La Comunidad de Madrid impone al padre Ángel un supervisor para que cumpla su obligación de gestionar una residencia pública

El contrato no se rompe. La Comunidad de Madrid le ha dicho al padre Ángel que debe cumplir con el compromiso de gestionar un hogar de mayores con alzhéimer en el distrito de Vallecas y que el conflicto con las familias por la calidad del servicio no es excusa para salir del centro. La consejera de Política Social, Concepción Dancausa, citó este lunes al famoso sacerdote filántropo para dar esta respuesta a una carta que el religioso envió la semana pasada pidiendo el fin de la relación, según ha sabido EL PAÍS. La consejera ha nombrado a un responsable regional que supervisará el cumplimiento del contrato al menos hasta 2023. Ambas partes niegan que se trate de una intervención del centro, una residencia de 156 plazas y 40 más como centro de día llamada Fundación Reina Sofía Alzhéimer.

El padre Ángel, cuyo nombre completo es Ángel García Rodríguez, dice que abrirá sus puertas agradecido al supervisor gubernamental: “Si viene a hacer el bien, bendito sea Dios”.

“Creo que vamos a poner paz y a hacerlo bien y sigo ilusionado de seguir allí”, agrega. La reunión tuvo lugar el lunes por la tarde y fue cordial, según el sacerdote. Para resolver el conflicto, el padre Ángel se muestra dispuesto a ampliar el número de cuidadores, como demandan las familias. También está considerando sentarse con ellas: “”Estamos abiertos a poner más personal y vamos a ilusionar al personal que tenemos para que sigan trabajando. He pensado en acercarme por allí en unos días y hablar con los hijos”.

La asociación del padre Ángel, Mensajeros de la Paz Edad Dorada, ganó en agosto del año pasado el concurso público para gestionar la residencia con el compromiso de permanecer hasta 2023, con una posible prórroga por dos años más. Se trata de una de las 18 residencias públicas gestionadas por empresas o entidades privadas. Mensajeros recibe 4,5 millones de euros anualmente, a condición de cumplir con unas estipulaciones que incluyen un ratio de 0,6 trabajadores de atención directa por cada residente. Los hijos de las personas atendidas en la residencia llevan meses protestando por condiciones del servicio como la comida, la higiene o la falta de cuidadores.

El contrato establece que debe haber a jornada completa 64 cuidadores (23 en turno de mañana, 22 de tarde y 9 de noche), cinco enfermeras (dos de mañana, dos de tarde y una de noche) y tres médicos (uno de ellos geriatra). Además, Mensajeros debe garantizar la presencia de lunes a viernes de dos fisioterapeutas y dos terapeutas ocupacionales, un trabajador social, un psicólogo y un ingeniero industrial especialista en mantenimiento de instalaciones.

Las familias, amparadas por las asociaciones Verdad y Justicia y Marea de Residencias, recibieron el viernes con satisfacción la noticia de que el padre Ángel buscaba salir del centro. Habían quedado a la espera de conocer qué decisión tomaba la Comunidad de Madrid, pero su demanda era que el centro pasase a ser gestionado por el Gobierno regional.

El padre Ángel envió una carta el miércoles pasado a la consejera, pidiendo el cese de la relación. Según un portavoz de la Consejería, esa misiva no supone una ruptura del contrato. Según este portavoz, la carta expresa su intención de renunciar al contrato, pero en ningún caso incluye una solicitud formal de rescisión o cesión de un contrato que está plenamente en vigor. “La entidad está obligada a cumplir el contrato [por el que va a recibir 10,6 millones de euros y que expira en noviembre de 2023] con los estándares de calidad del servicio estipulados en el pliego de condiciones de la licitación a la que Mensajeros de la Paz acudió libremente”, dice un portavoz.

El supervisor va a realizar un seguimiento de la gestión para garantizar que los residentes estén bien atendidos y se cumpla con lo establecido en el contrato de adjudicación. Su nombre no ha trascendido.

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