Los rectores de las universidades públicas presionan para que Ayuso pague al menos toda la nómina de sus trabajadores

La tensión entre los seis rectores de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos) y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso crece según se acerca el día en que se conozcan los presupuestos de la Comunidad para 2025. En los pasillos se habla de una subida pírrica con la que no podría hacer frente a su dramática situación financiera. Los campus calculan que necesitarían 200 millones de euros extra para seguir abriendo cada día y no parece que esté en los planes del Ejecutivo regional, el que peor financia de España, un 21% de gasto por alumno por debajo de la media según el Ministerio de Ciencia, pese a que su renta per cápita es un 36,5% mayor. El Ejecutivo esquiva el tema hablando del caso Begoña Gómez y la Complutense, justificando la comisión de investigación a la esposa del presidente del Gobierno en la Asamblea con que “la universidad pública es excelencia”. Sin embargo, los rectores presionan para que, al menos, el Gobierno de Ayuso cubra todo el desembolso en nóminas ―como ocurre con los maestros o los médicos―, y los gastos mínimos de funcionamiento. En 2012 recibieron de transferencias corrientes 1.047 millones y una década después ―últimos datos oficiales― apenas 1.065 millones. Excelencia para unas cosas, escasez económica para otras.

Los rectores han aprovechado los actos de comienzo de curso en cada universidad para dar un toque a Ayuso. “De la financiación dependerá que podamos desarrollar todo nuestro potencial y satisfacer las demandas de formación, de investigación e innovación de la sociedad en su conjunto”, afirmó Amaya Mendikoetxea, de la UAM. ”Si esto no ocurre en breve [una financiación estable], ya empieza a ser muy urgente, las universidades públicas entrarán inevitablemente en una fase progresiva de grave deterioro”, alarmó a los presentes José Vicente Sanz, en el paraninfo de Alcalá. O Joaquín Goyache desde la Complutense lamentó el “opresivo clima de indiferencia y desprecio que rodea la educación superior en nuestro país”.

Hasta ahora, las universidades madrileñas han logrado completar y pagar los salarios con el dinero que abonan las familias en matrículas (el 15% del precio total de cada plaza) y de ingresos varios. Desde hace 15 años la partida para invertir en infraestructuras es ridícula, insisten, y apenas queda con los ingresos propios para organizar congresos, pagar viajes o becas estudiantiles para situaciones de pobreza sobrevenida. Pero este escenario de miseria académica se agrava ahora porque no les queda un euro de los 280 millones (más intereses de demora) que ganaron en 2015 en el Tribunal Supremo por incumplir Esperanza Aguirre su plan de inversiones. Han ido escalonando el gasto hasta el pasado curso. La partida regional supone el 59,9% (2022) de los ingresos de las universidades madrileñas, mientras que en el resto de España la media es del 65%, con las populares de Andalucía y Castilla y León muy por encima de este porcentaje.

También hay que tener en cuenta que cada año crece la edad media del profesorado universitario ―10.500 de los 18.000 profesores tienen más de 50 años en los campus públicos madrileños― y ello supone abonar cada curso más dinero en complementos de antigüedad en docencia y de producción científica o de transferencia de conocimiento. De manera que, si no se invierte más, la situación económica empeora. Goyache puso un ejemplo en abril: la UCM recibe 380 millones y 50 los destina a abonar complementos salariales. A falta de fondos, la UCM ha pedido a sus facultades bajar el gasto un 30%.

A los complementos se suma que los sueldos en la Administración han subido los últimos años para compensar el alza del IPC. Madrid no quiere hacer frente a estos gastos ―los complementos de producción se han creado durante gobiernos socialistas para incentivar y premiar que los profesores también hagan ciencia y la trasfieran, no solo impartan clase― y culpabiliza al Gobierno de este aumento en la partida de nóminas. Incluso van más allá, y en el Pleno regional del 4 de octubre, acusó a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023) ―que va a forzar a la regularización y estabilización del profesorado en precariedad en los próximos años― de la infrafinanciación de los campus madrileños, que empezó con Esperanza Aguirre. “Las transferencias que se hacen representan el 0,4% del PIB de la comunidad, por debajo de la media del 0,55%”, recordó la ministra Diana Morant el pasado julio.

