La residencia de mayores de Vallecas que no quiere nadie

Muchas residencias de mayores se parecen unas a otras, como si hubieran sido fabricadas en serie. No es el caso de la residencia Fundación Reina Sofía Alzhéimer. Se trata de un hogar con mucho caché, quizás el proyecto filantrópico con más renombre de la organización de la madre del Rey, quien le dio impulso hace dos décadas. La Reina visitó parcelas en la ciudad de Madrid hasta escoger su ubicación final en Vallecas. Ha aparecido innumerables veces en prensa desde que Sus Majestades lo inauguraron en 2007, obra del galardonado estudio de arquitectura Lamela. Además de ofrecer cama y cuidados a 154 personas con alzhéimer, acoge un centro de investigación contra esa enfermedad. A pesar de estas distinciones, 15 años después nadie del sector privado quiere hacerse cargo de esta residencia, entre ellos el famoso padre Ángel, el sacerdote que ha intentado romper sin éxito el contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó el año pasado a su asociación. Antes, ya hubo al menos tres grandes empresas que dejaron ver su desinterés.

¿La razón? La propietaria del centro, la Comunidad de Madrid, ofrece un precio demasiado bajo para que la gestión sea atractiva. Desde su pomposa inauguración por los Reyes en 2007, la residencia ha sido gestionada por Clece, empresa del imperio de Florentino Pérez dedicada a los cuidados, la limpieza y la hostelería. El contrato preveía que la Comunidad pagara a Clece anualmente 4,4 millones de euros, incluido el 4% de IVA a cambio de que la empresa se ocupara de todos los costes del día a día. El precio se mantuvo durante 14 años tras un par de prórrogas. En total, 63,5 millones de euros.

Llegada la pandemia, la Comunidad propuso los nuevos términos para la renovación y Clece respondió que no estaba interesada. Los costes habían subido, las exigencias también (por ejemplo tres cuidadores extra), pero el precio que proponía pagar la Comunidad apenas se había movido.

Clece comunicó que no iba a presentarse a la renovación porque creía que no podría prestar el servicio de acuerdo con sus estándares de calidad, explica su director de Operaciones, Jesús Nogales. “A lo largo de 14 años se había producido un incremento de costes de un 35% debido fundamentalmente a las necesarias subidas salariales previstas en los convenios colectivos. Vimos que esto iba a causar un desequilibrio desfavorable para nosotros y decidimos no continuar. Avisamos con muchos meses de antelación para que la Comunidad tuviese tiempo de gestionar la nueva licitación”, agrega. “Nos dio mucha pena pero con ese precio tan bajo no podíamos presentarnos”.

A finales de 2020, la Comunidad abrió plazo para un concurso que levantó ampollas en el sector de los cuidados. El presupuesto anual estimado por el Gobierno regional era de 4,8 millones de euros, un pago por la gestión que muchos consideraron irrisorio considerando los precios del mercado. Dos entidades, el sindicato Progreso y la patronal Asade, recurrieron. Asade, que representa a varios de los grandes grupos del sector de cuidados, creía que el coste estimado por la Comunidad debía ser incrementado en casi un 20%. Progreso, el representante mayoritario de los trabajadores, impugnó un contrato que consideraba indigno. “Cuando vimos los pliegos nos echamos las manos a la cabeza”, dice su secretario general, Javier Blanco. “Es imposible prestar el servicio con el dinero que ofrece la Comunidad. Lo que no nos explicamos es que hagan esto con una residencia top, que yo creo es la más importante que tienen”.

No sirvió de nada. El órgano de la Comunidad de Madrid que resuelve recursos contra los contratos, el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública, desestimó las dos reclamaciones.

Los incidentes no acabaron ahí. Se presentaron cuatro candidatos que fueron valorados por las mejoras que propusieron (hasta 51 puntos posibles) y por su oferta económica (hasta 49 puntos). Ferrovial hizo una oferta tan escasa (4,4 millones al año) que fue expulsado por baja temeraria, un castigo legal para aquellos candidatos que hacen promesas que previsiblemente no podrán cumplir. La ganadora con 99 puntos, Sacyr Social, filial de residencias de la constructora Sacyr, rechazó la adjudicación. Un portavoz explica que la inflación había subido más de lo esperado entre noviembre de 2020, cuando mandaron su propuesta, y abril de 2021, cuando la retiraron. La segunda con 88 puntos, la multinacional francesa DomusVi, también dio marcha atrás. Solo quedaban los últimos con 72 puntos, el padre Ángel y su asociación Mensajeros de la Paz, que habían propuesto un precio anual de 4,5 millones de euros (al ser una entidad social está exentos del 4% de IVA, lo que supuso un pequeño ahorro para la Comunidad). El precio, 15 años después, seguía siendo prácticamente el mismo que la Comunidad de Madrid empezó a pagar a Clece en 2007.

