María, residente de 92 años en uno de los hogares de mayores más sancionados de Madrid: “Vivir aquí es muy duro”

María González Martín, de 92 años, es distinta a muchas otras personas que viven en residencias de mayores. Ella es consciente de lo que pasa a su alrededor y no tiene miedo a las represalias, así que no se calla. Ha visto cómo se ha deteriorado el servicio a lo largo de los 13 años que lleva viviendo en Peñuelas, uno de los hogares más sancionados por la Comunidad de Madrid. Se trata de un centro de titularidad pública, pero cedido a una empresa, Aralia, tan poco interesada en este negocio que quiere marcharse. El concurso público para continuar con la gestión por otros tres años quedó desierto en diciembre. María ha ido este jueves a un palco de la Asamblea regional, invitada por el grupo del PSOE, que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que Peñuelas y otros 17 hogares de la comunidad gestionados por empresas privadas vuelvan a ser públicas al 100%. La moción ha sido rechazada, como era previsible por la relación de fuerzas, con el voto en contra del PP y Vox y los apoyos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

María recibe a este periódico un día antes en su dormitorio de la residencia, que se encuentra en un lugar céntrico de Madrid, solo dos kilómetros al sur de la Puerta del Sol. La acompaña su hijo Pablo Bravo, que empuja su silla de ruedas. En las salas comunes de la planta baja, los mayores se entretienen viendo la tele o dibujando. Antes había animadores que organizaban actividades y personal en la cafetería, pero la empresa que gestiona el centro a cambio de una contraprestación que paga la Comunidad ha recortado esos servicios. Tampoco hoy han venido los fisioterapeutas. Cada día faltan más cosas: toallas, papel higiénico, cubiertos...

“Vivir aquí es muy duro”, empieza ella. “Ahí abajo, hay ahora mismo una cola para hacer pipí que ni te imaginas”, dice. Como la inmensa mayoría de los residentes son dependientes, necesitan ayuda de trabajadores para que los acompañen al baño, pero apenas hay personal para tantos mayores que necesitan esa ayuda tan básica y tan privada.

María es presidenta del comité de residentes, un órgano inusual en el sector porque muchas veces no hay candidatos interesados o porque las residencias boicotean las elecciones, según denuncia la asociación de derechos Pladigmare. Ella y otros dos vocales se reúnen una vez al mes o cada dos meses con el director de la residencia. “Le contamos todos los problemas y él va apuntando. Cuando terminamos nos dice ‘haré lo que pueda’, pero nunca hace nada”.

“La culpa no es de los trabajadores ni del director”, continúa, “sino del dueño de la empresa, que se ha metido el dinero a mantas, así”, dice, llevándose la mano al bolsillo. La empresa Aralia fue fundada por el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, que el año pasado fue condenado a 19 meses de prisión en una de las piezas de la trama de corrupción Gürtel. Aralia ha gestionado Peñuelas desde 2015. Es una de las empresas con peor reputación del sector. Entre 2015 y principios de 2020, la Comunidad de Madrid sancionó a Aralia por 76.000 euros por su mala gestión de Peñuelas (mala higiene, falta de personal, asistencia inadecuada), según una investigación de EL PAÍS. El diario El Mundo publicó el mes pasado que Peñuelas había recibido una nueva sanción de 25.000 euros. La multa fue impuesta tras una inspección en octubre del año pasado, que detectó varias incidencias. La asociación Pladigmare había denunciado mala atención y malos tratos. En diciembre se conoció su voluntad de salir del contrato, cuando la Comunidad anunció que nadie se había presentado al nuevo contrato. Sin embargo, Aralia sigue aún a cargo.

“Pliegos de miseria”

María se mudó a la residencia en 2010 junto con su marido enfermo de alzhéimer, que murió tres años más tarde. La residencia siempre tuvo problemas, pero se agravaron con la llegada de Aralia en 2015. Un puñado de residentes y los hijos de otros dependientes empezaron a organizarse. Uno de sus compañeros, Tomás Plaza, se hizo conocido el año pasado cuando la diputada socialista Lorena Morales lo invitó a la Asamblea y contó su historia. Desde los asientos de visitantes, Tomás se echó a llorar mientras recibía el aplauso de la oposición. Tomás se marchó hace poco a otra residencia y, ahora, quedan pocos como ella que puedan defender al resto.

Este jueves, María ha acudido a la Asamblea acompañada de su hijo Pablo y de Tomás. La diputada Morales ha defendido a las 15.00 la PNL para revertir la privatización de las 18 residencias porque, argumenta, las empresas que las gestionan aceptan “pliegos de miseria”. Morales habló de María y Tomás desde la tribuna, que recibieron un aplauso de parte del pleno.

“La Comunidad de Madrid invierte en sus residencias públicas de gestión directa 110 euros por residente y día. Pero solo paga a la empresa que gestiona Peñuelas menos de 50 euros por residente y día”, le dijo Morales a este periódico antes del debate. “De ahí la empresa tiene que sacar su ganancia, con lo cual la atención que reciben esas personas es nefasta”, insiste.

Con esas condiciones, a la Comunidad le cuesta encontrar candidatos para llevar estas residencias. El año pasado la fundación del Padre Ángel quiso abandonar la residencia Fundación Reina Sofía Alzhéimer, en Vallecas, pero la Comunidad lo forzó a continuar en el contrato. Otras tres empresas habían descartado la gestión por la dificultad de dar un servicio de calidad. Otra empresa, Centenari, ha sido noticia por los atrasos en los pagos a sus trabajadores en dos residencias, Ensanche de Vallecas y Parque de los Frailes (Leganés).

A pesar de esos casos, la PNL no salió adelante porque a la izquierda no le dan los números. Los diputados votaron este jueves a las 20.00, cuando terminaron de debatir todos los asuntos del día. María recibió la noticia con decepción: “No tienen vergüenza. Nos quieren dejar tiraos”.

En 2018, el PSOE presentó otra iniciativa similar que sí fue aprobada gracias al apoyo de Ciudadanos y Podemos. Pero no sirvió de nada, porque incluso cuando gozan, como entonces, de la mayoría parlamentaria, el Ejecutivo no está obligado a cumplir este tipo de mociones.

María ha pasado muy malos tragos en la residencia. Una noche de principios de enero, creía que iba a llegar su fin. Enferma, presionó el botón del intercomunicador, pero nadie contestó porque, durante la noche, nadie atiende en recepción. Pidió auxilio a gritos: “¡Que me muero, que me muero!”. Cuando llegó una cuidadora, le rogó sin suerte que llamara a una ambulancia. “Vino, me trajo un vaso de agua y me dijo ‘a ver si se te pasa’”. No había médico ni enfermera para verla. A la mañana siguiente, cuando los especialistas la vieron, la mandaron rápido al hospital. Tenía una neumonía.

Los hijos de los residentes de Peñuelas han denunciado recientemente graves errores médicos, según Pladigmare: una mujer que sufrió un ictus pasó toda una mañana sin atención en su habitación y otros dos residentes fueron asistidos de urgencia después de que los empleados confundieran la medicación. “Si a mí, que tengo bien la cabeza, me hacen esto, ¿qué no harán a los otros?”, lamenta María.

La mujer no pierde la esperanza de que las cosas mejoren en Peñuelas. Su puesto de presidenta del comité de residentes le da vida. “Lo hago por mis niños”, dice pensando en los mayores sin capacidad para defenderse. “Yo no puedo dejar esto porque vale la pena que yo esté aquí”.

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