El director general de Universidades, Nicolás Casas, a preguntas de Más Madrid en una comisión en septiembre, esquivó la petición de auxilio económico de los rectores. Aseguró que la Comunidad de Madrid “hace un esfuerzo sin precedentes en financiación, porque ha habido un incremento de más del 30% del presupuesto desde el curso 2012/2013, suponiendo hoy el 4% de su presupuesto”. Es decir, la mitad que el presupuesto total de la Comunidad, que ha crecido un 62% (de 17.049 a 27.558 millones de euros).

Los rectores recuerdan que entre 2008 y 2012 ―coincidiendo con el desplome bursátil de 2007― las transferencias regionales a sus instituciones bajaron un 30%, de modo que con el alza del 30% se ha vuelto a la casilla de salida. Según sus estimaciones, reciben entre un 15% y un 20% menos de financiación que antes de la crisis en términos reales por la subida del coste de la vida. En Andalucía o Murcia, gobernadas por el PP, o en Castilla-La Mancha (PSOE), esa brecha se está cerrando tras firmar acuerdos.

El análisis de los datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, encabezada por el Banco Santander, es concluyente, Madrid es la autonomía que peor financia y en la que las familias pagan más de matrícula: “En términos de ingresos, registra la menor cantidad de transferencias corrientes y de capital recibidas de su comunidad autónoma por alumno (4.779 euros), al tiempo que es la región con mayor recaudación por alumno en concepto de precios públicos”.

En abril, el director general hizo una valoración a EL PAÍS de la situación muy diferente de la que mantiene ahora: “Somos perfectamente conscientes de la situación [financiera] de las universidades (...) Estamos intentando pisar el acelerador. El equipo lleva desde julio [de 2023] y el presupuesto estaba prácticamente cerrado y no teníamos margen de maniobra para este año. De cara a 2025, queremos sacar un nuevo modelo de financiación”. Los presupuestos de 2024, sin embargo, no se aprobaron hasta el 31 de octubre de 2023. Y ahora todo parece indicar que el modelo plurianual de contratos, programa que les permitiría a los rectores hacer planes a medio plazo ―al saber de qué partida disponen―, se va a retrasar porque se pretende incluir en su Ley de Educación Superior, Universidades y Ciencia que aún no está cerrada y que los rectores rechazan de plano.

El año 2023 las universidades lo cerraron al borde de los números rojos o en ellos. Y lo peor es que una deuda acumulada resta presupuesto del siguiente año. Ni Casas ni su jefe, el consejero Emilio Viciana, tienen mucho que decir. Su interlocutora es Rocío Albert, consejera de Hacienda, profesora en excedencia de la UCM y lobista (incluso estando en el Gobierno regional) de los campus privados. Gracias a su mediación y la de los expresidentes regionales Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón salió adelante la decimotercera universidad privada de Madrid, UDIT. Se aprobó cuando Ciudadanos salió del Gobierno regional y Albert, que da clase en varias privadas, asumió competencias universitarias.

Madrid ha dejado de hacer un estudio del gasto de sus universidades previo a cerrar los presupuestos pese a estar obligado a hacerlo. Tanto su propia ley de presupuestos, como la LOSU se lo exigen. De esta forma no queda constancia de que la Comunidad presupuesta por debajo y Más Madrid ha preguntado por escrito en la Asamblea. La culpa, esta vez, dice el Ejecutivo regional en su respuesta, es de los seis rectorados, que han enviado la documentación fuera de plazo.

Este mismo partido ha solicitado una reunión urgente para conocer el estado de las universidades a la que se han negado el PP y Vox. “Quieren montar una mesa camilla, cuando ya lo estamos haciendo [reunirse con los rectores]”, argumentó la diputada Elisa Vigil. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo ingente para que las universidades estén en la posición que merecen en los ránquines internacionales”.