La residencia de las mil y una desgracias

Corría el año 2016 cuando Peñuelas abrió los telediarios de toda España por un motivo feliz. El Gordo de Navidad cayó en esta residencia de mayores cercana al centro de Madrid y los periodistas se agolparon en la puerta para entrevistar a los agraciados: mayores, trabajadores y familiares. Fue un premio muy repartido, una alegría extraordinaria en un lugar donde lo usual es lo contrario. Hasta tal punto que una trabajadora confesó a la cámara que creyó que había pasado algo malo en el momento del premio cuando de repente oyó gritos: “Pensaba que alguien se había caído o que había pasado algo serio”. Lo habitual en Peñuelas.

Este centro suele aparecer en noticias que nadie quiere protagonizar. En abril, una residente murió ahorcada; en junio, otra fue ingresada durante una ola de calor cuando no funcionaba el aire. La mujer, Encarnación Plaza, permaneció en el hospital hasta el jueves, cuando falleció. A esto se suman sanciones por falta de higiene, suciedad, irregularidades en la administración de medicamentos...

Pasan tantas cosas negativas que muchas ni se cuentan. La última desgracia ocurrió el 19 de junio y aún no ha salido en prensa. La revela Pablo Bravo, el hijo de una residente de 93 años. “Sé de un señor, que iba en silla de ruedas y al entrar al ascensor de espaldas, (de frente no se puede solo por la diferencia de altura), se le volcó la silla y se mató”, dice en un mensaje a este periódico. “El hombre se llamaba Antonio y jugaba a la pocha con mi madre. D.E.P.”

Antonio se golpeó en la nuca. El ascensor no estaba bien equilibrado y se formaba un escalón al entrar, un problema habitual en un centro de equipamientos muy viejos, según cuentan varios familiares de residentes. Durante una visita de este periódico, el director admite que después del suceso los técnicos tuvieron que intervenir: “Lo revisaron y lo nivelaron”. Sin embargo, luego el director general de Aralia, Álvaro Durán, aseguró en un correo que la revisión del servicio técnico no detectó fallo alguno. “Debemos negar que este desgraciado percance obedezca a tales causas”. La Comunidad informa de que está investigando las circunstancias así como las condiciones del ascensor y del entorno. En su visita, este periódico comprobó cómo otro ascensor no funciona, lo que refuerza la acusación de las familias.

Esa es la realidad de Peñuelas, vista por las asociaciones de familias y la oposición a la presidenta Isabel Díaz Ayuso como un ejemplo del deterioro que han sufrido los mayores de residencias durante la gestión de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. Se trata de un centro de titularidad pública inaugurado en 2002 cuya gestión ha sido sacada al concurso de empresas privadas. El presupuesto lo estipula el Ejecutivo madrileño y es tan poco atractivo que el año pasado nadie quiso optar a la última licitación. Quedó desierta en diciembre porque ni siquiera estaba interesada la gestora que tomó las riendas en 2014, Aralia, que recibe 4,3 millones de euros al año. A pesar de ese desinterés, la Comunidad forzó a la compañía a seguir gestionando la residencia mientras prepara un nuevo contrato que aún no ha visto la luz. La empresa quiere salir pero no puede. “Tiene las manos atadas”, cuentan los responsables del centro.

Esa situación de escasez ha llevado al límite la convivencia en este hogar de 220 plazas en el distrito de Arganzuela. Las familias reclaman y los trabajadores les culpan de revelar a los periodistas las miserias del centro, como pudo comprobar este periódico esta semana. Una familiar, Leonor Sánchez, era reprendida por hablar con la prensa. “Esos artículos no sirven para nada”, le reprochaba una responsable. “Nada cambia aquí”, le decía. “Lo único que conseguís es darnos más trabajo porque nos vienen más inspecciones, más reclamaciones de las familias y más trabajo que tenemos que atender”. El director, a su lado, decía que la mala prensa les perjudica a la hora de contratar empleados: “Googlean Peñuelas y pierden el interés”.

Tanto ella como la familiar estaban de acuerdo en que los trabajadores, como los mayores, son también víctimas de la situación “de abandono” del centro. Para ambas, la responsabilidad era de la Comunidad de Madrid: “La culpa es de los de arriba”, decía la empleada. Sánchez señalaba también a Aralia, a la que las familias culpan de escatimar en recursos básicos para obtener el máximo beneficio.

Cucarachas y telarañas

La empleada le decía a Sánchez que los trabajadores enviaron el mes pasado un escrito de tres páginas a la Consejería de Asuntos Sociales, quejándose de las carencias que tienen pero no les han contestado. Esa carta, que el sindicato CCOO ha enviado a este periódico, fue enviada a la administración autonómica el 7 de junio y recoge un sinfín de quejas: plaga de cucarachas, comida a 3,3 euros que puede suponer “desnutrición”, falta de personal, coste de podólogo y peluquería “desproporcionados”, escasez de material básico como vajilla, toallas o papel higiénico, falta de aire acondicionado, mayores sin supervisión que se escapan, residentes sin recursos que no pueden costearse los medicamentos “desentendiéndose la Comunidad”.