La asociación del padre Ángel ganó un contrato de casi 25 millones de euros hasta 2026. Parece una cifra suculenta pero habían heredado una plantilla de 274 trabajadores. El contrato establece que debe haber a jornada completa 64 cuidadores (23 en turno de mañana, 22 de tarde y 9 de noche), cinco enfermeras (dos de mañana, dos de tarde y una de noche) y tres médicos (uno de ellos geriatra). Además, Mensajeros debe garantizar la presencia de lunes a viernes de dos fisioterapeutas y dos terapeutas ocupacionales, un trabajador social, un psicólogo y un ingeniero industrial especialista en mantenimiento de instalaciones.

La consecuencia de un precio tan bajo para costes tan altos es que la entidad gestora trata de ahorrar a toda costa, según las familias. “Les dan compotas en lugar de fruta fresca, los colchones están podridos, las sábanas y toallas tienen agujeros, las almohadas son extraplanas y si sufren bajas de personal no las cubren”, protesta Carmen Martín, portavoz de La Marea de Residencias, una asociación nacida en el seno de la izquierda madrileña para defender los derechos de las personas mayores y denunciar el negocio generado en torno a ellos.

El movimiento por la dignidad en las residencias se ha fortalecido como reacción a las penurias de la pandemia. Esa nueva energía ha coincidido en Residencia Fundación Reina Sofía Alzhéimer con el cambio de manos de Clece a Mensajeros, que se produjo en agosto. Las familias han percibido un rápido deterioro del servicio y han intensificado sus protestas.

Cedido por la Reina

Para muchos hijos es una desagradable sorpresa que este abandono se produzca en una residencia “pionera al incorporar una unidad de investigación”, según la promoción que en su día hizo la Fundación Reina Sofía. Era “un modelo de tratamiento integral preparado para ser reproducido en cualquier parte del mundo”. La Fundación Reina Sofía cedió gratuitamente la residencia a la Comunidad de Madrid y la unidad científica a la Fundación estatal Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), dependiente del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde entonces, este último centro ha recibido más de seis millones de euros de la organización filantrópica de la Reina, según responde su secretaría en un correo. Su Majestad ha mostrado el complejo residencial y de investigación a autoridades venidas del resto del mundo como por ejemplo en 2011 el presidente de Chile Sebastián Piñera.

Hace dos semanas se produjo una concentración a las puertas de la residencia durante un simposio científico en el que tenía previsto participar el padre Ángel. Tras esto, el sacerdote envió una carta a la consejera de Política Social en Madrid, Concha Dancausa, pidiendo el fin del contrato. La Comunidad no lo ha permitido y le ha impuesto la presencia de un supervisor que vigilará que Mensajeros cumple sus obligaciones, según pudo conocer EL PAÍS este martes. Está por ver si el padre Ángel destina más recursos humanos y materiales para mejorar la atención. El sacerdote ha reconocido a este periódico que está abierto a esa opción.

Pero las familias no creen en sus promesas. “La propia empresa nos ha reconocido en privado que fue un error haber aceptado gestionar un centro con muchos gastos por un precio tan bajo”, critica el actor Tristán Ulloa, hijo de una residente. “La Comunidad de Madrid está obligando a los residentes desatendidos a convivir con unos trabajadores desmotivados y una empresa gestora que se quiere retirar”. A muchos familiares les gustaría que la Comunidad asumiese la gestión directa del centro con sus propios recursos. Pero la opción por lo público es minoritaria en una región con casi 500 hogares de mayores, de los cuales 43 son residencias públicas (25 gestionadas directamente por el Gobierno regional y otras 18 por el sector privado bajo la misma fórmula que Fundación Reina Sofía Alzhéimer).

Según la Comunidad, Mensajeros debe quedarse en la residencia al menos hasta noviembre de 2023. Entonces habrá que ver si se ha resuelto el problema de este centro sin pretendientes.

Para complicarlo todo, la frustrada salida del padre Ángel ha puesto en evidencia el pánico que el sector privado siente por la mala prensa que dan las protestas. Mensajeros trató de huir cuando la agitación fue a más. “Cada vez hay más protestas en residencias y nosotros queremos alejarnos de ese ruido”, le decía la semana pasada a este periódico el director general de Mensajeros, Sergio Mella.

Probablemente ese movimiento por la dignidad no se detendrá, pronostica la portavoz de la Marea: “Creo que la sociedad ya ha empezado a despertar y los familiares no se van a callar”.

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