Colchonetas en el suelo y ropa interior sucia: el hacinamiento acosa de nuevo al centro de menores de Hortaleza de Madrid

En la puerta se amontona un grupo de chavales en chándal. Y ninguno mira un móvil: se empujan, se insultan, se ríen. Son las 16.00 horas y les han permitido dar una vuelta por los alrededores del centro. Pero casi no se alejan. A su espalda, una mole enorme que es la única casa que tienen, se alza imponente en mitad de la calle Valdetorres del Jarama. Es el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, un lugar gestionado por la Comunidad de Madrid que se convirtió en un polvorín hace solo cuatro años y en el blanco de todos los ataques de Vox contra la inmigración, aunque no todos los que ahí acogen son inmigrantes. Estos días, los trabajadores denuncian que se asoman al mismo destino, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, que ha recogido unas 700 firmas, incluido el 90% de la plantilla del centro. Las colchonetas en el suelo, los turnos para comer y para ducharse, o la escasez de ropa limpia han sido el primer aviso.

El texto, elaborado por el comité de empresa de AMAS, los sindicatos CSIT-UP, UGT, CC OO, SATSE y las trabajadoras y trabajadores del centro de Hortaleza, advierte de que la “sobreocupación que empieza a tener un carácter permanente, comienza a causar daño físico y psicológico, tanto al personal profesional que atiende, como a las personas atendidas”. Fuentes de UGT y CC OO aseguran a este periódico que desde septiembre las bajas médicas entre el personal han aumentado. En los últimos meses, al menos ocho personas, de un total de 90 trabajadores, han necesitado ese permiso, según informan desde los sindicatos.

El agotamiento de los trabajadores es el primer síntoma, aseguran, de algo que ya han vivido y temen que nadie ponga remedio a tiempo. En la memoria de quienes atienden a estos jóvenes de entre 15 y 18 años perviven los días de principios de 2019 cuando a los conflictos internos, que llegaron a contar 67 en una semana, incluidos cuchillazos por una croqueta, además de la sobrepoblación de casi tres veces la capacidad, se sumaron los ataques externos: el partido de Santiago Abascal se concentraba para apuntar a estos menores que no tienen a nadie como los culpables de todos los males de la inmigración irregular. Que vuelva a suceder lo mismo y queden de nuevo atrapados entre dos frentes, es lo que pretenden evitar con esta queja oficial a la consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

El viernes 1 de diciembre, a las 19.38: “Estamos petados. Acaban de llegar ocho. No tenemos ya camas. Y dicen que van a venir otros 14″, contaba a EL PAÍS un empleado del centro que prefiere no dar su nombre porque teme represalias. La capacidad, 52 chicos y 20 chicas, que se amplió en 2018, metiendo literas, sin que se remodelara previamente el espacio, diseñado originalmente para unos 35, se ha superado cada semana en los últimos meses. Esa noche, a las 22.04: “Hemos superado los 72. Había 70, luego han llegado otros seis, después siete más... Estamos muy mal, muy estresados. La cosa se está poniendo mal, no tenemos espacio...”, comentaba otra compañera. Llegaron a contar ese día 87 personas, muchos tuvieron que dormir sentados en una sala.

El miércoles 13 de diciembre, a las 18.04 horas: “Ya lo tenemos lleno, si viene otro chico no sé dónde lo vamos a meter. Probablemente, tendrá que dormir sentado”, comentaba un trabajador. Esa tarde, dos horas después: “Acaban de llegar dos chicos, tendrán que dormir en las colchonetas en el suelo. No hay más espacio”, reconocía el empleado. El hacinamiento que denuncian los trabajadores —que tocó puntos máximos en 2019, donde llegaron a reunir a más de 170 menores— se nota también en el comedor y en los baños: como no caben todos, es necesario hacer turnos de comidas; las duchas también son por grupos, pues solo cuentan con 14; y baños hay 11, es decir, cuando el centro está al límite de su capacidad y no se supera, hay seis niños para un váter. Tampoco disponen de ropa interior limpia para todos los niños. “Somos 16 niñas y solo había dos braguitas limpias disponibles, el resto no se han podido cambiar”, se quejaba una chica.

Por su parte, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, responsable de este centro, responde a las quejas específicas de los empleados con una explicación de ámbito nacional. “España está viviendo una crisis migratoria que afecta también a Madrid por la llegada de menores por vías no oficiales, así lo ha expuesto la consejería en la última carta enviada al Gobierno”, expone un portavoz de prensa del área. Y sobre el centro, matizan: “Es de atención urgente e inmediata a menores en posible situación de desamparo. Por lo tanto, no tiene un flujo constante y en ocasiones puede producirse algún pico de ocupación”.

Aunque la consejería contaba este martes 59 ingresos, el miércoles un empleado había registrado 67. “Nos hemos quedado sin almohadas”, explicaba un empleado. Muchos chicos han dormido sobre toallas enrolladas, según unas imágenes que ha podido observar este periódico.

Lo que la consejería llama “pico de ocupación”, muchos de los que trabajan lo consideran una realidad cotidiana. Lamentan que solo se puedan atender las cuestiones más básicas de estos menores y se pierda “la función educativa” para la que está diseñado este centro. “Como mucho, lo único que pueden hacer es apagar fuegos cada día. Y los menores que ingresan tienen realidades muy diversas para los que se requiere una atención específica”, cuentan desde el sindicato UGT. En esas paredes conviven chicas que han sido abusadas por algún familiar, otras maltratadas por sus padres o a las que han renunciado; jóvenes sordos, otros con algún trastorno de personalidad; otros que además haber atravesado un continente para llegar a Europa, no entienden español y no tienen a ningún familiar; otros que buscan seguir su camino hacia el norte. “No es una cuestión de números, sino de calidad”, apunta otro trabajador.

La Comunidad de Madrid solo dispone de tres centros de primera acogida: dos en Hortaleza, contando este y uno más para niños de cero a 14 años; y uno en Casa de Campo, para jóvenes de 13 a 18. A estos centros los menores ingresan por un procedimiento de urgencia: llevados por la policía, la Fiscalía de menores o derivados de los Servicios Sociales.

“Es la primera puerta de entrada al sistema, y es insuficiente”, apunta la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, que ha visitado junto a otras autoridades el centro en el último mes. “Hay una carencia de recursos por una falta de compromiso en toda la red, pero sobre todo en la primera acogida. En lugar de habilitar espacios dignos, se dedican a hacinar. Habitáculos sin armario, ni estantería, ni mesa, ni espacio suficiente, es todo lo que la Comunidad de Madrid ofrece a chicos y chicas que vienen de situaciones muy duras, que no se conocen de nada, sin posibilidad de ocio, ni de movilidad. Todo esto genera violencia, lo convierten en un polvorín. No es culpa ni de los chicos, ni de los trabajadores, es de la falta de compromiso”, concluye la diputada.

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