El TSJM ordena identificar al “máximo responsable” de difundir el comunicado de la Fiscalía sobre el caso del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha incoado diligencias previas en la querella presentada contra la Fiscalía por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El empresario acusa al ministerio público de un presunto delito de revelación de secretos por publicar una nota de prensa para desmentir las informaciones tergiversadas que había difundido el equipo de la presidenta de Madrid en el contexto del procedimiento abierto contra su pareja por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Así, el magistrado instructor ha ordenado, en un auto del 14 de mayo, identificar a los redactores del comunicado; “al máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno” a su difusión; a quienes hayan tenido acceso a las comunicaciones con el abogado del empresario; y reclamar a 10 medios de comunicación que publicaron el contenido de la comunicación de la Fiscalía que certifiquen qué periodista firmó la noticia y cuándo lo hizo.

La querella de González Amador se dirige contra María Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; y contra Julián Salto, el fiscal de la sección de Delitos Económicos encargado de la investigación sobre el novio de Ayuso. El 7 de mayo, el TSJM abrió causa contra ambos por un presunto delito de revelación de secretos de un particular cometido por funcionario público. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha asumido públicamente “la responsabilidad última” de la publicación de la nota de prensa, que recogía cronológicamente la evolución del caso que afecta a la pareja de la presidenta de Madrid.

Esta es la secuencia de hechos que se investiga. El 13 de marzo, tras conocerse la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal que superan los 350.000 euros, y uno de falsedad en documento mercantil, el equipo de Ayuso desplegó una contraofensiva comunicativa. En ese contexto, El Mundo publicó que el ministerio público le había ofrecido al novio de la presidenta alcanzar un pacto.

“Primero, el fiscal le ofreció negociar; después, al fiscal le prohibieron negociar con él”, transmitió aquel día a EL PAÍS un colaborador de la máxima confianza de la presidenta, que supuestamente habría mantenido contactos similares con otros medios de comunicación. “Es todo turbio y feo”, añadió. “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio”, insistió, aportando como supuesta prueba un correo dirigido por el Fiscal a cargo de la investigación al abogado de González Amador. “Después, recibe órdenes “de arriba” y retira la propuesta de acuerdo… todo sucio”.

Sin embargo, había ocurrido justo lo contrario. Fue el abogado de González Amador quien, semanas antes, había tratado de alcanzar ese acuerdo con la Fiscalía por iniciativa propia, como al filo de la medianoche desveló la Cadena SER y, en las horas posteriores, otros medios como EL PAÍS.

Ante la avalancha de peticiones de información de multitud de medios de comunicación, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado la mañana del 14 de marzo para aclarar lo ocurrido. Esa nota echaba por tierra la tesis que el equipo de la presidenta estaba difundiendo. Y, según la opinión de la Fiscalía, en él no se revelaba nada que no se supiera ya por la prensa.

El propio fiscal general del Estado hizo una declaración institucional para defender a sus subordinados de la Fiscalía Provincial de Madrid y para asumir la responsabilidad. “Recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución. La Ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia. No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”, incidió García Ortiz el pasado 15 de abril.

“Lo que es previamente conocido ya no es secreto”, alega el ministerio público en uno de sus escritos de defensa, después de que recibiera dos denuncias por su actuación. La primera fue impulsada por Alberto González Amador; y la segunda, por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que mantienen que se revelaron datos confidenciales.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM considera que, al menos, debe indagarse sobre lo sucedido. “Sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella”, rezaba el auto del tribunal del 7 de mayo, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Celso Rodríguez Padrón.

Ahora, el magistrado instructor de la causa, Francisco José Goyena, decide que la Fiscalía tiene 15 días para identificar a quienes redactaron el comunicado, y a quien lo autorizó, además de para aclarar quién tuvo acceso a las comunicaciones del abogado de González Amador con la Fiscalía. También reclama “validar los artículos de prensa aportados por las partes querellantes, con la finalidad de acreditar su realidad y autentificación de dicha publicación”.

Para ello, “se dirigirá atento oficio a los medios de comunicación que los hayan publicado, a fin de que, por quien corresponda de los citados medios, se certifique sobre la realidad y autenticidad, con expresión de la fecha y hora, en su caso, en que se realizó la publicación, con identificación del periodista o autor de la reseña periodística en cuestión”. Así, se contactará con 10 medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS.

El instructor también reclama a la Fiscalía que detalle qué “actuaciones” ha desarrollado como responsable del tratamiento de los datos personales de González Amador ante la “violación de seguridad” que entrañó la “distribución pública” tanto de que querella presentada contra él, como el informe de la Agencia Tributaria, como de los emails intercambiados por su abogado con el Ministerio Público. Por ello, le pide que aclare si se ha dirigido a medios de comunicación y periodistas “para que cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales”.

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