Una mujer muere estrangulada mientras estaba atada a la cama en una residencia que recibe una multa de 25.000 euros

Una madrugada hace tres meses, las auxiliares del turno de noche en la residencia Peñuelas detectaron algo extraño en la habitación de una residente durante su segunda ronda, a las 3.20. La mujer se había movido tanto que su cabeza había llegado a la mitad de la cama y la sujeción abdominal estaba cerca del cuello. Comprobaron que estaba consciente y estable. La reincorporaron y continuaron su trabajo visitando otros dormitorios. Más tarde, a las 6.10, durante su tercera ronda, volvieron a la misma estancia. Vieron el cuerpo descolocado de nuevo. Esta vez, encontraron que la atadura le había oprimido el cuello. Su piel tenía una coloración amarillenta. Ya no respiraba.

La muerte de P. C. G. se produjo el martes 11 de abril en ese hogar de mayores cercano al centro de la capital, en el distrito de Arganzuela. La residencia informó a Alfonso, hijo de la fallecida, a la Policía y al juez, como manda el protocolo. La familia de la residente, que había autorizado el uso de las sujeciones, no tomó medidas. Otras familias trataron de convencerles para que hablaran con la prensa, pero fue inútil. “Una persona que hizo de interlocutora nos dijo que no iban a hacer nada”, dice Leonor Sánchez, la hermana de otra residente. Así, en silencio y sin que salgan a la luz, se producen con frecuencia un número indeterminado de muertes por sujeciones en las residencias de España, que es considerado el país desarrollado que más abusa de las ataduras.

El espeluznante suceso habría pasado al olvido de no haber sido porque EL PAÍS ha descubierto que la Comunidad de Madrid subió a una web oficial el mes pasado una sanción a Aralia, la empresa privada que gestiona esta residencia pública. La multa es de 24.851 euros con 66 céntimos. El motivo no es la muerte violenta, que está siendo investigada por la Fiscalía, sino el ocultamiento de lo sucedido a las autoridades autonómicas, una infracción grave.

La Comunidad se enteró del fallecimiento, según detalla el documento, “por información ajena al centro”. El contrato estipula que Aralia debe informar a la Consejería de Asuntos Sociales el mismo día en que se produzca una incidencia significativa que afecte a los usuarios, como es el caso de una presunta muerte violenta. Los hechos descritos al principio de este artículo son los que relató días más tarde por escrito el propio director de la residencia en una respuesta a la Consejería, dando explicaciones sobre lo sucedido.

El uso de las sujeciones es legal en España siempre que se cumplan una serie de pautas como el consentimiento informado a los familiares o la prescripción de un médico, que aparentemente se daban en este caso. Además, la Fiscalía considera que los principios que deben orientar el uso de las correas son la “excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso”.

Lo probable es que la Fiscalía archive el caso de Peñuelas si comprueba que existían los dos documentos, el de la familia y el del médico, dice Emilio Fariña, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que ha investigado los “accidentes” causados por sujeciones. Como otros expertos, Fariña, pide un endurecimiento legal para acabar con la “cultura de atar”.

Sin embargo, con las normas actuales es posible apreciar indicios de delito, opina el doctor Antonio Burgueño, una autoridad en la lucha contra las sujeciones. “Se ve que hay riesgo de muerte, pero no se hace nada, lo que sería abandono del cuidado debido”, dice Burgueño, que dirige el programa Desatar de la confederación de asociaciones de mayores Ceoma.

“Es triste leer que lo que interesa es la multa y no la dramática muerte de una persona objeto de un delito”, dice Burgueño. “No es admisible que una persona duerma atada en una residencia. Esa mujer muere intentando zafarse de unas ataduras que no comprende y que no admite. Muere de forma violenta, pues atar es violencia y violencia es ver que está intentando zafarse de las sujeciones y dejarla tres horas más luchando hasta que muera”.

Tratando de evitar la multa, la residencia Peñuelas alegó en mayo que consideraba que no cabía calificar los hechos como “asfixia por sujeción” porque el fallecimiento no tenía un diagnóstico certero. La Consejería desestimó esta explicación porque dos días después del suceso la propia residencia había descrito con detalle y sin ponerlo en duda que la mujer se había estrangulado con la sujeción.

