País Vasco se suma al modelo islandés contra los abusos sexuales infantiles: ambiente amigable y asistencia integral

El proceso que va desde que un menor de edad denuncia haber sido víctima de una agresión sexual hasta que su caso se resuelve en el juzgado puede durar en España una media de dos o tres años, según la asociación Save The Children. Probablemente, en ese ínterin habrá contado cómo sucedieron los abusos a unas ocho personas (la familia, la maestra, la policía, el médico, el juez…). “Es una experiencia muy traumática”, dice el psicólogo forense Fernando Álvarez Ramos, porque cada vez que un niño o un adolescente tiene que relatar los malos tratos sufre una “segunda victimización”. En Vitoria se abrirá antes del verano un nuevo servicio de atención a menores víctimas de agresiones sexuales basado en el modelo Barnahus (casa de los niños, en su acepción islandesa), el primero de estas características en el País Vasco y el segundo en España tras el que se creó en 2020 en Tarragona. Además, está previsto que el modelo se extienda en otros emplazamientos españoles.

La Barnahus de Vitoria está inspirada en un modelo que nació en 1985 en EE UU, y se replicó a finales del siglo pasado en Islandia, donde se incorporó como novedad la atención integral a la víctima y la realización de una entrevista forense por circuito cerrado de televisión ante un representante del ámbito judicial que se configura como prueba preconstituida, válida durante el juicio penal que resolverá un presunto caso de abuso sexual al menor. Lo que diferencia a la primera Barnahus vasca es que “contará con la participación de todos los agentes involucrados en la actuación judicial y el tratamiento psicológico a los afectados”, explica Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco.

Jueces, fiscales, los colegios de abogados, la Ertzaintza, los servicios de protección del menor, trabajadores sociales, los departamentos de Educación y Sanidad y especialistas en psicología forense han participado en el impulso del proyecto piloto que arrancará en Vitoria. El objetivo del Gobierno vasco es extenderlo en el futuro a Bizkaia y Gipuzkoa. Charo Arranz, directora de la citada ONG en Euskadi, apunta: “No nos importa cuándo se ponga en marcha, lo que queremos garantizar es que, cuando un niño entre por la puerta de la Barnahus, todos los profesionales estén formados y preparados y que los protocolos de actuación estén bien definidos”.

La experiencia de la Barnahus de Tarragona ha resultado muy positiva y permitido detectar 622 casos de abusos sexuales a menores en dos años y medio, según los datos facilitados a finales de marzo pasado por la Generalitat catalana. En esta comunidad autónoma podrían estar en marcha próximamente otros 13 proyectos similares, incluido Barcelona. Fuera de Cataluña, además de la casa prevista en el País Vasco, Save The Children asesora a los gobiernos regionales de Navarra, Cantabria, Madrid, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana para replicar este modelo. “El que está más avanzado es el de Vitoria”, apunta Arranz: “Se ha tenido que hacer mucho trabajo de preparación por la compleja arquitectura competencial vasca. Finalmente, después de 10 reuniones durante 2022, se ha conseguido involucrar a todos los agentes implicados”. Canarias creó a finales de 2021 un juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, aunque esta experiencia no se ajustaba exactamente al modelo Barnahus, una de cuyas premisas es que el local donde se atiende a los menores esté lejos de juzgados y hospitales para evitar su revictimización. Arranz apostilla que la experiencia canaria “no ofrecía la coordinación entre los diferentes agentes ni la formación especializada a los profesionales”.

Hasta ahora, los menores denunciantes son citados en los juzgados vascos para que presten declaración en unas salas especiales, conocidas como cámaras Gesell. Están acondicionadas con un espejo unidireccional que permite presenciar la entrevista con la víctima desde una habitación adyacente. Este sistema se instalará en la Barnahus vitoriana con un decorado “especialmente amigable”, dice Álvarez Ramos, el psicólogo que actuará como coordinador del equipo psicosocial: “En esta especie de mini juicio, el psicólogo forense dirigirá el interrogatorio. Estará conectado con los miembros de la comisión judicial que asisten desde la otra sala o la siguen por videoconferencia e irá incorporando las preguntas que estos le vayan proponiendo”.

La idea es, explica la fiscal jefe de Álava, Carmen Cotelo, “concentrar todos los actos judiciales en la Barnahus, donde se ofrecerán todas las garantías procesales y psicológicas a los menores”. Añade que este servicio “conseguirá perjudicar lo menos posible a estas personas durante la instrucción, porque solo tendrán que detallar los hechos una vez”. “Su testimonio tendrá validez en el juicio. Está demostrado que la reiteración de las vivencias [que se denuncian] es un trance muy doloroso”, señala Cotelo.

“Difícilmente habrá una condena por agresión sexual si no se ha recogido la declaración del menor con todas las garantías jurídicas y con el mayor grado de detalle de lo sucedido. Esto es lo que más impacta a la víctima. Tenemos a gente preparada para conducir una entrevista forense que cumple con el doble objetivo de obtener el mejor testimonio en calidad y cantidad con la menor victimización posible”, señala Álvarez Ramos. “Sabemos que cada vez que le pedimos a la víctima que recuerde lo sucedido, abrimos una herida. Por eso es fundamental que la declaración del menor se tome cuanto antes y presencia de todas las partes para que no tenga que repetir su testimonio”, añade.

7 de cada 10 casos no llegan a juicio por falta de pruebas

La Barnahus de Vitoria estará situada en un área residencial –su ubicación no se dará a conocer para preservar la intimidad de los menores–, de fácil acceso y lejos de juzgados, comisarías y hospitales. “Las víctimas no están enfermas ni son delincuentes”, apunta Arranz. El centro vasco tendrá 343 metros cuadrados y en breve comenzarán las obras de construcción en la capital alavesa, asegura Amilibia: “Estará decorada con motivos acogedores y amigables. Contará con un personal fijo formado por un coordinador, un trabajador social y psicólogos que realizarán las entrevistas exploratorias y ofrecerán atención terapéutica”.

La comisión que ha ido preparando a lo largo del año pasado la implantación de la Barnahus vasca visitó en junio el centro existente en la ciudad danesa de Naestved, uno de los cinco que hay en este país. El fundador de este modelo en Islandia, Bragi Gudbrandsson, miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, visitó en noviembre pasado el proyecto que se estaba gestando en el País Vasco. Amilibia destaca que se ha realizado “un gran trabajo de coordinación y formación de todos los agentes y sistemas concernidos para dar una atención integral a los menores víctimas de abusos sexuales”.

Actualmente, en el País Vasco “hay más de 600 puntos de entrada que pueden atender estos posibles casos, en los que las víctimas tienen que pasar por cuatro servicios diferentes que no están coordinados”. “Eso no solo dificulta su recuperación, sino que además es perjudicial para el proceso judicial, ya que no se cuida su testimonio y se genera un daño adicional al menor, generando una victimización secundaria. El resultado es que 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas”, afirma la responsable de Save The Children. Se estima que solo el 15% de las agresiones de esta naturaleza se denuncian. Arranz coincide con la viceconsejera Amilibia en que la apertura de una Barnahus elevará la tasa de enjuiciamientos y de condenas por estos delitos contra los menores.

Desde Save The Children se aporta otro “salto cualitativo” que se dará con la puesta en marcha de la Barnahus: “Ahora solo se presta atención psicológica a las familias que no son protectoras, las que cuidan de manera negligente a sus pequeños. Con este sistema, el derecho a recibir un tratamiento psicológico será universal, sin tener en cuenta la situación de las familias”.