Lluvia de sobresueldos en el Ayuntamiento de Valga, feudo histórico del PP gallego

Valga es un pueblo de 6.000 habitantes del interior de la provincia de Pontevedra donde un alcalde del PP de 73 años lleva gobernando con absolutísima mayoría desde 1991. En estas tres décadas de dominio, José María Bello Maneiro ha regado su gobierno con una lluvia de dietas para las que el órgano encargado de fiscalizar a las administraciones en Galicia no encuentra soporte jurídico válido. De los sobresueldos cuestionados por el Consello de Contas en un reciente informe se han beneficiado incluso, entre 2017 y 2021, los funcionarios encargados de velar por la legalidad en el consistorio, es decir, el secretario municipal y el interventor. La Fiscalía de Tribunal de Cuentas investiga los 20.000 euros que se ha embolsado cada uno de estos empleados públicos. “Son grandes profesionales”, los defiende el popular Bello Maneiro. El regidor y sus concejales se han repartido en 20 años más de 300.000 euros por reuniones cuya celebración y utilidad controlaban ellos mismos. Cobraron durante otra década más, pero no se sabe cuánto. Y ya han anunciado que no piensan dejar de hacerlo. “Tenemos clarísimo que es legal”, porfía el alcalde de Valga.

Todo empezó en la España olímpica de 1992. Bello Maneiro, que ahora se presenta a la reelección, se estrenaba como alcalde de Valga por un partido independiente después de militar en la Alianza Popular de Manuel Fraga. Ese mismo año montó con sus ediles unas reuniones ajenas a las formalidades del Ayuntamiento. Los miembros del ejecutivo local comenzaron a ingresar dietas por asistir a esos encuentros, una comisión paralela sin constitución oficial ni funciones establecidas, al margen del resto de órganos de gobierno sometidos al control de la oposición o los funcionarios. Los pagos se ordenaban por decreto de alcaldía, explica el Consello de Contas. Fueron denunciados en 2016 por la oposición e investigados por presunta prevaricación y malversación. Pero los jueces no vieron delito y las archivaron en 2019.

Cuando las pesquisas judiciales estaban aún vivas, en junio de 2017, el alcalde decidió cuidar un poco la apariencia de aquellas quedadas con su equipo y aprobó formalmente su constitución como Comisión de Coordinación. El informe del Consello de Contas de Galicia concluye que desde 1991 hasta esa fecha “tanto las reuniones como las percepciones de dietas por asistencia” se efectuaron “sin el soporte reglamentario” que exige la ley, pero añade que en los años siguientes y hasta hoy persisten las irregularidades.

Por ejemplo, la comisión “conculca la exigencia legal de que sea un funcionario/a público el que actúe como secretario/a” y no tiene delimitadas sus funciones. Esta última carencia “imposibilita determinar” si su labor justifica que los asistentes reciban dietas, explica el órgano fiscalizador de Galicia, que aprecia una “debilidad manifiesta de control interno”. Sus reproches son muy parecidos a los que hace más de cinco años realizó el Colegio de Secretarios e Interventores de Administración Local (Cosital) durante la instrucción de la denuncia penal que acabó archivada. La delegación pontevedresa de Cosital se ratifica en aquellas críticas tras las irregularidades señaladas por el Consello de Contas: “La legalidad del cobro de estas asistencias depende de la regularidad de todos estos aspectos”.

El alcalde de Valga y sus ediles se han embolsado con estas dietas más de 300.000 euros solo en 20 de los 30 años que las han estado cobrando. De la década que falta no se tiene información. El órgano fiscalizador cuantifica en 87.000 euros las indemnizaciones que se repartieron entre 2017 y 2021 y llegaron a 215.000 euros entre 2003 y 2016, según el informe que el Ayuntamiento envió al juzgado que investigó el caso y al que ha tenido acceso este periódico. Lo que cobraron entre 1992 y 2003 es un misterio porque no se halló constancia oficial en los archivos municipales, según admitió entonces el consistorio ante el juez. Una portavoz del Ayuntamiento ha reconocido que, pese al rapapolvo del Consello de Contas, las comisiones “se van a seguir celebrando tal cual”. El alcalde se ampara en que la investigación penal archivada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2019 e insta al órgano fiscalizador a “rectificar su error”.