Esta residencia es una habitual en los medios de comunicación a causa de los despropósitos más variados. Errores en la medicación, averías del aire acondicionado en medio de una ola de calor, maltratos, falta de personal... Desde 2016, Peñuelas ha sido sancionada por la Comunidad al menos siete veces por importes que ascienden a más de 125.000 euros.

Muertes silenciosas

Probablemente, el suceso de Peñuelas nunca habría salido a la luz si Aralia hubiera informado a tiempo a la Comunidad. No es la primera vez que este periódico reporta muertes de este tipo de las que tiene conocimiento de manera indirecta. El año pasado, fueron publicadas informaciones sobre dos casos semejantes en Madrid, en 2019 y 2021, de los que solo se tuvo noticia gracias a terceros.

Ni Policía, ni Fiscalía, ni Comunidad de Madrid comunican estos sucesos a los medios; las residencias tampoco los dan a conocer porque, entienden, dañan su imagen; y las familias optan a menudo por pasar página, quizás por un sentimiento de culpa, ya que son los parientes quienes deben autorizar el uso de las correas. Un portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a la pregunta sobre cuántos fallecimientos de este tipo se han producido en residencias desde 2019. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado carece de datos sobre estos decesos. Esto se explica, dice un portavoz, porque “en las estadísticas no se reflejan las circunstancias de las muertes y resulta imposible detallar las circunstancias de cada asunto”.

La ausencia de datos dificulta la lucha de los activistas contra las sujeciones. Ceoma lleva 19 años concienciando sobre los daños físicos y psicológicos en los mayores atados (úlceras, atrofia muscular, traumas, aumento de la incontinencia, mayor probabilidad de infecciones urinarias, mayor agitación en personas con trastornos cognitivos). Las muertes se producen porque los mayores se angustian y tratan de liberarse.

Más de 300 residencias de toda España se han sumado a los programas de erradicación de Ceoma y otro grupo, la Fundación Cuidados Dignos. Es una cifra pequeña teniendo en cuenta que operan más de 5.500 centros de este tipo. La Consejería de Asuntos Sociales madrileña dice que en 2022 sus inspectores iniciaron un plan especial de comprobación, seguimiento y reducción de sujeciones.

“Mal visto” en otros países

El doctor Burgueño lamenta que se sigan dando sucesos de este tipo, a pesar de que cada vez más autoridades respaldan la tolerancia cero contra las sujeciones, como es el caso del Ministerio de Asuntos Sociales, la Fiscalía General del Estado o la Sociedad Española de Geriatría. “Ahora todos hablan de atención libre de sujeciones. Nosotros lo propusimos hace 20 años”.

La doctora Ana Urrutia, presidenta de Cuidados Dignos, lamenta el “poco impacto” de estas noticias. “Es un hecho gravísimo que una persona muera así y no salga a la luz. Este sigue siendo un tema al que no se le da importancia en nuestro país. En otros países el uso del cinturón está ultra regulado y muy mal visto. Por ejemplo, en Inglaterra es vergonzante”.

Estas organizaciones advierten de que las ataduras son innecesarias, contra lo que creen otros que las ven como un mal necesario para evitar caídas. Los hogares de mayores que las han eliminado recurren a alternativas como por ejemplo camas a ras de suelo o salas de relajación. “Si esas auxiliares hubieran sido entrenadas, en la primera ronda le habrían soltado la correa y habrían averiguado la causa del malestar”, dice Urrutia, “quizás sentía necesidad de ir al baño o alguna molestia. Podrían haberla tratado de calmar dando un paseo”.

Otra solución es un aumento de la vigilancia, pero esta residencia carece del personal suficiente, según múltiples quejas de las familias. Como dice Leonor Sánchez, la mujer que intentó contactar con los familiares de la fallecida: “En Peñuelas lo raro es que no pasen más cosas”.

¿Tienes más información? Contacta al autor a fpeinado@elpais.es o por Twitter a @FernandoPeinado

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