El PP apartó a funcionarios y buscó a otros afines para favorecer a Aquagest

Cuando el PP se hizo con el poder en la capital de Galicia tras 26 años de dominio socialista, Aquagest, la empresa adjudicataria del agua, tenía buena parte de sus esperanzas de negocio fácil puestas en que el Ayuntamiento de Santiago le prorrogase la concesión. El gobierno local encabezado por Gerardo Conde Roa se volcó en satisfacer esta demanda, pero los altos funcionarios municipales que debían dar el visto bueno a la operación pusieron trabas. El sumario de la Operación Pokémon describe, a través de las conversaciones grabadas a los imputados, cómo políticos populares y empresarios se aliaron para apartar al secretario y a la interventora que entorpecían su objetivo y buscar en otros ayuntamientos y diputaciones funcionarios dispuestos a informar favorablemente la prórroga del contrato que permitiese a Aquagest seguir gestionando el abastecimiento de agua en Santiago sin mediar concurso público.

Conde Roa y su jefe de gabinete, Ángel Espadas, ambos imputados, se volcaron en la operación para buscar funcionarios dispuestos a firmar la prórroga. Y tal fue su entrega a la causa que, a tenor de lo que afirman los directivos de Aquagest, el entonces alcalde de Santiago recurrió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A principios de marzo de 2012, Conde Roa estaba desesperado porque necesitaba el visto bueno del Gobierno gallego para destituir a los funcionarios incómodos. “Los técnicos municipales le están parando todo, los concejales no tienen huevos para tirar para delante”, dice José Luis Míguez, de Aquagest, a otro directivo. Es Míguez el que asegura que Conde Roa llamó a Feijóo “porque hay un director general de Administraciones Públicas que es el que tiene que firmar el papelito conforme está justificado el cambio del secretario y la interventora, y el tío no manda el papel”. Las pruebas recabadas por la juez del caso apuntan además que por esas fechas Conde Roa fue agasajado por la empresa de aguas con un viaje a Barcelona con su pareja para disfrutar de la ópera La Bohéme en el Liceo.

El sumario detalla una docena de llamadas intervenidas en marzo de 2012 en las que populares y empresarios explicaban sus maniobras para defenestrar a los funcionarios incómodos, que son destituidos el 22 de ese mes. Interviene incluso el director general de Administración Local de la Xunta, Norberto Uzal —que dimitió el pasado noviembre—, según Espadas le cuenta a la entonces edil y ahora portavoz del PP de Galicia, Paula Prado. El hombre de confianza de Espadas le dice a su compañera que está esperando por “el papel del cese de la interventora”. Y aunque en principio debería elaborar ese documento el director de Política Financiera de la Xunta, Manuel Galdo, “Norberto [Uzal] le dijo que si no lo hacía Galdo, lo hacía él”.

El día 20, Espadas llama a Ramón Quiroga, subdirector general de Gestión y Cooperación Económica con las Entidades Locales de la Xunta y marido de la concejala de Hacienda de Santiago, Cecilia Sierra. Le pregunta “si ya quedó preparado el cese del secretario y la interventora”. El subdirector le responde que sí. El edil explica que el cese se firmaría al día siguiente y que se haría una junta de gobierno extraordinaria para echar a la técnica. El subdirector de la Xunta llega a asegurar al edil compostelano que “el problema con la interventora es que hay que evitar que haga el plan de ajustes porque nos hunde”. La conversación deriva entonces en una sucesión de posibles candidatos temporales para el puesto de intervención.

Ese mismo día, Quiroga devuelve la llamada a Espadas y le explica que Juan Salguero del Valle (secretario del Ayuntamiento de Boiro) se pasará por el despacho del alcalde para redactar el cese y el nombramiento del nuevo secretario. El 22 de marzo, Quiroga vuelve a telefonear al concejal y ambos acuerdan firmar informes favorables que remitirán al Ayuntamiento de Boiro y a la Consellería de Presidencia para nombrar secretario a Salguero inmediatamente. El día 27 de ese mismo mes un decreto de alcaldía nombró secretario, en comisión de servicios, a Juan Salguero, a través de un decreto que, según se desprende de los pinchazos telefónicos, él mismo redactó.

Una vez arreglado el cambiazo de secretario, la preocupación de Espadas deriva a la intervención. El exedil llega a preguntar al subdirector autonómico si “sabe algo del nuevo interventor”. Quiroga responde: “Tengo a una chica de Betanzos y a uno de Abegondo”. Espadas le replica que “una vez cesada la interventora, será más fácil que alguno diga que sí”. Espadas y el exedil Albino Vázquez se interesan en otro pinchazo por una “interventora de la zona de Sada que es pariente del alcalde de Arteixo”. El día 22, el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez, llamó al delegado en Galicia, Henry Laíño, y le explicó que quedó para comer con el alcalde en su casa porque ya han destituido a los altos funcionarios incómodos. En días posteriores, Míguez pregunta insistentemente a sus interlocutores por la interventora de Pontedeume, la de Valdoviño o el de Oroso, al que califican de “jodido”. Le recomiendan que “trinque” a la de Arzúa. A finales de mes, llama al alcalde compostelano para interesarse por la concesión y le explica que “tiene que conseguir que la interventora que dejaron de forma provisional se lo tome con cariño”.

En la operación también se implica Paula Prado, hoy portavoz del PP de Galicia. El 7 de marzo de 2012. Espadas le comenta a su entonces compañera de gobierno los “reparos” que le están poniendo el secretario y la interventora a la prórroga a Aquagest porque “no es legal”. Casi un mes después, Prado llama a Espadas y le propone fichar al interventor de Foz, pero la mano derecha de Conde Roa le responde que si no es “afín” al PP “no le vale”.

En un auto de abril de 2012, la juez instructora asegura que el exconcejal del PP Ángel Espadas “muestra un interés inusitado por renovar el contrato de Aquagest en Santiago” y concluye que “se están realizando acciones desde el Ayuntamiento para favorecer a la empresa”. Entre las comunicaciones interceptadas destaca un SMS enviado por Espadas a un teléfono de Aquagest en el que recuerda una reunión con los directivos de la empresa y que finaliza con esta frase: “Me encargó Gerardo agilizarlo”. Otro pinchazo permite a la juez concluir que esa reunión fue organizada tras solicitarla expresamente miembros del gobierno municipal. La juez ratifica en un auto que “son casi innumerables las llamadas en las que se comprueba el interés de Ángel Espadas en encontrar un interventor que les sea favorable”. Las presiones para buscar funcionarios dispuestos a darle el visto bueno a la controvertida prórroga de la concesión a Aquagest fueron de tal calibre que los candidatos al puesto se asustaban. Así lo admite el directivo de Aquagest José Luis Míguez en una de las llamadas grabadas por Vigilancia Aduanera en la que habla de uno de los posibles fichajes. “Ángel [por Espadas] le dijo: ‘Esto hay que firmarlo sin verlo. Lo leéis y lo firmáis’. Y ellos dijeron: ‘Hostia, si nos ponen ya esto el primer día...’ Les hemos metido tanta presión que los tíos ahora andan a cien”. Javier Castiñeira, el funcionario destituido como secretario municipal por sus reparos legales a prorrogar el contrato a Aquagest, se ha personado en la causa como acusación particular.