Imputados por prevaricación los gobiernos del PP de Valga de los últimos 25 años

Los concejales del grupo de gobierno del pequeño municipio pontevedrés de Valga (6.000 habitantes), presidido por el popular José María Bello Maneiro, han estado cobrando durante 25 años consecutivos dietas “no ajustadas a la legalidad”. Bello Maneiro, que trabajaba como contable antes de acceder a la alcaldía en 1991, instituyó unas “comisiones de coordinación de concejales delegados” de periodicidad semanal y “no contempladas por ley”, según la denuncia judicial registrada por el PSOE.

Por asistir a cada una de estas comisiones los ediles del grupo de gobierno (incluido el alcalde desde su jubilación, en 2014, cuando dejó de tener exclusividad) ha percibido 60 euros, 10 más que por asistencia a plenos. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Caldas de Reis ha dictado una providencia citando a declarar como investigados por un supuesto delito de prevaricación al regidor, a seis ediles de su grupo actual y a otros dos de mandatos anteriores.

La investigación judicial se ha abierto a raíz de la demanda presentada el pasado junio por el grupo municipal socialista. Tras años de infructuosas denuncias políticas de la oposición que la mayoría absoluta del PP (actualmente tiene 9 ediles frente a cuatro de PSOE) impedía que prosperasen, los socialistas acudieron a los juzgados para acusar al gobierno local de haber institucionalizado un “uso indebido de dinero público”. La documentación aportada en la causa por el PSOE estima en medio millón de euros la cantidad que en este cuarto de siglo se han repartido los concejales del PP a través del órgano creado "ad hoc” por Bello Maneiro.

La actividad de esas comisiones de coordinación ha sido siempre un misterio; no solo para la oposición, sino también para los técnicos municipales. El alcalde las restringía a la participación exclusiva de los representantes del grupo municipal del PP “y ni siquiera acudían a ellas el secretario o el interventor, con lo que no sabemos si realmente se celebraban y, en caso de que así fuese, quién acudía a ellas”, explica la portavoz socialista, María Ferreirós. En su opinión, las comisiones no eran sino “reuniones del PP de Valga financiadas con fondos municipales” toda vez que era “el encuentro de un órgano no colegiado celebrado sin presencia de funcionario público”.

Según consta en la documentación aportada a la causa por los dos altos funcionarios municipales, a petición de la juez, era el propio alcalde el que firmaba el acta de las comisiones en calidad de presidente. Como secretario ejercía uno de sus concejales. También queda constancia en los informes de estos mismos técnicos que Bello Maneiro y sus ediles han percibido solo por ese concepto 215.000 euros de los presupuestos municipales entre los años 2013 y 2016; “un 70%, aproximadamente, de los gastos de la corporación local en asistencias a plenos y comisiones y sin normativa legal que lo ampare”, puntualiza Ferreirós.

Aunque la juez cita a declarar a los concejales del PP en calidad de investigados por un supuesto delito de prevaricación, no descarta una posible malversación, según consta en autos anteriores a estas citaciones. Cita además como testigos a los dos altos funcionarios con el objetivo de que informen de la identidad de las personas que asistían a las supuestas comisiones, así como de las cantidades percibidas.