Ayuso permitirá que los niños del centro de acogida de Hortaleza duerman en dormitorios más pequeños

A finales de 2023, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, dio permiso a la gestora del centro de acogida de menores de Hortaleza para no cumplir la obligación legal de que los residentes disfruten de un espacio útil mínimo de 5,5 metros cuadrados por persona en sus dormitorios, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS. La decisión de conceder esa exención para oficializar que las plazas de acogida aumentaban de 52 a 72 validó a posteriori la situación de hacinamiento que se da siempre en el centro cuando llega el frío propio de los meses de otoño e invierno. Porque en octubre de 2018 se llegó al 338% de la capacidad de ocupación, entre 2017 y 2019 se superó el 100% de media en todo el año, y a finales de 2023 la institución volvió a rebosar de niños que dormían en literas encajonadas entre paredes, como antes lo habían hecho en colchones tirados sobre el suelo, o sentados en sillas en una sala. Una situación dantesca que solo empeora: los acogidos, españoles y extranjeros, tienen que convivir con los desperfectos causados por un incendio desatado el 1 de enero, que ha dejado inutilizada parte de una planta, y en cuyo arreglo se gastarán 300.000 euros.

“En la Comunidad de Madrid no está velando nadie por estos niños y niñas”, lamenta Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, sobre los acogidos. “Ahora, la Dirección General de Innovación y Calidad valida el hacinamiento en Hortaleza, con dormitorios preparados para una sola cama donde han metido dos literas, y en los que no hay ni una silla, ni un armario, porque no caben”, describe. “El centro era para 35 plazas, y lo pasaron a 72 hacinando, convirtiendo este centro en un polvorín, porque para rizar el rizo están superando estas 72 plazas, sin la más mínima higiene, con un edificio en obras tras un incendio, con los niños comiendo en tres turnos y alguno enfermo”, abunda. Y remata: “El ánimo de Ayuso es expulsivo, ofrece a estos niños condiciones de miseria para que sigan su camino haca otras regiones o países y no tener que invertir un euro en ellos”.

Así justifica los cambios un portavoz gubernamental: “El centro ha incrementado su capacidad debido al aumento de menores que han llegado derivados por la Policía desde el Aeropuerto de Barajas y desde otras regiones españolas, dada la actual crisis migratoria, y la necesidad de acogerlos”. “La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales monitoriza diariamente la ocupación del centro”, prosigue. “Los menores disponen de espacio adecuado”, subraya. “La ocupación fluctúa mucho y ronda actualmente las 50 plazas”.

“Miedo”. “Estrés”. “Gritos”. “Espacio tóxico”. Las palabras que eligen los trabajadores del centro de acogida de menores de Hortaleza describen la tensión que se vive en el interior de una instalación desbordada, a la que llegan todos los migrantes no acompañados que acaban en la capital. En 2019, se amplió su capacidad de 35 a 52 plazas, lo que supuso un residente más en cada una de las habitaciones, tanto de chicos como de chicas, siendo 10 habitaciones de chicos más 7 de chicas. En 2023, se autorizaron oficialmente 72. Pero en muchas ocasiones, sobre todo en los meses de invierno, hay más niños que camas. Eso obliga a hacer turnos para comer, para usar los baños y casi para dormir. Unas estadísticas y unas limitaciones que no son inocuas.

Un documento elaborado por el comité de empresa de AMAS, los sindicatos CSIT-UP, UGT, CC OO, SATSE y las trabajadoras y trabajadores del centro de Hortaleza, advierte de que la “sobreocupación que empieza a tener un carácter permanente, comienza a causar daño físico y psicológico, tanto al personal profesional que atiende, como a las personas atendidas”.

Porque los niños conviven con coches de policía que patrullan día y noche en los aledaños del centro, que a finales de octubre de 2019 fue asaltado por una treintena de personas que buscaban venganza por un supuesto robo. Con manifestaciones en aquel año de vecinos ante las puertas de la instalación para pedir su cierre entre insultos y amenazas. Con las visitas periódicas de políticos de Vox para azuzar el miedo en su contra. Con las drogas. Con las mafias captadoras de menores que esperan en los aledaños. Con abusos sexuales que provocaron 69 denuncias de menores tutelados por Madrid solo entre enero de 2022 y julio de 2023. Incluso con el lanzamiento, nunca esclarecido, de una granada al patio del centro.

¿Qué ha hecho ante ello el Gobierno de Díaz Ayuso? Aceptar la petición de la gestora de la institución para ser eximida de la obligación legal de que cada residente tenga un espacio de 5,5 metros cuadrados en la habitación, sin fijar, además, límite temporal alguno para la excepción.

“Excepcionalmente, por razones de interés social o en atención a las condiciones singulares del edificio, el órgano competente para conceder la autorización administrativa, podrá exonerar de forma motivada del cumplimiento de determinados requisitos establecidos en la normativa de aplicación en materia de servicios sociales, que no afecten directamente a la seguridad o salud de sus usuarios”, se lee en la documentación de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. “Resulta suficientemente justificada la necesidad de aumento del número de plazas del centro, excepcionando el requisito relativo a las dimensiones de los dormitorios, que con la ampliación comunicada sería inferior a 5,5 metros cuadrados por persona usuaria, sin que afecte a la seguridad o a la salud de los menores”, sigue. Y por todo ello se resuelve “conceder autorización administrativa excepcional (...) quedando inscrito el centro con una capacidad máxima de 72 plazas, destinadas a usuarios autónomos”.

Así, cada vez hay más niños en el mismo espacio. O en menos. Porque tras el incendio de enero, el centro de primera acogida de Hortaleza es más pequeño que nunca.

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