Madrid no cumple: solo 3 de 24 municipios tienen zonas de bajas emisiones tras un año de cumplirse el plazo

Ha pasado más de un año desde que venció el plazo en Europa para instalar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes, pero solo 3 de los 24 grandes municipios que están obligadas por la norma cuentan con una. En la capital, han sido determinantes para mantener la calidad del aire entre los parámetros europeos, según numerosos estudios científicos, pero otros ayuntamientos de la Comunidad se resisten a implementarlas. Estos perímetros, que restringen la circulación a los vehículos más contaminantes en espacios concurridos o con malos humos, obedecen a una política europea que el Gobierno central ha vinculado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. De la implementación de las ZBE en las ciudades españolas, depende más del 70% del crecimiento de estos espacios en toda la Unión Europea.

Son 24 por ley, pero solo tres municipios han entrado al club de las ZBE ―Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz―, 17 están en proceso y cuatro no han comenzado el trámite ―Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada y Valdemoro―. El Defensor del Pueblo ha abierto investigaciones en contra de estos cuatro municipios —y otra treintena más en España— por haber incumplido el plazo para delimitar las ZBE. Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Urbana, amenazó con “penalizar” a los ayuntamientos díscolos que se resistan a implementar las ZBE, aunque no ha precisado qué tipo de sanciones contempla. La declaración de Puente, durante un desayuno informativo el pasado 18 de enero, se produce meses después de que el Gobierno enviara una carta a los ayuntamientos receptores de fondos europeos que advertía de la posibilidad de recortar esta financiación e incluso de exigir la devolución de las ayudas Next Generation en caso de que no ejecutarán los fondos en los proyectos de movilidad sostenible anunciados.

Los argumentos para justificar el incumplimiento varían. Alberto Escribano (PP), alcalde de Arganda del Rey, afirma: “No la vamos a implantar la ZBE porque es imposible en una ciudad como esta”. El regidor alude a la condición montañosa del municipio y al hecho de que el casco antiguo solo tenga “una plaza y dos calles”, lo que para el gobernante significa que aplicar una ZBE “mataría el centro del pueblo”. El Consistorio de Valdemoro se queja de haber recibido un proyecto “muy verde” de la pasada Administración de Ciudadanos. El nuevo alcalde, David Conde (PP), resalta el hecho de que el municipio se ubique a orillas de la autovía A-4. “Los medidores siempre van a dar altas emisiones, aunque impidamos que los vehículos circulen en una determinada zona”, precisa Conde a Efe.

El Gobierno municipal de Aranjuez (PP-Vox), que está al frente del segundo municipio con mayor superficie de la región (201 kilómetros cuadrados), ha señalado que está trabajando de la mano de la Policía Local en la puesta en marcha de la ZBE, aunque prometen ser “totalmente quirúrgicos” para que no “restrinja la libertad de movimiento de los vecinos”. El Ayuntamiento de Coslada (PSOE) ha asegurado que comenzarán el proceso “en breve”, y señalan en el calendario el primero de enero de 2025 como el día límite para que entre en funcionamiento la ZBE, dos años después del plazo estipulado por la directriz europea.

Fuera de la M-50, los municipios que han cumplido con la normativa son Torrejón de Ardoz (PP) y Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida). La alcaldesa de esta última, Aída Castillejo, confirma que en el municipio no hay una ZBE, hay 16. El Consistorio puso en marcha estos espacios alrededor de los centros educativos hace tres cursos. “Los datos hablan de que en los entornos escolares se han dejado de emitir 18 toneladas de dióxido de carbono al año”, señala Castillejo, a pesar de que el municipio está rodeado por la M-50 y la A-3. La alcaldesa confiesa que si bien, “al inicio la ZBE generó cierta incertidumbre”, tres años después “la valoración está siendo muy positiva”. De hecho, en algunas zonas donde antes aparcaban los coches que recogían a los alumnos, se han instalado parques para los niños, una iniciativa que el Consistorio espera replicar en otros colegios.

La evidencia científica respalda a las ZBE como un mecanismo útil para sacar de las calles el dióxido de nitrógeno, producido por la combustión de los vehículos a motor y nocivos para el sistema respiratorio. Un estudio de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, publicado en 2019, defiende que “no solo hay argumentos muy sólidos de salud para introducir Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades europeas, sino que también pueden aportar mejoras significativas de la calidad del aire si están bien diseñadas”.

En la capital se han implantado tres Zonas de Bajas Emisiones: en el distrito de Centro, en la plaza Elíptica y en todo el término municipal, donde este año se ha prohibido la circulación de los coches sin distintivo medioambiental adentro de la M-30 y en la propia autovía. Dos catedráticos que firman un informe sobre el impacto de la ZBE en el aire de Madrid aseguran que “por primera vez desde que hay mediciones de la calidad del aire, el nivel anual de dióxido de nitrógeno en la plaza del Carmen, se situó por debajo del límite admisible para la salud humana, establecido por la OMS”. Otra investigación que también toma como caso de estudio la capital evidencia que “Madrid Central reduce significativamente la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire. De esta forma, la población respira aire sano durante más tiempo y se produce un efecto positivo en toda la ciudad”.

El 57% de los madrileños apoyan las ZBE, pero 8 de cada 10 se declaran insatisfechos de su desarrollo en la capital, según un estudio de las aseguradoras Zurich y Racc. El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, que ha celebrado mantenerse en unos niveles estables de contaminación, no considera necesario “tomar medidas adicionales en relación con las restricciones del tráfico”, así que Madrid no contará con más ZBE.

La creación de una ZBE implica una primera fase de estudios previos sobre el estado de emisión de gases del municipio y el impacto medioambiental del proyecto. Posteriormente, se debe ejecutar un plan de comunicación hacia la ciudadanía y de adopción de medidas complementarias para potenciar el efecto de la ZBE. La fase de implementación da inicio al régimen sancionador y, tras la puesta en marcha, debe haber un plan de seguimiento para velar por el cumplimiento de objetivos ambientales y evaluar medidas correctoras en los casos en que sean necesarias.

La tendencia en Europa marca una ola de las ZBE en el continente. De las 220 en funcionamiento en 2019, se ha llegado hasta las 320 en 2022, cuando venció de implementación. En Italia y Alemania ya han instalado la totalidad de las ZBE que ordena la ley, con 172 y 78 respectivamente. Las proyecciones más ambiciosas de la asociación europea de ONGs ambientalistas, Clean Cities, calcula que hasta 507 zonas podrán estar funcionando en 2025, eso sí, esto dependerá de las 135 que están en pendiente en España, más del 70% de las solicitudes en Europa. En la carrera extemporánea por sacar la polución de las calles en el continente, las políticas de la ZBE en Madrid amenazan con hacerse humo.

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