Ayuso rechaza la ley de extranjería de Sánchez: “Es una verdadera tomadura de pelo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes con la máxima dureza contra la reforma de la ley de extranjería que patrocina el Gobierno de Pedro Sánchez, y que, si es aprobada, hará obligatoria la acogida de menores migrantes no acompañados en las distintas Comunidades Autónomas si estos están en un territorio que haya sobrepasado su capacidad en un 150%. “Es una verdadera tomadura de pelo”, ha dicho la líder conservadora durante una intervención ante la Junta Directiva del PP de Madrid. De hecho, el ejecutivo madrileño ya ha deslizado que a su juicio podría haber aspectos inconstitucionales en la norma, sin precisar cuáles, y pese a que el texto que se conoce hasta ahora aún está en tramitación y es susceptible de cambios durante el proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados. La iniciativa se ha diseñado para aliviar la situación de Canarias —que acoge en este momento a casi 6.000 menores llegados en cayuco cuando su capacidad máxima es de 2.000—, pero también la de Ceuta, Melilla y, en el futuro, cualquier otro territorio.

“Integrar no es repartir, repartir es tratar a los ciudadanos como números o muebles, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha dicho Díaz Ayuso durante su intervención ante dirigentes del PP regional. “Lo que hace el Gobierno de Sánchez es la foto para dejarles abandonados. No podemos afrontar llegadas masivas por inacción del gobierno. Eso no integra”, ha seguido, acusando al ejecutivo central de generar un “efecto llamada”. “La nueva ley de extranjería, y como la pretenden vender, es una verdadera tomadura de pelo, una inversión de la verdad”, ha opinado. Y ha rematado: “Desde hace más de seis años, Sánchez tiene las responsabilidades de gobierno de las fronteras, de la inmigración, de la seguridad, y no ha hecho absolutamente nada (...) Su ley de inmigración es una tomadura de pelo. Los problemas de inseguridad, de descontrol, o de desprotección, son competencia y responsabilidad directa de Pedro Sánchez”.

Solo unos días después de que Vox rompiera los gobiernos autonómicos que compartía con el PP (Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, y Murcia) precisamente por su decisión de acoger a menores migrantes no acompañados, Díaz Ayuso se ha mostrado sorprendida por esa decisión. “Se ha autoimpuesto un cordón sanitario en el momento más inoportuno”, ha dicho la líder conservadora, durísima en su acusación de que Sánchez compra votos a cambio de cesiones para mantenerse en el poder; en el recuerdo de que el PSOE patrocina esta ley y al mismo tiempo rechaza la apertura de un centro para menores migrantes en Fuenlabrada, donde gobierna; o en su análisis de la aplicación de la ley de amnistía.

La oposición del PP de Madrid a esa norma, ha recordado Díaz Ayuso, será frontal, como demuestra que la haya recurrido ante el Tribunal Constitucional, al igual que el resto de regiones gobernadas por los conservadores. Lo mismo ocurrirá, a tenor de sus palabras, con la reforma de la ley de extranjería. El Gobierno regional ya deslizó la semana pasada que consideraba que había aspectos inconstitucionales en el borrador que se había dado a conocer, aunque sin precisar en qué artículos.

“En una primera lectura hemos visto que ahí podría haber incorporaciones en el propio proceso que son competencias de las propias Comunidades Autónomas y que el Estado no puede asumir”, aventuró una fuente gubernamental con galones. “A primera vista, hay una transgresión de las propias competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, lo que puede dar lugar incluso a una inconstitucionalidad de la norma”, insistió, situando el punto de fricción en que los gobiernos regionales están obligados a encargarse de los menores, y al tiempo, la reforma de la norma, de salir adelante, también les obligaría a asumir su llegada a sus territorios en determinadas circunstancias.

Más de 1.000 menores

El PSOE, Sumar y Coalición Canaria han presentado este lunes la proposición de ley con la que pretenden cambiar el modelo de atención a los menores extranjeros no acompañados para que las comunidades autónomas estén obligadas a acoger entre todas a estos niños y adolescentes cuando estén en un territorio que haya sobrepasado su capacidad en un 150%. La proposición de ley —que los grupos quieren votar en el pleno antes del 23 de julio— llega al Congreso sin el apoyo claro del PP, cuyo respaldo es necesario para que salga adelante una vez que Junts ha condicionado su apoyo a que se excluya a Cataluña de cualquier reparto.

El partido de Feijóo pide la declaración de la emergencia migratoria para todo el territorio nacional para que las comunidades puedan tramitar de urgencia contratos necesarios para desplegar recursos de acogida. También demanda que en el caso de que una comunidad de acogida exceda la capacidad de sus recursos para atender a los menores inmigrantes no acompañados, el Gobierno central “habilite los medios y su gestión directa”. Finalmente, reclama al Ejecutivo un fondo de contingencia plurianual.

Las comunidades gobernadas por los populares aceptaron el pasado miércoles una acogida mínima de 347 menores para toda la Península (de los que a esas autonomías les corresponden 209), pero no parecen dispuestas a que se les imponga sin esas herramientas una solidaridad obligatoria por ley que, además, implicaría acoger a muchos más niños.

Un posicionamiento que ha dejado clarísimo este lunes Díaz Ayuso, que ha llegado a ironizar: “Durante las distintas conferencias de presidentes, el hoy ministro Ángel Víctor Torres [cuando era presidente de Canarias] bien que lloraba pidiendo auxilio, y Sánchez miraba a otro lado”.

En lo que va de 2024, la Comunidad de Madrid ha recibido a 1.139 menores migrantes no acompañados, por los 1.340 de 2023, según datos aportados por la administración autonómica. Las previsiones del ejecutivo regional son que se superará ampliamente la marca del año pasado, con hasta 1.000 llegadas más de menores a la región en lo que queda de año. “Lo que estamos reclamando todas las regiones es tener una financiación adecuada por parte del Estado”, piden en el Gobierno madrileño, que destinará este 2024 alrededor de 40 millones de euros a políticas de acogida, según una fuente conocedora del dispositivo regional.

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