Ni una sola pega del secretario y el interventor

Destaca el informe del Consello de Contas que los pagos al alcalde y concejales de Valga por asistir a esa comisión paralela no recibieron ninguna pega de la intervención municipal desde 2017. Fue justo por esas fechas cuando se incorporaron al Ayuntamiento el interventor José Juan Vidal Vilanova y el secretario Juan Manuel Salguero del Valle. Ambos fueron nombrados “por acumulación”, es decir, que empezaron a trabajar durante unas horas en Valga sin dejar de desempeñar esas mismas funciones en sus consistorios de origen (Sanxenxo y Ribeira, respectivamente). A cambio, su sueldo se incrementó con “una gratificación de hasta el 30% de sus retribuciones fijas” marcada por ley. Pero no fue la única subida.

El interventor firmó un informe justificando que él mismo debía cobrar dietas. “Es preciso que me traslade al menos una vez a la semana al Ayuntamiento de Valga generando importantes gastos que deben ser suplidos”, aducía en su dictamen, recogido por el Consello de Contas. Así fue como él y su compañero Salguero empezaron a cobrar unas dietas por gastos de manutención y locomoción que el órgano fiscalizador ve contrarias a la normativa: “Conforme al marco jurídico vigente, no está previsto el abono de dietas a los funcionarios en acumulación”. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, tras el dictamen de Contas, ha emitido un escrito en el que aprecia indicios de responsabilidad contable en estos pagos. También pone bajo sospecha las dietas percibidas por el alcalde de Catoira (Pontevedra), Alberto García (PSOE); el regidor de Vilasantar (A Coruña), Fernando Pérez (PP); y el exalcalde de Trazo (A Coruña) José Dafonte, antes en el PP.

Entre las irregularidades que han provocado la investigación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en Valga se incluye que los altos funcionarios cargaron a las arcas municipales comidas y cenas sin haber justificado tan amplios horarios y, en el caso del interventor, se cobraron los peajes de autopista sin presentar los tickets. El informe del Consello de Contas detalla duplicidades (gastos por manutención, locomoción y peajes dos veces en un mismo día) y liquidaciones de dietas “todos los meses del año”, como si no cogieran nunca vacaciones. En 2021, cuando supieron que la oposición municipal había denunciado el asunto, ambos funcionarios dejaron de pedir estas indemnizaciones. En declaraciones a este periódico, el interventor de Valga sostiene que no las solicitaron más por “prudencia”, no porque duden de su legalidad.

“Tienen el dinero ahí reservado”, asegura la portavoz socialista en Valga, María Ferreirós. “Si el informe del Consello de Contas les hubiese salido favorable, lo acabarían cobrando”. Ferreirós fue quien denunció la lluvia de dietas de Valga ante el órgano fiscalizador gallego. Cuenta que el alcalde presume de que en sus más de 30 años empuñando el bastón de mando no ha habido ningún secretario ni interventor que le haya puesto un reparo a sus decisiones. “¿Se puede ser tan perfecto?”, ironiza la edil socialista. Bello Maneiro, continúa, se ha rodeado en buena parte de su larga carrera política de secretarios e interventores accidentales, sin habilitación. “Una interventora accidental llegó a ir con él en las listas electorales y tuvo una secretaria que era hija de un constructor que tuvo contratos con el Ayuntamiento”, apunta Ferreirós.

El colegio de interventores y secretarios coincide con el Consello de Contas en que la normativa no permite en Galicia que estos funcionarios con funciones acumuladas cobren dietas, pero pide a la Xunta que las regule. “La percepción de estas indemnizaciones no debería ser ilegal y por eso estamos realizando actuaciones para la modificación de la normativa autonómica para que lo recoja expresamente”, señala la entidad. El interventor Vidal Vilanova, por su parte, asegura que son “muchísimos” los casos de secretarios o interventores que, pese a todo, perciben estas remuneraciones. “Es absolutamente legal y procedente, y una práctica habitual. Llevo 31 años de profesión y esas dietas las he cobrado siempre”, afirma sobre su paso por municipios gallegos como Rianxo, Porriño y Santiago. “Es además una cantidad ridícula”, añade.

Ni el interventor Vidal ni el secretario Salguero son unos funcionarios desconocidos. En 2018, En Marea llevó a la Fiscalía las relaciones entre el Ayuntamiento de Valga y empresas administradas por Vidal, pero el caso fue archivado. En 2014, el nombre de Salguero se escuchó en unos polémicos pinchazos policiales entre cargos populares de la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago dentro del caso Pokémon. En aquellas conversaciones, los políticos del PP maniobraban para deshacerse del entonces secretario municipal de la capital gallega, al que consideraban incómodo para los planes del alcalde, el popular Gerardo Conde Roa. Explicaban cómo pretendían forzar su sustitución por Salguero. Este último no duró mucho en el puesto de Santiago y acabó destituido porque una sentencia declaró nulo su nombramiento. Salguero no ha respondido al ofrecimiento de este periódico para dar su versión.