Más Madrid reclama la reprobación de la consejera Dancausa por la trama de menores explotadas sexualmente

La exigencia de que el Gobierno regional explique qué ha fallado en el sistema de acogida para que haya sido posible que varias de sus menores tuteladas fueran explotadas en una red de prostitución ha marcado la ronda de contactos que ha mantenido este lunes y este martes Isabel Díaz Ayuso con los portavoces de la oposición. En una coincidencia inédita, Vox, Más Madrid, PSOE y Podemos coinciden en el fondo del asunto: el Gobierno debe aclarar lo sucedido y aportar soluciones para que no se repita. Así, de momento se va paso a paso. Primero llegará el registro de una votación para reprobar simbólicamente (a través de una proposición no de ley) a la consejera Concepción Dancausa, anunciado este martes por Más Madrid; luego la comparecencia de esta en el pleno del 3 de febrero; más tarde, un pleno monográfico, aún sin fecha; y, finalmente, el intento de sacar adelante una ley de infancia, patrocinado por Podemos.

“A mí me gustaría que se hiciera una comisión”, dijo el lunes Rocío Monasterio, líder del partido de extrema derecha, que para entonces ya sabía que la Mesa de la Cámara, controlada por el PP, había tumbado una petición del PSOE para crear una comisión de estudio sobre la polémica. “Estudiar cómo funcionan esos centros de menores para mejorarlo ya era necesario, pero ahora más todavía”, insistió. “Nos han escuchado hablar muchas veces de los problemas que tenemos con los menores no acompañados, del descontrol, y seguimos teniendo el mismo problema. Esa comisión de estudio ahora se hace más necesaria que nunca, y a lo mejor acaba siendo una comisión de investigación”, añadió. Y subrayó: “Me gustaría que el gobierno liderara, que el PP propusiera esta comisión de investigación, la apoyaría. Es la mejor manera de proteger a los vulnerables entre los vulnerables”.

Ese posicionamiento de Vox en favor del PP es una de las diferencias que separa a la extrema derecha de la izquierda en este asunto, y que por ahora frena cualquier posible acercamiento para unir los votos de toda la oposición en favor de una comisión de investigación. El otro es que Vox convierta el esclarecimiento de lo ocurrido con esta red de proxenetas en una oportunidad para estigmatizar al conjunto del sistema.

“Queremos saber qué ha pasado, y que en el momento en el que se conocieron estos casos qué hizo la consejería y la consejera (de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa)”, ha dicho este martes Mónica García, la líder de Más Madrid. “Es nuestra responsabilidad como grupo político preocupado por esta situación (decir) que la consejera no es competente, y que la señora Dancausa no puede estar en una posición tan importante”, ha añadido. “Por eso vamos a pedir su reprobación: consideramos que no está capacitada”, ha rematado sobre una figura parlamentaria que no existe en la Asamblea como tal, y que en realidad es una propuesta no de ley en contra de la consejera. Una votación que la izquierda perderá salvo que Vox se sume.

“Es un tema tan grave y horroroso lo que ha sucedido que merece seriedad y rigurosidad, entender qué ha sucedido: la clave es una comisión de estudio en la que se analice sin populismo y demagógico y se pongan medidas para que no vuelva a suceder”, ha coincidido Juan Lobato, del PSOE, que ha propuesto tres pactos: sobre los fondos europeos (con una oficina independiente que la fiscalice); la salud (poniendo especial énfasis en la Atención Primaria o las listas de espera); y otro destinado al futuro de la generación de entre 20 y 40 años. Díaz Ayuso, además, ha aceptado estudiar su propuesta de ampliar en 100 euros las ayudas al alquiler a los jóvenes.

“Hemos abordado la problemática que estamos viviendo con nuestros centros de menores”, ha rematado Alejandra Jacinto, de Podemos. “Hemos conseguido arrancar el compromiso de que en el mes de mayo podremos empezar a tramitar la primera ley de infancia autonómica, para evitar este tipo de situaciones y apostar por la prevención y un plan integral que ponga a la infancia en el centro”.

Mientras, Díaz Ayuso lleva dos semanas intentando despejar la cuestión con el argumento de que no conviene hablar de algo que aún está siendo investigado por la Policía. Una forma de intentar evitar nuevos errores, como el de que la Comunidad desmintiera oficialmente que hubiera tuteladas suyas explotadas por la red, cuando sí las hay.

Así, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, indicó que cuatro de las diez menores liberadas de la red de proxenetas desarticulada a finales de noviembre vivían en el centro de menores de la Comunidad de Madrid Picón del Jarama en Paracuellos, mientras que una quinta residía en el centro de Hortaleza, recoge Efe.

De momento, la Consejería de Familia y Política Social solo ha confirmado que al menos tres menores vivían en sus centros antes de desmantelarse la trama por parte de la Policía Nacional.

“Da igual lo que diga la consejera hoy o en el próximo pleno, que la hoja de ruta de la izquierda ya está trazada”, ha opinado este martes Alfonso Serrano, el portavoz del PP en la Asamblea, dando por sentado que las explicaciones del Ejecutivo no satisfará a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. La cuestión clave, sin embargo, es si esas explicaciones serán suficientes, o no, para Vox.

El partido de Monasterio, en cualquier caso, acumula en los poco más de seis meses de legislatura un largo historial de amagos de ruptura con el PP que han acabado en una nueva luna de miel. Pasó con la ley de Telemadrid, que finalmente permitió aprobar; con la ratificación de su Administrador Provisional, que pactó tras filtrar que no le gustaba José Antonio Sánchez; y, sobre todo, con la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola.

Aunque Monasterio avanzó que quería investigar qué había pasado para que murieran 5.000 personas, y cómo se aplicaron los protocolos de triaje en las derivaciones a los hospitales, Díaz Ayuso intervino públicamente para que reconsiderara su posición. Y Vox lo hizo. Reculó y no hubo investigación. Un precedente que recuerda lo difícil que sería que se pusiera de acuerdo con Más Madrid, PSOE y Podemos para aclarar el caso de las menores tuteladas por Madrid.

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