Consulte la carta de los trabajadores de Peñuelas a la Comunidad de Madrid quejándose de las carencias del centro y que no ha obtenido respuesta. Si no puede ver la imagen correctamente, descargue aquí el documento en PDF.

Los problemas también aparecen reflejados en las actas inspección de la Consejería en los últimos cuatro años, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Los nueve documentos, entre el 4 de marzo de 2020 y el 14 de febrero de 2023, muestran múltiples irregularidades y requerimientos de subsanación que son ignorados. Por ejemplo, el 24 de julio de 2022 un inspector descubrió telarañas en la antecocina de la planta tercera; dos semanas después, el 8 de agosto, las telarañas seguían ahí. En todas las actas se detecta falta de enfermeros o irregularidades en el uso de las sujeciones con las que se ata a los mayores con alzhéimer.

Otras deficiencias que detectan los inspectores son la mala conservación de los medicamentos y falta de titulación del personal que los dispensa, temperaturas altas en verano y bajas en invierno, mayores dependientes sin supervisión, manchas de humedad en las paredes, charcos de papilla en el suelo, fuerte olor a orín en los baños, lavabos sin papel secamanos y jaboneras vacías, lámparas sin bombillas o timbres de los dormitorios averiados.

Consulte las actas de inspección de la Comunidad de Madrid a la residencia Peñuelas entre 2020 y 2023. Si no puede ver la imagen correctamente, descargue aquí el documento en PDF.

Desde 2016, Peñuelas ha sido sancionada por la Comunidad al menos siete veces por importes que ascienden a más de 125.000 euros.

El deterioro a lo largo de los años es clamoroso. Según la empleada que hablaba con la familiar Sánchez, tras su apertura hace dos décadas, la residencia contaba con un equipo de siete médicos para atender a un centro en el que el 5% eran personas con dependencias. Ahora, tienen cuatro médicos para un 90% de dependientes. Sánchez ha visto el cambio porque su hermana Pilar lleva 17 años en Peñuelas. “Antes no faltaban enfermeras y teníamos médico por la noche. Hoy la empresa ni siquiera pone a nadie en recepción para atender la recepción”. A principios de junio un policía tuvo que saltarse la verja porque nadie atendía a una residente que volvía de noche tras haber recibido el alta en el hospital.

Conversión en “residencia 100% pública”

La asociación de derechos en residencias Pladigmare ha pedido al Gobierno de Ayuso que asuma la gestión del centro para convertir a Peñuelas en “una residencia 100% pública”, pero ese tipo de reclamaciones han caído en saco roto desde hace años.

El Gobierno de la expresidenta popular Cristina Cifuentes ignoró una moción aprobada en abril de 2018 con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos para que las 18 residencias públicas de gestión indirecta, entre ellas Peñuelas, pasaran al control de la administración.

Cuando un año después el consejero de Ciudadanos Alberto Reyero asumió la responsabilidad de las residencias, intentó expulsar a Aralia de la gestión de Peñuelas, pero se topó con el dictamen contrario de la abogacía de la Comunidad de Madrid que determinó que la infracción no era de suficiente alcance para una sanción de tal alcance.

Tampoco han servido los ruegos de Tomás Plaza y María González, dos mayores de Peñuelas que han ido en el último año a la Asamblea para pedir la intervención autonómica.

La portavoz de asuntos sociales del PSOE en la Asamblea, Lorena Morales, ha criticado “los pliegos de miseria” que ofrece la Comunidad a estas empresas. El desinterés del sector privado quedó probado en diciembre cuando no hubo aspirantes, dice y añade que ahora la Comunidad queda retratada de nuevo por su falta de acción. “Han sido incapaces de publicar un pliego nuevo, a pesar de que son conocedores de la urgencia que hay, pues las quejas de familias y los usuarios sobre la situación en Peñuelas son permanentes. Han alargado la prórroga con Aralia hasta el 25 de octubre, alargando también la agonía de cientos de usuarios y usuarias”.

La Comunidad ha informado de que está preparando los nuevos pliegos de Peñuelas y el resto de sus residencias concertadas. Aralia no se va a presentar en Peñuelas, según su director general: “Es nuestra voluntad dejar de prestar el servicio en cuanto resulte un nuevo adjudicatario”.

Leonor Sánchez no se desmoraliza. Las familias, que han protestado ante la Consejería en varias ocasiones, sienten que unidos tienen más impacto. “Como no se consigue nada es dejando de luchar”. No pueden esperar a que el Gordo vuelva a caer en Peñuelas.

¿Tienes más información? Contacta al autor por email fpeinado@elpais.es o por Twitter @FernandoPeinado

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