Soterramiento de la A-5: pulso entre administraciones por la gratuidad de la R-5 y el carril bus hasta Príncipe Pío

Este enero, los Reyes Magos traerán a Madrid algo más que regalos: el inicio de dos largos años de calvario circulatorio en el flanco suroeste de la ciudad. Se trata de las obras de soterramiento de la A-5 entre la avenida de Portugal y la del Padre Piquer, por el que circulan 80.000 vehículos y más de 40 líneas de autobuses urbanos e interurbanos al día, y al que, después de tres meses de trabajos preparatorios, llegarán los desvíos y los atascos a partir del 15 de este mes. A dos semanas, las administraciones siguen sin ponerse de acuerdo en dos puntos clave: la R-5, que todos consideran que debe ser gratis para particulares pero cuya factura nadie quiere pagar, y la habilitación de un carril bus-VAO hasta Príncipe Pío para absorber los movimientos hacia y desde las grandes ciudades del área metropolitana.

Para empezar, el comienzo de las grandes afectaciones al tráfico estaba previsto para diciembre, pero el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes acordaron posponerlo a enero. Parecía que se iba a retrasar aún más por exigencias del Gobierno central, que pedía más tiempo para poder realizar el refuerzo de Cercanías, pero el 29 de noviembre, Borja Carabante, delegado madrileño de Movilidad, se reunió con el secretario general de Movilidad Sostenible del ministerio, Álvaro Fernández Heredia, y hubo fumata blanca.

Aunque las obras comenzaron el 11 de octubre, los verdaderos problemas se producirán a partir de ahora, sin fecha exacta. “A partir del 15 de enero”, reitera a este diario una portavoz municipal, en referencia al corte de los cuatro carriles de entrada, momento en el que todo el tráfico, tanto de entrada como de salida, se desviará hacia los cuatro del norte que hoy sirven para abandonar la ciudad rumbo a los municipios del oeste de la comunidad, a Extremadura y a Portugal. Es decir, los cuatro carriles por sentido se reducirán a dos.

El plan de movilidad anunciado por el Ayuntamiento en octubre contempla cinco vías alternativas, un refuerzo del 9% en el metro y del 7,3% en la Empresa Municipal de Transportes (EMT). “Es el vigente hoy, pero sufrirá cambios”, admite la portavoz, que no puede avanzar por dónde irán las modificaciones. A este plan se suma uno alternativo presentado el 30 de diciembre por Transportes, según el cual la R-5 será gratuita, pero solo para los autobuses, la A-5 tendrá con un carril exclusivo para estos vehículos desde Móstoles y habrá 40.000 plazas adicionales en la C-5 de Cercanías, cuyo refuerzo pasa de un 15% inicial a un 40%, con un tren cada cuatro minutos en hora punta. Sin embargo, aún quedan flecos.

En Alcorcón (171.772 habitantes, séptima ciudad madrileña en población), las obras “suponen una grandísima preocupación”, confiesa por teléfono la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE). “Como el municipio al que más van a afectar, queremos un plan de movilidad que a día de hoy no tiene el Ayuntamiento de Madrid para evitar que las obras nos lleven al caos”, explica. “Carabante nos ha impuesto un no-plan en el que se niega a todo lo que pedimos a nivel técnico, que es apostar por el autobús, con aparcamientos disuasorios y más líneas interurbanas de refuerzo, pero eso pasa por el carril bus. El ministerio lo hará hasta donde llega su competencia, Cuatro Vientos, pero Madrid no quiere darle continuidad hasta Príncipe Pío”, resume.

“Madrid dice no de forma sistemática y nos sorprende muchísimo, porque no solo nuestros técnicos están diciendo que es la solución más oportuna, sino que incluso el Consejo Regional de Transportes (CRTM) dice que es la única opción. Renfe y Metro van a absorber a más viajeros, pero son 50.000 los que se desplazan a diario a Madrid”, indica la regidora, para explicar que “como no lo hay, el Consorcio va a mandar las líneas interurbanas de Navalcarnero, Arroyomolinos, Móstoles y Alcorcón a Cuatro Vientos y el resto a la estación Puerta del Sur en Alcorcón”.

Allí, “van a generar un doble problema”: en superficie está “una avenida de Leganés colmatada de tráfico, lo que supondría un caos circulatorio” mientras que, bajo tierra, “se incrementaría la saturación que ya llevarían la línea 10 y la 12”. En este punto, la alcaldesa emplaza a las partes a seguir negociando “para convencer a Carabante y a Almeida”. “Defenderé a mi vecino hasta el final, no descartamos movilizaciones”, anuncia. A Alcorcón, la gratuidad para coches de la R-5 no le resulta esencial: “No nos soluciona nada. Nos interesa si ponen líneas exprés de interurbanos adicionales”.

En Móstoles (211.265 habitantes, segunda ciudad tras la capital), el asunto se ve de una forma muy distinta, tal vez porque su alcalde, Manuel Bautista, que responde por escrito, es del PP. “Somos conscientes de las dificultades que va a conllevar para los vecinos de Móstoles y de los municipios que discurren por la A-5, por lo que la coordinación entre administraciones se hace esencial”, tiende la mano Bautista que, preguntado si confía en el plan de Almeida y Carabante, responde: “Confío en la lealtad institucional y en el principio por el que nos regimos todos los cargos públicos: mejorar la vida de los ciudadanos. El plan que se aplique debe ser un trabajo transversal entre ayuntamientos, Consorcio y ministerio. Y el transporte público, su piedra angular″. Aunque valora los refuerzos en metro y EMT, considera que el principal problema es la C-5: “No sirve de nada reforzar un servicio que constantemente sufre averías. No puede ser que coger el Cercanías sea una lotería”.

Sobre la R5, asegura: “[Óscar] Puente nos propone una medida salomónica, que los ayuntamientos paguemos la gratuidad. Pero hay que recordarle que la titularidad pertenece al Estado, por lo que se incurre en una dejación de funciones y el que lo sufre es el vecino. Por otro lado, hay que ser pulcros con los procesos de la administración. Es inviable el pago por parte de los ayuntamientos, atendiendo a la legalidad. Cada ayuntamiento debería abonar el coste del uso que hagan sus vecinos. ¿Cómo se controla? Además, supondría subvencionar a un concesionario privado. Esta solución evidencia un desconocimiento absoluto de los mecanismos de control municipales y responde a una estrategia de elusión de responsabilidades”.

Por parte de Madrid, Carabante no ha concedido la entrevista solicitada por este diario y contestan, en su nombre y por escrito, “fuentes de Movilidad”. ¿Confían en que su plan sea suficiente? “Está diseñado por la Comunidad, el Ayuntamiento y el ministerio. Las tres administraciones estamos poniendo todos los recursos a disposición de este plan, que debe pivotar sobre Cercanías y metro, los que tienen mayor capacidad. Queda pendiente la gratuidad de la R-5, que a juicio de este Ayuntamiento es una alternativa necesaria”.

Sobre quién debe correr con el gasto, el Ayuntamiento señala al ministerio, ya que “solo el 1,5% de su recorrido pasa por la capital”. “Cada uno tiene que asumir el coste de los servicios que pone a disposición del plan. El Ayuntamiento, el del refuerzo de la EMT; metro y los interurbanos, la Comunidad; y Cercanías, el ministerio. Por eso, solicitamos que asuma el de la R-5, al igual que ha hecho con la AP-7 de Alicante”. Madrid considera inviable el carril bus: “Vamos a tener solo dos carriles en cada sentido, si uno lo dedicamos a autobuses se colapsaría. Quedan dos semanas.