La pirámide de explotación del ‘caso Sana’, la red que prostituía a menores tuteladas

En enero de 2022, la policía detuvo a 37 personas acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada a captar a menores a las que enganchaban a las drogas, prostituían con una red de clientes y a las que también usaban para distribuir sustancias estupefacientes. Se trata de la operación Sana, una de las mayores contra la prostitución de menores, algunas de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid, destapadas en España. Según las pesquisas, las chicas eran atraídas por redes sociales o por el boca a boca, y eran explotadas sexualmente, a veces a cambio de droga, a veces de nada. Con el avance de la instrucción, la jueza que lleva el caso ha acabado procesando a 25 de ellos, de los que 10 están en prisión desde su arresto. En el auto que envió hace unas semanas a las partes y el fiscal detalla el papel que tenía cada uno de ellos en la trama. El juicio no se prevé que se celebre antes de final de año.

A la cabeza de la organización se sitúa un hombre apodado Kalifa, un lover boy que enamoraba a las chicas hasta hacerles creer que eran novios, las enganchaba a la cocaína base y, después, las ofrecía al resto de hombres bajo a la amenaza de que, si no obedecían, las abandonaría, como reza el auto judicial.

Según este escrito, a una de las víctimas la mantuvo tres días encerrada en una habitación, hasta que la chica consiguió escapar y pedir ayuda en un estanco de Usera. Cuando Kalifa conoció a una de las víctimas, esta tenía solo 13 años y la introdujo en el consumo de droga de tal forma que la adicción que le generó fue una bomba de relojería. Según recogía la policía, las chicas estaban sometidas a la red mediante “cadenas invisibles”, las que les ataban a sus explotadores porque ellas creían que estaban enamoradas y por su necesidad de consumir de estupefacientes.

La red movía a las víctimas a su antojo entre el polígono Marconi, zona habitual de toxicómanos y prostitución, y sus propios pisos, bares y negocios. Las reclamaba a cualquier hora y sin necesidad de un pretexto. La instrucción detalla las agresiones a una de las menores protegidas por parte de, al menos, 21 hombres que mantuvieron relaciones con ella a sabiendas de que era menor de 16 años y que, además, estaba enganchada a la droga.

Los sitios en los que sucedía se convertían en verdaderos escenarios del terror y la voluntad de las menores era manejada por su necesidad de consumir unos estupefacientes que los captadores de la trama les habían dado a probar por primera vez. El sótano de una peluquería en la avenida Monte Igueldo, un garaje, un locutorio... A veces, los hombres entregaban una miseria de dinero a las víctimas, que ellas se gastaban rápidamente en comprar más cocaína base. Otras, el dinero se entregaba directamente a Kalifa.

Los investigadores pudieron certificar la presencia de las víctimas en numerosas ocasiones en los poblados chabolistas del polígono Marconi. La investigación sitúa este escenario como el punto de encuentro de las menores con muchos de sus explotadores. Ahí es donde, según las pesquisas, dos procesados conocidos como Ñaño y Samuel conocieron a una de estas víctimas, a la que dieron cocaína base a cambio de relaciones sexuales, el intercambio habitual con el que mantenían sometidas a las chicas. En ocasiones, la crueldad daba un paso más, porque después de las relaciones les decían que en ese momento no tenían consigo la droga y las chicas tenían que marcharse sin su chute, como recoge este auto que hizo una vez un procesado apodado Claudio.

La casa de uno de ellos, en la calle Felisa Méndez, se convirtió en una especie de burdel improvisado en el que otro de los acusados, F. C., recibía a otros hombres para que agredieran a una de las menores tuteladas. Para conseguir clientes, subía a las redes sociales fotos de la chica, a la que bautizó Alicia. Las menores iban de vez en cuando a otro bar en Puente de Vallecas, pero incluso para dejarse caer por ahí a pasar el rato, tenían que pagar su trámite sexual con R. D., el camarero. La documentación de la instrucción refleja además como estas chicas corrían de hombre a hombre como si fueran mercancía. Unos se las pasaban a otros con la frase “mira lo que te he traído”.

Usaban a las chicas como moneda de cambio. La instructora acusa a otro de los procesados, I. R., de permitir a otro vivir en su casa, cerca de Moratalaz, a cambio de mantener relaciones con una de las víctimas. Otro, conocido como Metralla, también llevaba a menores a casa para que formaran parte de las fiestas con sus amigos, en las que el consentimiento de ellas no era algo que se tuviera en cuenta. Todos los procesados eran partícipes de estas prácticas, según la instrucción. Entre ellos Chucky que, según las bases de datos policiales es un hombre relacionado con los Dominican Don’t Play que además fue detenido por su supuesta relación con un homicidio meses después de su arresto de la operación Sana.

En el auto también aparece el nombre de dos mujeres: C. M. y La Negra. A la primera, se le atribuye el papel de una especie de chica de los recados en el polígono Marconi. De los peores recados: contactar con clientes y mover a las chicas de un lado a otro para que fueran violadas a cambio de droga o dinero, del que ellas solo obtenían una pequeña parte. La segunda actuaba como una especie de madame en un piso en el que las chicas consumían droga y eran explotadas.

La lista de delitos a los que se enfrentan los 25 procesados incluyen la agresión sexual, delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), prostitución de menores de 16 años, posesión y distribución de pornografía infantil y tenencia ilícita de armas. Una macrooperación que buceó en los bajos fondos de una ciudad que engulló e invisibilizó la explotación de al menos una decena de menores.

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