho Público Servicio Madrileño de Salud y el Organismo Autónomo Administrativo Madrid 112. Y en marzo la medida afectó al Organismo Autónomo Administrativo Agencia Madrileña de Atención Social, como ya había ocurrido en julio de 2022.

En el caso de la Jiménez Díaz, apenas transcurrieron 20 días entre que se aprobó el uso de las disponibilidades líquidas y el momento en el que se procedió al pago. Para llegar a ese punto, primero se evaluó utilizar los fondos presupuestados para imprevistos e insuficiencias, que ascienden a 125 millones, pero no fue posible: ya había otras previsiones de gasto, y además, se argumentó que podía haber más “posibles insuficiencias en algunas partidas del propio Servicio Madrileño de Salud”, lo que en la Administración regional describen como “normal” con la explicación de que no todos los gastos sanitarios son previsibles y, por tanto, presupuestables. Tampoco fue viable financiar el gasto con transferencias de la sección de Sanidad. Y se consideró que no iban a poder “tramitarse habilitaciones de crédito en la cuantía suficiente para atender la necesidad manifestada”, según un informe gubernamental. Así que el dinero salió del Sermas y la Amas.

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