El centro especializado en abusos a niños en Madrid tiene en lista de espera a más de 250 menores

Con estos números de fondo, esta Consejería junto a la de Justicia y la de Sanidad, están trabajando en la creación de una Casa de los Niños, un espacio adaptado a las necesidades de estos menores que, desde el Ayuntamiento de la capital, PSOE y Más Madrid habían planteado como propuesta y que llevarán este martes al pleno. "Un lugar amigable en que se encuentren integrados y bajo el mismo techo los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales”, explica Maite Pacheco, concejala socialista en el Consistorio.

En Madrid, en 2018, se registraron 975 víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, 802 niñas y 173 niños, según Infancia en datos, el portal estadístico del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Una cifra que no ha parado de subir desde 2011, cuando se registraron 458 víctimas. Y el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual elaborado por el Ministerio del Interior, el primer gran análisis detallado sobre la materia en el país publicado en 2018, mostró un incremento del 29,8% en este tipo de agresiones desde 2012 en España —de 9.008 a 11.692 en 2017— con un dato que preocupó a expertos y políticos: el 50% de las víctimas eran menores.

Fuentes de la Consejería explican que los recursos para poner en marcha esta casa “están”, y que el objetivo es “crear cuanto antes un piloto en Madrid capital, afrontar la coordinación entre Sanidad, Justicia y Políticas Sociales y que se unan al proyecto jueces y fiscales”. Para esa convergencia, este miércoles habrá una jornada sobre los modelos de atención a la infancia víctima de violencia sexual en el ámbito social y judicial a la que asistirán expertas y profesionales de distintos ámbitos, entre ellas la fiscal islandesa Kolbrún Benediktsdóttir, el país del que salió el concepto Barnahus [Casa de los Niños, en su traducción al castellano]. Creado por Bragi Gudbrandsson en 1998, ampliaba un modelo de atención integral que nació en Estados Unidos en 1985 con la inclusión de una novedad: la prueba preconstituida.

Carmen Martín, directora general de Infraestructuras Judiciales, que ha desarrollado el proyecto junto a Ana Sastre, directora general de Infancia, Familias y Natalidad, explica que esta prueba —que consiste en la grabación de una primera declaración con todos los profesionales necesarios escuchando y viendo a través de un circuito cerrado— evita la revictimización del menor: “Para que no haya que declarar de forma sucesiva en todas las fases del proceso y cuente como prueba con todas las garantías tanto para las víctimas como para los agresores”.

La Comunidad ya cuenta con lugares específicos para ello, las cámaras Gesell, espacios compuestos por dos salas separadas por un cristal que, en el lado donde declaran las víctimas, parece un espejo. En el otro, pantallas y altavoces registran lo que sucede durante la declaración. Estas, explica Martín, son también parte del “proyecto global de humanización de la justicia” que está llevando a cabo la Consejería de Justicia: “Para que las víctimas, en este caso menores pero también mujeres o personas con alguna discapacidad, puedan declarar en el mejor entorno posible para las circunstancias”. Una de esas cámaras está instalada en el Centro especializado de Intervención en abuso sexual infantil, que podría ser la base para la creación de la Casa de los Niños.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, apuntan a que el nuevo recurso “es la evolución del centro ya existente”. Y explican cómo está recogido en el proyecto las especiales características de los menores como víctimas: “Muchas veces lo son de familiares o de gente cercana y querida, modelos de referencia que les están diciendo que lo que ocurre está bien, y se enfrentan a miedos añadidos. Si el proceso se alarga, ese poder que los adultos tienen sobre ellos pueden hacer que los niños duden o tengan miedo. Este proyecto tiene que ver con garantizar que los agresores no salgan impunes y con garantizar al máximo la protección de las víctimas”.

Otros centros

También, aunque en menor medida porque no son centros especializados en violencia sexual, se atienden casos en Madrid capital desde los Centros de Atención Infantil (CAI). Explica la concejal socialista Maite Pacheco que en estos no hay lista de espera y existen tres tipos de atención: a menores, a adultos y a familias. Según los últimos datos de la Dirección General de Familia e Infancia, de 2018, aquel año se atendieron a 13.839 menores, un 6% tuvieron como motivo los abusos sexuales. En general, dice Pacheco, “no paran de subir los datos también en estos centros”. Desde 2015, la atención a adultos, menores y familias, ha pasado de 29.187 personas a 32.813 en 2018. La concejal cree que este aumento de datos tiene que ver con la sensibilización creciente de la sociedad, con que se está denunciando más. Y denuncia fallos en el sistema: "Sea el color político que sea el que lo gestione, el sistema de protección al menor no funciona, hay que reformar el sistema por completo”.

Alega que las condiciones laborales de los equipos, la falta de formación en algunos casos y los espacios y el número de menores en el mismo centro, poco adecuados, son algunas de las razones por las que el sistema necesita una reestructuración. A pesar, dice, “de que haya quienes no lo entiendan o no quieran entenderlo”. Se refiere a una enmienda de Vox que acaba de llegarle para el pleno de este martes, donde llevarán la propuesta a pesar de que ya la ha anunciado la Comunidad: “Insisten en que sea el centro de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual lo que se reforme para atender a los menores, alegando que se discrimina a los varones… No entienden nada. La violencia sexual contra las mujeres tiene unas características y la violencia sexual contra los niños, otra, y hay que poner todos los recursos específicos de cada uno para combatirlas”.