El infierno de los menores tutelados por Madrid: 69 denuncias en año y medio por abusos sexuales

Rebeca tenía 16 años y era una menor tutelada por la Comunidad de Madrid cuando Segundo, que la había recogido a las puertas de un centro de menores regional, la encerró en una habitación, la desnudó, la violó y la obligó a hacerle una felación. Esa secuencia, ocurrida en 2017 y recogida en la sentencia (con nombres ficticios) que condenó al agresor, resume el horror y las tragedias vitales que se ocultan tras una estadística dramática. Según documentación a la que accedió EL PAÍS, entre enero de 2022 y julio de 2023 ha habido hasta 69 denuncias por presuntos abusos sexuales sufridos por menores tutelados, 59 niñas y 10 niños. Entre las primeras están algunas de las afectadas por la Operación Sana, que el año pasado destapó una red de explotación sexual de adolescentes a las que sus explotadores habían enganchado a las drogas para controlarlas más fácilmente. Gracias a esa cadena invisible con la que las subyugaban, los proxenetas movían a las víctimas a su antojo entre el polígono Marconi, zona habitual de toxicómanos y prostitutas, y sus propios pisos, bares y negocios. La juez encargada de la instrucción del caso decidió este pasado septiembre procesar a 25 personas por agresión sexual, prostitución de menores y tráfico de drogas.

“En su práctica totalidad las [69] presuntas agresiones se produjeron en salidas autorizadas de los menores (ocio, fines de semana o vacaciones con familiares) o en ausencias voluntarias de los menores no autorizadas”, detalla un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. “Existe algún caso de abusos entre los menores del mismo centro residencial detectados y que asimismo han sido denunciados por el equipo educativo”, admite. “Los menores protegidos por la Comunidad de Madrid, unos 4.000 de media al año, de los que más de 1.500 están en la red de centros de protección, conviven con el mismo régimen que los niños que viven con sus familias, siendo los centros abiertos, sin que se pueda restringir su salida y llevando una vida normal”, amplía. “La intervención con ellos es, como establece la ley, exclusivamente educativa”, recalca este interlocutor. Y subraya: “Han sido precisamente los profesionales de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales los que en la mayoría de los casos desde su intervención han detectado y ayudado a los menores a que relataran la presunta agresión y han interpuesto la correspondiente denuncia en nombre de la Administración regional como responsable de la tutela de estos menores”.

El horror, por lo tanto, no espera agazapado únicamente extramuros, a la puerta de los centros de acogida, y personificado en extraños. Una minoría de denuncias afectan a menores que conviven en los centros, según la versión gubernamental, en la que se recalca que entre los supuestos agresores no hay ningún trabajador.

El problema, en todo caso, no es ni mucho menos exclusivamente madrileño. Ya en 2017, un informe de Unicef, con más de 300 entrevistas a responsables, educadores y menores, alertaba de que había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades autónomas que estudió. La organización no especificó cuáles, pero dibujó un panorama tétrico al que luego han puesto cara y ojos niñas como las afectadas por la Operación Sana: “En algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”, se lee en el documento.

De esta manera, centros de acogida de toda España han acaparado los focos en los últimos meses al denunciarse casos de abusos sexuales en los que las víctimas eran menores tuteladas por las respectivas administraciones regionales. Así, se han destapado presuntos abusos en Madrid, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana o País Vasco. Unos dramas que los políticos han empleado para su fuego cruzado de acusaciones, mientras las menores afectadas esperaban sus juicios.

“Están creando un caso donde no lo hay y están tapando los casos donde sí suceden”, se intentó defender en febrero de 2022 y durante un debate parlamentario la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para diluir la polémica desatada por la Operación Sana en Madrid. “La demagogia es fácil”, añadió. Y disparó contra los gobiernos de izquierdas de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares: “Los casos conocidos conmocionan a todos. La diferencia entre unos y otros está en cómo se actúa cuando estos casos suceden. Esta protección no ha faltado en nuestros centros, quiero reivindicar el trabajo de nuestros profesionales. En caso de conductas irregulares por parte de los mismos, no tardaríamos ni un solo minuto en actuar, algo que no ha sucedido siempre en otras comunidades con casos mucho mayores en el seno de los mismos centros”.

¿Qué había destapado la Operación Sana para monopolizar aquella sesión parlamentaria de 2022? En enero salió a la luz la detención de 37 personas por la explotación de, al menos, 10 menores, de las que tres estaban bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. En un principio, el Gobierno negó este extremo incluso en sus redes sociales, algo que tuvieron que acabar reconociendo. La investigación policial destapó una red que operaba en los bajos fondos de Madrid compuesta por proxenetas que enganchaban a las niñas a la droga, clientes que las usaban a cambio de saciar su mono y traficantes que las utilizaban como repartidoras de su mercancía.

Entre los detenidos, cada uno tenía un papel determinado, que ha quedado definido en el auto de procesamiento que ha enviado finalmente a 25 de ellos a juicio, aún sin fecha. El más destacado era el llamado Kalifa, al que algunas de las niñas llegaban a considerar su “novio” y que era el que primero les daba a probar los estupefacientes, según acredita la investigación. Muchos de los encausados pertenecían, además, a bandas juveniles violentas. En el tiempo en el que permanecieron enganchadas a estos hombres, esta droga y esta vida, entraban y salían de los centros e incluso llegaron a pedir ayuda, pero no se las llegó a trasladar ni a imponer el régimen cerrado para evitar que pudieran volver a manos de sus explotadores. Tenían tanta dependencia de la heroína y la coca que desaparecían durante meses y regresaban a los centros cuando sus condiciones eran lamentables, ni siquiera hacían caso a las súplicas de sus familias de que abandonaran a esos hombres. Ellos las manejaban a su antojo, haciendo que se montaran en taxis y coches de Uber según sus necesidades. “¿Dónde estás? Ven a mi casa sin falta prepárate, cámbiate”, le escribe uno de los detenidos a una menor.

Durante sus salidas, las víctimas deambulaban entre los descampados de politoxicómanos del polígono de Villaverde, varios narcopisos entre ese barrio y Puente de Vallecas y algunos domicilios de los procesados que funcionaban como una especie de burdel. Uno de los puntos clave de la investigación fue el momento en el que una de las chicas escapó de una de esas viviendas después de haber sido agredida sexualmente y retenida y consiguió pedir ayuda en un estanco. Se encontraba en condiciones pésimas. Es una de las mayores operaciones contra la explotación sexual que implica a centros de menores tutelados de España.

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